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La “muerte cruzada” en Ecuador

“Muerte cruzada” se le llama en Ecuador al procedimiento constitucional que permite al presidente de la República disolver el Poder Legislativo y pedir al Consejo Nacional Electoral (CNE) que convoque a elecciones adelantadas, para que los ciudadanos elijan otra Asamblea Nacional, pero también un nuevo presidente del país.

Este procedimiento fue incluido en la Constitución de 2008, en tiempos del presidente socialista autoritario, Rafael Correa, quien ahora vive en Europa para escapar de una condena de 8 años de prisión por actos de corrupción. Pero desde la distancia Correa sigue siendo un referente de la política ecuatoriana.

 Ahora es la primera vez que se aplica  la disposición de “muerte cruzada” contenida en el artículo 148 de la Constitución, previsto como una solución rápida de crisis de gobernabilidad que son frecuentes en Ecuador, sin romper el orden institucional.

Tal es el caso del actual presidente de centro derecha, Guillermo Lasso, a quien una mayoría legislativa adversaria —e incluso enemiga por la mala influencia del expresidente Correa— no le ha permitido gobernar normalmente en cumplimiento del mandato de 4 años que le dio la mayoría de los ciudadanos en las elecciones de 2021. Finalmente los enemigos del presidente Lasso pretendían destituirlo por una acusación de malversación ocurrida en el gobierno anterior, según él ha demostrado.

La decisión del presidente Lasso ha sido apelada por algunos de sus adversarios ante la Corte Constitucional, que tendrá la última palabra, pero el CNE ya inició los preparativos para la convocatoria electoral, que en principio debería oficializarse el 24 de mayo corriente y las elecciones serían el 20 de agosto próximo.

Cabe señalar que el presidente Lasso —quien de acuerdo con la Constitución puede legislar por decreto, pero solo en temas de urgencia económica y con la ratificación de la Corte Constitucional— podrá, si quiere, presentar su candidatura presidencial, lo mismo que los diputados destituidos podrán inscribir las suyas. Sin embargo, su elección no sería para un mandato de 4 años, sino para terminar el actual período que concluirá el 24 de mayo de 2025.

En cuanto a las reacciones ante la decisión de la “muerte cruzada” dispuesta por el presidente Lasso, la izquierda radical encabezada por Rafael Correa lo ha hecho con su habitual virulencia e irracionalidad. Hablan de golpe de Estado, desconociendo que la medida de Lasso es constitucional y fue establecida cuando el mismo Correa estaba en el poder.

Fuera de Ecuador, el Grupo Libertad y Democracia, integrado por expresidentes y exvicepresidentes latinoamericanos de centro y derecha democrática —formado en marzo pasado en Santiago de Chile para tratar de contrarrestar el autoritarismo izquierdista que inunda la región— respaldó en un comunicado al presidente Lasso, señalando que su decisión “permite una salida democrática a la grave crisis política y de conmoción interna”.

 También la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), en la que participan todos los exjefes de Estado y de Gobierno que condujeron a sus países por el camino recto de la democracia, declararon su respaldo a la decisión del presidente Lasso, “que significa —dicen— la vuelta a la fuente misma de la democracia, a saber, la de la soberanía popular al objeto de restablecer los frenos y contrapesos entre los distintos poderes del Estado…”

Es importante mencionar también que los periódicos independientes de Ecuador, como los diarios El Comercio, de Quito, y El Universo, de Guayaquil, han enfocado editorialmente la situación crítica de su país con ponderación y sentido democrático, como corresponde a una prensa independiente que por su propia naturaleza no debe tomar bando en la lucha política por el poder, puesto que su misión es ser referentes de la verdad, la libertad y la democracia.

 Esperamos que funcione la “muerte cruzada” que pone en manos de los ciudadanos ecuatorianos la responsabilidad de resolver la crisis. Que restablezca la gobernanza democrática en ese país suramericano, que como casi todos los de América Latina, no ha podido —o no lo han dejado— consolidar su democracia después de más de dos siglos de vida independiente.

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