El pasado miércoles 10 de mayo, Ron DeSantis, gobernador del estado de la Florida firmo la Ley HB 1718 previamente aprobada por el senado y los congresistas de ese estado. Con ello se abre un capítulo de persecución a los inmigrantes en la Florida como nunca antes se había visto en los Estados Unidos.
No hace mucho escribí sobre el tema en estas mismas páginas, pues ya miraba venir la aprobación de dicha ley por dos razones. La primera, el oportunismo político del gobernador de la Florida quien aspira a la presidencia por el partido republicano y quiere asegurarse el voto anglo de ese país. La otra, o segunda, es la fobia y racismo que existe en estos momentos en Estados Unidos contra los hispanos que están entrando a ese país por millones huyendo de sus países de origen en busca de un lugar en donde vivir en paz y criar sus hijos. En esa ocasión decía que la gran nación norteamericana, líder del mundo libre en la actualidad, se formó con el apoyo de migrantes del siglo pasado los que contribuyeron unos con su ingenio y otros con su fuerza de trabajo.
De nada valieron las voces que se alzaron en contra del proyecto de ley, por parte de organizaciones civiles que alegaban que dicha ley atentaba contra lo establecido en la Constitución de ese país. Al final el odio, el racismo y la fobia contra nuestra raza (latina) se impusieron y hoy los ciudadanos del estado de la Florida y los inmigrantes que han tenido la mala suerte de afincarse allí, tienen una espada de Damocles sobre sus cabezas.
Permítanme exponerle cuales son los maléficos alcances de la ley. Dicha ley dificultará que las personas indocumentadas trabajen en la Florida, prohíbe que las personas indocumentadas conduzcan automóviles incluso con licencias de otros estados, prohíbe que las localidades emitan identificaciones a inmigrantes indocumentados, impone sanciones más duras a las personas que a sabiendas traen a personas indocumentadas a Florida y exigen que los empleadores privados usen e- verificar: un sistema que verifica el estado de residencia de los posibles trabajadores.
Los hospitales deberán solicitar a los pacientes su estado de residencia y recopilar datos para el estado sobre cuánto gasta en brindar atención médica a inmigrantes indocumentados. Los inmigrantes indocumentados que para propósitos de trabajo falsifiquen documentos, enfrentarán juicios penales que los podría conducir a condenas de hasta diez años de cárcel. Si bien es cierto que el año pasado la Patrulla Fronteriza realizó un poco más de 2 millones de arrestos de personas que cruzaban la frontera ilegalmente, se estima que 11 millones de personas viven en EE. UU. Sin documentos. De estos, más de 800,000 indocumentados viven en la Florida.
Esos latinos indocumentados trabajan en agricultura, construcción, limpieza de jardines y otras múltiples labores de las menos remuneradas. Labores que en su mayoría no son ejercidas por los anglosajones, en pocas palabras ¿quiénes van a recoger las cosechas de naranjas, fresas o trabajar en los proyectos de construcción? Está por verse si vamos a ver chelitos ojos azules realizando ese tipo de trabajos.
Para finalizar, deseo hacerle saber a los tomadores de decisiones en ese país (Estados Unidos) desde el presidente, su gabinete, senadores, congresistas y anglos en general lo siguiente. Señores, la problemática que les causa la entrada de inmigrantes ilegales no la van a solucionar criminalizando a los inmigrantes, la solución está muy lejos de sus fronteras. Por amor a Dios entiéndanlo de una vez por todas.
El autor es comentarista político y directivo nacional de las Fuerzas de Veteranos de Guerra de la Resistencia Nicaragüense.
