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La policía orteguista realiza recorridos constantes por toda la ciudad de Masaya para intimidar a los ciudadanos. LAPRENSA/Archivo.

Las ilegalidades que la dictadura cometió en las detenciones nocturnas y acusaciones exprés

Abogada advierte que los detenidos en la redada del miércoles en la noche "no están libres" y que el "riesgo es alto"

Las detenciones que ejecutó la dictadura de Daniel Ortega la noche del miércoles contra al menos una treintena de personas y que fueron acusadas de forma exprés, violentan las normas al debido proceso, denunciaron abogados y defensores de derechos humanos.

Las detenciones reportadas en varios departamentos iniciaron entre las 5:00 y 6:00 de la tarde de este miércoles y se extendieron a lo largo de la noche. Las denuncias de organizaciones de la sociedad civil indican que fueron allanamientos a propiedades, seguidos de secuestros.

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“Son detenciones y allanamientos ilegales, han ocupado bienes de las personas que fueron detenidas y no les fueron regresados, como celulares, computadoras, dinero, joyas, entre otras pertenencias”, señaló la abogada Yonarqui Martínez, quien recepcionó más de una decena de denuncias.

El abogado Danny Ramírez Ayerdis, secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh), explicó que el Código Procesal Penal prohíbe las detenciones y allanamientos nocturnos, a excepción de circunstancias extraordinarias, que “no existen en este caso”, dijo.

Acusación falsa y sin derecho a defensa

Posteriormente varios de los detenidos fueron sustraídos de sus viviendas en los distintos departamentos y juzgados en Managua.

“Hay una violación del procedimiento desde que los sustraen de su juez natural, después que los allanan y detienen, los pasan directamente a los Juzgados de Managua, donde ya existe una acusación falsa, porque carece de todo argumento. Ellos debían haber sido juzgados en su domicilio, no en Managua”, agregó la abogada Martínez.

LA PRENSA logró confirmar 30 acusaciones en el sistema por los delitos de “conspiración” para cometer menoscabo a la integridad nacional o “traición a la patria”. Todas las acusaciones fueron interpuestas entre las 5:00 de la tarde y pasadas las 6:00 de la tarde del miércoles 3 de mayo y todas tienen como víctima u ofendido al Estado de Nicaragua. 

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Al momento de las audiencias, tampoco se les permitió tener un abogado de su elección. “Se les puso un abogado de oficio, eso va en contra del derecho de elegir a la debida defensa”, denunció Martínez.

“Todos los derechos y garantías que el Código Procesal Penal y la Constitución Política reflejan acerca de los derechos del acusado fueron violentados, las garantías del debido proceso fueron violentadas en cada una de sus etapas. Es un proceso lleno de irregularidades, antes con la detención y durante la comparecencia de ellos, de una manera extraordinaria, presentados a altas horas de la noche, en horarios no hábiles”, manifestó la abogada.

“No están libres, el riesgo es alto”

A los detenidos en la redada del miércoles en la noche se les realizó audiencia y en la madrugada de este jueves fueron enviados a sus casas bajo la condición de presentarse periódicamente a firmar en la Policía o en los juzgados más cercanos.

Para Martínez, lo que llama la atención del nuevo patrón represivo del régimen “es la manera en que fueron pasados de forma exprés ante la autoridad judicial en altas horas de la noche y retornados a sus domicilios, obviamente la medida que les interpuso la juez, una medida alterna a la prisión preventiva, no quiere decir que están liberados”, aclaró.

Martínez señaló que “las medidas alternas a la prisión preventiva, que son medidas de aseguramiento para que el reo se presente a los diferentes llamamientos de un juez, puede ser revocada en cualquier momento, es decir que ellos no están completamente libres, pero sí les asiste el principio de presunción de inocencia, porque apenas están empezando el proceso” que calificó como “anómalo”.

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Sin embargo, “existe un riesgo alto de que se les quite el beneficio. Ellos se tendrán que presentar en los diferentes departamentos, en algunos casos en la Policía, en otros caso en los juzgados más cercanos de su localidad”, dijo la abogada. A la vez alertó que “así como se los llevaron a audiencia en cualquier momento, de un día para otro los pueden declarar culpables y mandarlos a la cárcel o expulsarlos”.

Martínez reiteró que “este es un procedimiento antojadizo porque depende de la voluntad política del poder judicial”, que recibe órdenes directas de la dictadura.

Por su parte el abogado de Calidh expresó que “el poder judicial está ejerciendo una nueva labor en el marco de la comisiones de crímenes de lesa humanidad”.

“Lo que el régimen quiere es imponer un sistema absoluto de terror a través del silenciamiento de todas las voces que quedan en Nicaragua, por eso las detienen, las amenazan, en otros casos las torturan mientras están en prisión, ese el nuevo patrón perverso”, expresó Ramírez.

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