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monseñor Álvarez

Monseñor Rolando Álvarez estuvo asediado 16 días en la curia de Matagalpa, hasta que fue secuestrado por la Policía orteguista. LA PRENSA/Archivo

Nicaragua, un país “de especial preocupación” para la libertad religiosa

Desde 2019, Estados Unidos mantenía a Nicaragua bajo "vigilancia especial". Sin embargo, "en 2022, las condiciones de libertad religiosa empeoraron considerablemente"

La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (Uscirf, por sus siglas en inglés), incluyó por primera vez a Nicaragua dentro de la lista de 17 Países de Especial Preocupación, en su informe anual 2023, por las violaciones “sistemáticas, continuas y atroces de la libertad religiosa”.

Desde 2019, Estados Unidos mantenía a Nicaragua a la par de Cuba bajo “vigilancia especial”, por participar o tolerar graves violaciones a la libertad religiosa. Sin embargo, “en 2022, las condiciones de libertad religiosa en Nicaragua empeoraron considerablemente”, afirmó en su reporte.

Lea además: El régimen de Ortega ha cometido 529 agresiones a la Iglesia católica, según informe

El estudio que documenta la persecución por motivos religiosos se publicó el 1 de mayo. Los 17 países que Uscirf recomienda al Departamento de Estado designar como Países de Especial Preocupación (CPC) son: Afganistán, Birmania, China, Eritrea, India, Irán, Nigeria, Corea del Norte, Pakistán, Rusia, Arabia Saudita, Siria, Tayikistán, Turkmenistán y Vietnam. Además, por primera vez Uscirf designó a Nicaragua y Cuba como CPC en 2022.

Captura de imagen.

Persecución contra monseñor Rolando Álvarez

El informe de Uscirf incluye en especial la persecución del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra el obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, quien enfrenta una pena de 26 años y cuatro meses de prisión por denunciar las violaciones de derechos humanos contra los nicaragüenses.

Álvarez fue uno de los obispos que participó como mediador en el fallido Diálogo Nacional en 2018. “Fue acusado de ‘conspiración’, ‘difundir noticias falsas’ y ‘dañar al Gobierno de Nicaragua y la sociedad’. La vicepresidenta Murillo justificó la detención del obispo argumentando que servía para ‘guardar la paz, seguridad y tranquilidad de familias nicaragüenses'”, señala el informe.

Rolando Alvarez
El régimen de Daniel Ortega mostró fotografías de monseñor Rolando Álvarez, tras 43 días de confinamiento en La Modelo. Foto toma de medios oficialistas.

El pasado 10 de febrero fue condenado a más de 26 años de cárcel y despojado de su nacionalidad. Actualmente, está detenido en el Sistema Penitenciario Nacional de Tipitapa, y se desconoce su estado de salud. A finales de marzo se difundieron las primeras imágenes del religioso en la cárcel La Modelo.

Recomendaciones a Estados Unidos

El informe plantea una serie de recomendaciones a la Administración de Joe Biden en relación con Nicaragua:

—Redesignar a Nicaragua como “país de preocupación particular”, o CPC, por involucrar en violaciones sistemáticas, continuas y atroces de la libertad religiosa, tal como se define en la Ley de Libertad Religiosa Internacional. 

—Imponer sanciones específicas a las agencias y funcionarios del Gobierno de Nicaragua responsables de la violencia y otras acciones punitivas, como congelar los bienes de esas personas y/o prohibiendo su entrada a los Estados Unidos bajo los derechos financieros relacionados con los derechos humanos y autoridades de visas.

Lea también: “Silencio sepulcral” sobre la situación de monseñor Rolando Álvarez

—Presionar al Gobierno de Nicaragua para liberar incondicionalmente a los presos religiosos de conciencia, comprometerse con el debido proceso para los detenidos religiosos, y permitir el acceso a Biblias y consultas religiosas para todos los prisioneros políticos.

—Ejercer un mayor escrutinio de cualquier préstamo o asistencia financiera o técnica proporcionada por las instituciones financieras internacionales para proyectos en Nicaragua.

Además recomiendan al Congreso de los Estados Unidos celebrar audiencias públicas para amplificar las preocupaciones del Congreso sobre los presos religiosos de conciencia en Nicaragua y trabajo con parlamentarios de ideas afines en otros países para abogar por su liberación y la liberación de otros presos de conciencia. 

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