En lo que va de este año, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cancelado la personería jurídica de ocho universidades privadas, que totalizarían 17 centros de educación superior cerrados desde finales de 2021 a la fecha.
“Observamos que la cancelación de estas personerías atiende a fines que –de facto– buscan estatizar la educación superior para adoctrinar y controlar al sector académico del país, el cual ha tenido un rol fundamental en la crítica contra el gobierno nicaragüense desde 2018”, expone Aula Abierta, una organización que monitorea la situación de la educación superior nacional, y ha presentado sus informes al Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, adjudicado a las Naciones Unidas.
Según un informe de Aula Abierta, los datos oficiales del Consejo Nacional de Universidades (CNU), que es el rector de la educación superior en el país, informaban que antes de diciembre de 2021 existían 54 universidades privadas legalmente establecidas.
El 13 de diciembre de 2021, el régimen despojó de su personería jurídica a la Universidad Hispanoamericana (Uhispam), y desde entonces, ha cercenado las ofertas académicas de educación superior privada a los nicaragüenses.
El académico Ernesto Medina, exrector de la UNAN-León y la Universidad Americana (UAM), advirtió que el impacto de estas arbitrariedades –que no se han visto en los últimos 50 años en América Latina– será “grave” para el país, ya que la tasa de matrícula en educación superior de Nicaragua es de las más bajas de la región.
“Hay un gran cantidad de jóvenes que tendrían que estudiar, la pregunta es dónde van a estudiar si están cerrando las universidades, por lo tanto lo que vamos a tener es una gran cantidad de gente sin formación universitaria o el tipo de formación deficiente que ahora se están dando en las universidades general por la politización o por el temor de las universidades (privadas) a ser cerradas”, agregó.
De 54 a 36 centros de educación superior
Una recopilación de datos realizados por este medio encontró que el CNU compartió en el 2022 la oferta de carreras de 49 centros de educación superior, entre estos tres institutos —Instituto Latinoamericano de Computación, Instituto de Altos Estudios Judiciales y el Instituto Tecnológico Victoria— y la Academia “Walter Mendoza Martínez”, que pertenece a la Policía.
Actualmente, esta lista se ha reducido a 36 centros, según datos del CNU, de los cuales ahora son cuatro institutos —se incluyó el Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ)— y la academia policial.
“Lamentamos la continuidad de los ataques estatales contra la educación y libertad académica en Nicaragua”, declaró Aula Abierta, al conocer que el régimen canceló, a través del Ministerio de Gobernación, el 24 de abril pasado la Fundación Prouniversidad Metropolitana (Unimet), la Asociación Universidad del Norte de Nicaragua (UNN) y la Asociación Universidad Adventista de Nicaragua (Unadenic).
Situación de alarma
Antes del cierre de estas tres universidades, los Ortega Murillo ya habían cancelado en marzo la Universidad Juan Pablo II, la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN), la Universidad Panamericana (UPAN), Universidad del Pacífico (UNIP) y la Universidad Rubén Darío (URD).
Al respecto, la Coordinadora Universitaria Democracia & Justicia (CUDJ) consideró que el cierre de estas universidades es de “alarma y extrema preocupación”, porque es la señal que la educación superior en Nicaragua “está en crisis”, y esto podría “estar exacerbando otros problemas sociales, como la crisis migratoria, el proselitismo político y la falta de empleo”.
Un colaborador de Aula Abierta compartió que en lugares como Estelí, los jóvenes están quedando sin oferta universitaria debido a que solo quedan tres sedes de universidades privadas, de las 11 que se reportaban antes de que la dictadura comenzara a confiscar y cancelar las personalidades jurídicas de estas instituciones.
Para la CUDJ, este escenario podría provocar una serie de problemas como un aumento en la demanda de las universidades restantes, lo que podría afectar más la “calidad educativa” debido a la falta de recursos y la sobrecarga de estudiantes. También puede incidir al incremento de la migración interna y externa de jóvenes, por buscar o trasladarse a otras ciudades u otros países para continuar sus estudios; o bien, dejar nuevamente a estudiantes en “un limbo académico” retrasando sus planes de estudios.
“La cancelación de universidades es una forma de controlar el pensamiento y las opiniones de la población joven, en esto estamos conscientes del poder que tiene ahora el CNU y como los movimientos afines al partido de gobierno FSLN, como la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN) y el Centro Universitario de la Universidad Nacional (CUUN) se encargan de hostigar al estudiantado y ser los brazos opresores dentro de las universidades públicas y una amenaza para las pocas universidades privadas que quedan en el país”, declaró la CUDJ.
Adrián Meza, rector de la Universidad Paulo Freire (UPF) que opera en Costa Rica tras ser ilegalizada y confiscada por el régimen el año pasado, coincidió en que “al régimen no le interesa en absoluto que haya ciencia y tecnología y la calidad de la educación universitaria en Nicaragua”.
Lo que le interesa al régimen, opinó Meza, es tener a un país en la ignorancia, “que es la fuente fundamental de cualquier tiranía”. Por esto, agregó el rector, Nicaragua, desde el punto de vista de la academia, está “dando risa” a nivel regional.
