Primero de Mayo y justicia social

La celebración del 1 de mayo como Día de los Trabajadores —o como fiesta del trabajo según se le quiera apreciar y llamar— es una de las más universales de todas las conmemoraciones internacionales.

Es cierto que en algunos países no lo celebran el 1 de mayo, ni como día de los trabajadores, pero lo festejan en otras fechas como Día del Trabajo.

Como se ha escrito tantas veces, la celebración del 1 de mayo se originó en 1889 en un congreso socialista internacional realizado en París. Fue instituido como una jornada de la lucha de clases revolucionaria del proletariado contra la burguesía, con el fin de quitarle el poder político, abolir el sistema capitalista e instaurar la dictadura del proletariado. Esta, en la teoría de Carlos Marx, debía construir la sociedad socialista que necesariamente sería la primera etapa del comunismo.

Pero el diseño y contenido de la celebración del 1 de mayo cambió sustancialmente desde entonces. El comunismo, en los países donde logró imponerse demostró ser un sistema ultradictatorial, no fue el gobierno de los trabajadores sino de la dirigencia codiciosa y malvada de un partido político armado, que esclavizó a los trabajadores en vez de liberarlos y los condenó a vivir sin derechos en una pobreza crónica, situación de desgracia que por fuerza debían  apoyar. Y así sigue siendo en los anacrónicos regímenes comunistas de Cuba y Corea del Norte, para mencionar los dos casos más sombríos.

En cambio, el capitalismo en la mayor parte del mundo en vez de ser abolido por revoluciones comunistas se afianzó y desarrolló, por su eficiencia creó inmensas riquezas, dejó de ser un sistema despiadado de explotación de los trabajadores y les garantizó mejores niveles de vida. Aunque —es necesario reconocerlo—, el mejoramiento de las condiciones de existencia de los trabajadores no ha sido sin que mediara su propia organización y lucha, porque en la sociedad nada cae del cielo y cada sector —igual que cada persona— vela primero por sus propios intereses y debe procurarlos y defenderlos.

En Nicaragua los trabajadores comenzaron a luchar por su mejoramiento económico y social a partir de los años 20 del siglo pasado, como lo ha recordado Onofre Guevara en un artículo publicado recientemente en la revista en línea Confidencial. Para el año 1945 ya contaban con el respaldo legal de un Código del Trabajo dictado por el gobierno de Anastasio Somoza García, no solo por su buena voluntad sino, sobre todo, por las presiones y luchas de los mismos trabajadores.

El director histórico y mártir de LA PRENSA, doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal (q.e.p.d.), por su formación cristiana y sentido de justicia social promovió en este Diario una relación armoniosa con sus trabajadores. Él demostró que era posible garantizar el reconocimiento de los derechos de los trabajadores, mediante la cooperación amistosa laboral-empresarial.

Por ejemplo, antes de que la seguridad social fuera establecida por ley en Nicaragua, el doctor Chamorro Cardenal y su familia propietaria de LA PRENSA crearon un servicio médico gratuito para todos sus trabajadores y familiares cercanos. Además, les pagaban los mejores salarios y sueldos del mercado e inclusive crearon una empresa para ellos, la Editorial Artes Gráficas, cuyos beneficios económicos  no eran para LA PRENSA sino para los mismos trabajadores. Y desde que este periódico se convirtió en una empresa rentable, se practicó el reparto anual de utilidades entre los trabajadores.

“Lo hacemos así —escribió Pedro Joaquín  Chamorro Cardenal en el editorial de LA PRENSA del 24 de enero de 1954—, porque pretendemos ser cristianos y porque como tales, la injusticia y la explotación nos duelen. Nuestra doctrina es simple y vigorosa. Estamos con el que dijo: ‘Estableced la justicia, y lo demás se os dará por añadidura’”.

Es oportuno recordar en esta fecha que la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece con fuerza de ley para todos los Estados miembros de las Naciones Unidas que “cada persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas, a la protección contra el desempleo, a igual salario por trabajo igual, a una remuneración que le asegure, junto con su familia, una existencia conforme a la dignidad humana, al descanso obligatorio, a vacaciones remuneradas, a la limitación de la jornada de labor y a fundar sindicatos para la defensa de sus intereses laborales”.

Bueno. Todos los Estados miembros de la ONU están obligados a cumplir esas disposiciones, pero algunos no lo hacen. Y domestican a los sindicatos, a los que no permiten representar realmente a los trabajadores ni que luchen por el respeto a sus derechos.

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