La coordinadora del Secretariado del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas (Ghren, por sus siglas en inglés), Viviana de la Peña Escobar, manifestó que mientras no existan mecanismos para hacer justicia en Nicaragua la comunidad internacional debe atender las denuncias de las víctimas de la dictadura de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, que implican crímenes de lesa humanidad documentados y registrados en informes de organismos internacionales.
“Con este informe ustedes como víctimas tienen derecho a pedir justicia y si hemos concluido desde el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), el Meseni y ahora el Ghren, y todos reiteramos que no existe un sistema de justicia en Nicaragua, no existe realmente la posibilidad de tener justicia hoy mismo dentro del país, entonces es voltear a la comunidad internacional y decir: ‘¿Nosotros contamos con ustedes para que nos ayuden a obtener justicia'”, manifestó la coordinadora del Ghren.
Peña Escobar participó este lunes 17 de abril en el foro “Nicaragua: 5 años de crímenes de lesa humanidad”, organizado por Raza e Igualdad en Washington DC donde habló sobre el informe del Grupo de Expertos de DD.HH. que reconfirmó que en Nicaragua se cometieron delitos de lesa humanidad tras la represión armada contra las protestas civiles de 2018.
Pedir apoyo a otros países
La coordinadora del Ghren dijo que ese informe es un instrumento que en el futuro se puede usar para demostrar la responsabilidad de quienes cometieron crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, e insistió en que en este momento se puede usar para pedirle apoyo a otros países.
“Ustedes como víctimas reconocidas en un informe, como víctimas de lesa humanidad pueden ir a tocar esas puertas (de la comunidad internacional)”, dijo frente a un auditorio donde se encontraban ex presos políticos nicaragüenses, exiliados y desterrados del país, entre ellos Violeta Granera, Juan Sebastián Chamorro, Samanta Jirón, José Antonio Peraza, Alexa Zamora, entre otros.
La coordinadora del Grupo de Expertos agregó que los demás Estados están obligados “a tratar de buscar sanciones para los Estados responsables de estas violaciones”.
“Todos los Estados están obligados a proteger y a garantizar la reparación y a tratar de buscar sanciones a los Estados responsables de estas violaciones, por eso el Grupo de Expertos incluyó una serie de recomendaciones a la comunidad internacional, en los que reitera las obligaciones de todos los Estados, independientemente de la nacionalidad de las víctimas e independientemente de dónde se hayan cometido estos delitos”, agregó Peña.
“Estados están obligados a proteger a sus ciudadanos”
Por otra parte, Peña dejó claro que aunque el Estado de Nicaragua no es firmante del Estatuto de Roma, eso no lo exime de su obligación de proteger a sus ciudadanos contra crímenes de lesa humanidad y actos de tortura.
El Estatuto de Roma es el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional, organismo que se encarga de enjuiciar los crímenes más graves de derecho internacional: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión.
Aunque la coordinadora del Ghren reconoció que es complicado hablar de un juzgamiento de los crímenes de la dictadura Ortega Murillo en la Corte Penal Internacional, debido a que Nicaragua no es firmante del Estatuto de Roma, eso no significa que los Estados estén en libertad de cometer torturas y crímenes de lesa humanidad contra sus ciudadanos.
“Todos los Estados, independientemente de si han firmado tratados o si pertenecen a ciertas convenciones, todos los Estados están obligados a proteger a sus ciudadanos contra esas violaciones, y eso también quiere decir que la comunidad internacional también están obligados a hacer cumplir esas obligaciones”, dijo Peña.
Otra vía muy difícil
También explicó que cuando un Estado no es signatario del Estatuto de Roma, otro camino puede ser a través del Consejo de Seguridad de la ONU, pero también reconoció que ese es un espacio “muy polarizado y muy dividido”, y además con el derecho de veto de países que son aliados de Nicaragua.
El pasado 3 de abril se conoció que el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) renovó por dos años el mandato del Grupo de Expertos en DD. HH. sobre Nicaragua. En esta nueva etapa, el Ghren investigará a otros actores involucrados.
En el evento de Raza e Igualdad también participó la coordinadora del Mecanismo Especializado de Seguimiento a Nicaragua (Meseni) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Fiorella Melzi, quien leyó un reporte sobre las acciones de este organismo para denunciar la situación de Nicaragua.
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Desde que comenzó la crisis política de Nicaragua en 2018, la CIDH ha publicado 207 comunicados de prensa sobre la situación del país; ha recopilado 2,099 testimonios de víctimas; ha hecho 42 talleres para capacitar a 983 personas sobre el tema de Nicaragua y ha contribuido al otorgamiento de 139 medidas cautelares.
La CIDH también ha realizado cuatro informes temáticos relacionados con la emigración forzada de nicaragüenses a Costa Rica, personas privadas de libertad y la concentración del poder en Nicaragua.
En 2018, la dictadura de Daniel Ortega y su esposa y cogobernante, Rosario Murillo, ordenaron una represión armada contras las protestas civiles que demandaban su salida del poder, que dejó más de 300 muertos ese año.