Comunitarios de Sagnilaya denuncian nuevamente ataques por parte de colonos. Según información, el 10 de abril una banda de colonos atacó a otro colono que había tomado ilegalmente tierras en dicha comunidad.
El colono afectado es conocido como Cuajipal. Este se encontraba en el río Dahpat bañándose con su esposa, cuando fue agredido violentamente por los otros invasores. Prilaka Community Foundation informó que luego del ataque el herido fue trasladado a la comunidad de Sagnilaya, pero falleció a las 4:30 p.m. de ese mismo día.
Prilaka Community Foundation denuncia que el ataque demuestra: “Que las denuncias de las comunidades SIPBAA (Sangnilaya, Il Tara, Butku, Panua, Auhya Tara y Auhya Pihni) sobre la presencia de bandas armadas en sus tierras, una vez más es confirmada. En los bosques de las comunidades operan al menos cinco grupos armados: uno que era liderado por Cuajipal (q.e.p.d.), otro liderado por el Barbón, otro liderado por el Coto, otro liderado por Delvin y otro liderado por el Mechudo. En las comunidades no se sabe el nombre de estas personas».

La inseguridad física y colectiva de los comunitarios en sus áreas de trabajo es muy alta, por tanto las preparaciones para el cultivo de la primera siembra de este 2023 está en riesgo, denunciaron.
Además, los comunitarios reiteran la importancia de avanzar con el proceso de saneamiento de los territorios indígenas. Se debe de judicializar a las bandas armadas y traficantes que operan en las comunidades, sean colonos o indígenas, agregan. Asimismo, se deben de crear condiciones para que en el futuro no se sigan produciendo invasiones.
Nueva forma de colonización cultural
Los comunitarios afirmaron que la convivencia pacífica es la forma contemporánea de promover la colonización cultural que acabó con los pueblos indígenas del pacífico, centro y norte del país.
En un comunicado extendido por Prilaka Community Foundation se destaca que las comunidades SIPBAA rechazan la política de cohabitación de colonos, a través del uso de la fuerza y prácticas ilegales “para apropiarse de sus tierras”. Recuerdan que las culturas entre estas comunidades y los colonos son distintas.
“Para los colonos los bosques deben convertirse en pastizales; para las comunidades los bosques deben ser conservados porque tienen funciones ambientales, sociales, espirituales y sirven para la generación de ingresos cuando hay madera con diámetro de corta”, indicó el comunicado. A diferencia del colono que pone un cerco entre tierras, obstaculizando el derecho a la libre movilización de los comunitarios.
Para los comunitarios, la convivencia entre dos culturas muy distintas no solo es promover la colonización cultural de las comunidades, sino también significa legalizar y legitimar amplias violaciones de los derechos de las comunidades y de la Madre Tierra.
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Normalización de la violencia
El conflicto sobre la tierra anteriormente llamada Muskitia no debería de ser razón para la pérdida violenta de vidas de ninguno de los grupos involucrados, resaltan los comunitarios.
«Es por ello que las comunidades indígenas llevan 13 años de defensa de sus tierras por métodos pacíficos, pero se requiere que el Estado asuma la defensa del Estado de derecho, del que son parte de los derechos de las comunidades indígenas, dejando atrás la impunidad y avanzando con el saneamiento de los territorios indígenas, para que no haya más violencia, para que quienes están en conflicto no tomen la justicia por sus propias manos», se lee en el comunicado.
Los comunitarios indígenas llevan 13 años luchando contra los grupos invasores que entran de manera ilegal a sus tierras. El 10 de abril, día que se produjo el grave ataque donde se perdió la vida de un colono se cumplieron 13 años desde la primera vez que líderes comunitarios encontraron a 12 colonos en tierras comunales.
Destacan que durante todos estos años han vivido en la incertidumbre de no saber si se va a poder terminar de sembrar en cada ciclo; en los que se ha inviabilizado la pesca, la captura de iguanas, la cacería; el aprovechamiento forestal; donde los comunitarios han sufrido desplazamiento forzado en tierras que históricamente son áreas de trabajo agrícola.
«Son 13 años de esperar que los políticos cumplan sus promesas de saneamiento y resolución del problema de propiedad de las comunidades SIPBAA», finalizaron.