El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh) ha recibido denuncias de que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo está anulando títulos universitarios en el país. Al mismo tiempo, afirmó, que existe temor entre el gremio de abogados penales de ser detenidos.
Sobre la anulación de títulos universitarios Calidh dijo que es una acción «arbitraria» y señaló que es una represalia política. «Esta acción no es posible si no está justificada en delitos. Nuevas formas de represión», denunció el organismo.
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El secretario del organismo, Danny Ramírez-Aryériz, detalló que quienes han interpuesto las denuncias son abogados, médicos e ingenieros a quienes las universidades «les están cancelando sus títulos a través de una notificación, sin darles una explicación».
El defensor indicó que estas personas están dentro de Nicaragua, por lo que considera que una vez más la dictadura en una nueva fase represiva quiere «imponer miedo en los gremios profesionales».
Apenas la noche del pasado jueves 23 de marzo, la doctora Anely Pérez –especialista en Dermatología y miembro de la Unidad Médica Nicaragüense– fue secuestrada en su casa de habitación. Al día siguiente el régimen presentó una acusación en su contra.
Horas después de aparecer la acusación en el sistema de causas del poder judicial, la doctora fue desterrada hacia Miami, hasta donde llegó con su familia.
Denuncia en la OEA
La anulación de títulos y registros académicos también ha tocado a los excarcelados políticos que fueron desterrados y desnacionalizados por Ortega el pasado 9 de febrero.
Este miércoles 29 de marzo, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) realizó una sesión donde abordó el desacato permanente del Estado de Nicaragua. También los embajadores escucharon el testimonio de la ex presa política y desterrada Tamara Dávila.
Durante su intervención, Dávila denunció lo que vivió durante los 14 meses de prisión y habló sobre las represalias que continúan hacia ellos.
«A nosotros y a muchas nos han despojado de nuestros bienes, pensiones de vejez, registros académicos y del propio registro civil como si no existiéramos. Incluso han privado de su apellido a nuestros hijos e hijas», denunció.
Abogados penales temen ser detenidos
Calidh también señaló que están preocupados por los abogados que «ejercen en materia penal en Nicaragua», debido a que en los últimos días han recibido notas de abogados autorizandóles a solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el «temor a ser detenidos».
Ramírez-Aryériz describió que ese miedo es «generalizado de poder ejercer en el ámbito penal porque parece que los jueces están tomando venganza en su contra, para los que participaron en cualquier tipo de protesta y dos, para disciplinar a los que están inconformes con el gobierno».
Indicó que hay clara intenciones de «delatar al abogado que no piensa igual». Eso explica la recepción de notas anónimas de los juristas y 10 autorizaciones de abogados que se sienten miedo de ser detenidos y ante una eventual detención piden «que se soliciten medidas cautelares ante la CIDH».
Para el organismo, estas acciones constituyen una nueva fase de la represión porque el régimen busca «disciplinar a través del terror a los abogados para que no haya oposición para señalar los graves errores del debido proceso en el país».
