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CONTENIDO EXCLUSIVO.El 2 de marzo, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) presentó al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas un informe en el que concluyó que Daniel Ortega, Rosario Murillo y al menos siete instituciones del estado cometieron crímenes de lesa humanidad contra los nicaragüenses a raíz de las protestas de 2018.
“Los presuntos abusos, que incluyen ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país, no son un fenómeno aislado, sino producto del desmantelamiento deliberado de las instituciones democráticas y la destrucción del espacio cívico y democrático”, señala el informe.
Un año antes, el 31 de marzo de 2022, el Consejo de Derechos Humanos ordenó, mediante la resolución 49/3, la creación de un grupo de tres expertos para encabezar las investigaciones y “establecer los hechos y las circunstancias relativos a los presuntos abusos y violaciones, reunir, consolidar, preservar y analizar información y pruebas y, de ser posible, identificar a los responsables, y hacer que esa información sea accesible y pueda utilizarse en apoyo de las iniciativas actuales y futuras de rendición de cuentas”.
REVISTA DOMINGO conversó con dos de los miembros de este Grupo sobre los alcances de esta investigación y los siguientes pasos a seguir en el propósito de conseguir justicia para las víctimas y hacer rendir cuentas a los culpables.
El alemán Jan-Michael Simon, es presidente del Grupo y un abogado de profesión con larga experiencia en derechos humanos, lucha contra la corrupción y justicia transicional. La exfiscal colombiana Ángela María Buitrago, también es abogada, académica y fue miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en México para el caso Ayotzinapa.
Después de tantos informes y resoluciones con tan pobres resultados los nicaragüenses ya no tenemos muchas expectativas. ¿Cómo este nuevo informe puede ayudar a resolver la crisis que vive el país?
Ángela María Buitrago: El informe tiene dos objetivos: uno, reflejar la realidad de lo que estaba ocurriendo desde el 2018 y lo que está pasando en Nicaragua y, por lo tanto, poner dentro de un informe los hechos que se pudieron demostrar. Sirve para hacer acciones directas, en algunos de los casos, frente a los temas más graves que se pueden presenciar en Nicaragua.
Tiene un segundo objetivo, que es recomendar acciones para evitar que se sigan cometiendo estos hechos y que puedan generarse mecanismos adecuados para lograr evitar, prevenir, contener y, en muchos casos, generar el cumplimiento de obligaciones internacionales que deberían haber estado en la mira desde el principio de todos los países. Por ejemplo, el principio de protección, la obligación que hay de los estados de evitar que se comentan en suelos extranjeros delitos de esta naturaleza.
Creemos que desde ese punto de vista les puede servir para dos cosas: para fundamentar, recuperar evidencia, material probatorio, que pueda llevar a ejercerse en la vía internacional, acciones de carácter de responsabilidad o rendición de cuentas y, lo segundo, que permita mirar opciones de acciones en concreto para lograr que se evite y se sigan sacrificando bienes jurídicos de índole internacional.
Jan-Michael Simon: Nicaragua y su situación quedó en el ámbito de las relaciones multilaterales, hasta ahora, a nivel regional. Esta vez está elevada al nivel universal, y la comunidad internacional universal tomará nota de la situación con nuestro informe. Y tomará nota por dos razones: primero, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas dará seguimiento a la situación nicaragüense que quedará con una cierta permanencia en Naciones Unidas. Esto atraerá la atención de otros actores, como son en este momento situaciones financieras internacionales, la propia comunidad europea, para ejercer presión para que la situación cambie. Esto es mucho mayor potenciado que lo que se puede conseguir hasta ahora con los informes presentados en el marco de la OEA.
¿La no participación del régimen de Daniel Ortega debilita los resultados del informe?
Ángela María Buitrago: No. El informe parte de verificaciones, con pruebas documentales y pruebas testimoniales que generan certeza o un estándar bien importante de saber que esos hechos se cometieron y se realizaron. Al contrario, la no participación del Estado lo que permite decir es que se genera una obstrucción en términos que son costos que se pueden cargar a un sistema como el que está trabajando Nicaragua para perseguir a las personas en su suelo. El que no participe lo que lleva también es a un desconocimiento de la obligación que tiene el Estado nicaragüense de aportar a estas investigaciones y de trabajar con las obligaciones que tiene de prevenir y evitar estos resultados, pero también de investigar y sancionar a las personas responsables. La no participación y la no existencia de investigaciones también lleva a demostrar la necesidad de exigir responsabilidad al Estado.
Jan-Michael Simon: Los catorce mandatos actuales del Consejo de Derechos Humanos y los demás que han existido tienen como denominador común que la gran mayoría no tienen colaboración del Estado ni acceso al territorio. Es típico para situaciones en las cuales se niegan a tener un mecanismo como este. A ninguno de esos mecanismos se les ha impedido llegar a conclusiones a las cuales han llegado, incluso, en el caso de, por ejemplo, Siria, con sentencias penales firmes.
¿Tuvieron la oportunidad de conversar con personas dentro del régimen, no oficialmente?
Jan-Michael Simon: Exmiembros, sí.
Los argumentos del régimen han sido desconocer al grupo de expertos, criticar una cierta parcialidad y alegar la imposibilidad defenderse.
Ángela María Buitrago: Son argumentos que no tienen ninguna relación por lo siguiente: el Grupo le pidió en 12 comunicaciones al Estado nicaragüense que nos entregara información y nos brindara la posibilidad de dialogar con las instituciones nicaragüenses. No tuvimos ningún recibo. Segundo, nunca reconoció al Grupo de parte de Nicaragua, pero eso no impidió que la información de lo que hemos denominado “los insiders” también haya sido recibida por el Grupo, permitiendo llegar a conocer aspectos fundamentales de personas muy cercanas al sistema.
Jan-Michael Simon: El hecho de haber pedido en 12 ocasiones al gobierno información de su parte, (es porque) la carga de prueba está de parte del gobierno, no de parte de nosotros.
Otro argumento del régimen es que en Nicaragua se está viviendo un formato distinto de democracia y que organismos como la OEA y la ONU quieren imponerle un modelo conveniente para Estados Unidos.
Jan-Michael Simon: Si el modelo es compatible con los derechos humanos no hay ninguna incompatibilidad de modelos nuevos. Pero si el modelo de forma flagrante, sistemática y generalizada, eleva incluso la conducta del Estado a ilícitos internacionales, este sistema es nulo y no tiene ninguna validez frente al derecho internacional y a los valores básicos. No hay ninguna incompatibilidad de sistema cuando se adecúan al código básico de la humanidad que son los derechos humanos, manifestados en la Declaración Universal.
Lea aquí el informe completo
¿Los sorprendió algo de lo encontrado en Nicaragua con su investigación?
Ángela María Buitrago: El sistema particular de Nicaragua se va construyendo en forma de espiral, la acomodación y la instrumentalización del derecho y las instituciones para una violación masiva y generalizada de derechos.
No sorprende en el sentido histórico porque hemos visto muchos elementos históricamente que representan esta grave violación, estos crímenes. Lo que sí sorprende es el nivel de violencia que se ha generado en un corto plazo frente a los derechos de los nicaragüenses, desconociendo unos límites internacionales obligatorios, y pasando por encima de la comunidad internacional. La realidad nos muestra que muchos de estos hechos nos pueden asombrar a través de la historia, pero que creíamos que habían terminado con la adopción de un catálogo de protección de derechos humanos que ya era una decisión unísona dentro del sistema internacional.
Volver a criterios de ejecuciones extrajudiciales, tortura, persecución política, destierro, expatriación y apatridia, los que nos lleva es a un estupor porque el Estado nicaragüense ha firmado todos los convenios, los tratados, tienen la convención de por medio, para evitar que se genere una violencia de esta naturaleza y desconocer los derechos de sus propios nacionales y residentes.
¿Hay responsabilidad de algunos opositores en estos crímenes?
Ángela María Buitrago: Nosotros no atribuimos responsabilidad. Hacemos un informe donde investigamos hechos para que se pueda atribuir e imputar responsabilidades por los crímenes. Pero estamos obligados de manera objetiva e imparcial a narrar los hechos que sucedieron y acontecen en estos casos que se mencionaron en particular, sino también la muerte de otras personas que hay que indagar y atribuir posibles responsabilidades por estos hechos.
Ustedes mencionaron en la presentación del informe que este podría desembocar en unos juicios como los de Nuremberg.
Jan-Michael Simon: No confundir holocausto con crímenes de lesa humanidad. El holocausto tiene su fórmula en derecho penal internacional en el genocidio. Nosotros no llegamos a la conclusión de genocidio, sino más bien a crímenes de lesa humanidad. Crímenes de lesa humanidad no tiene un umbral de escala a partir del cual uno puede hablar de crímenes de lesa humanidad, sino más bien es la calidad de la violación la que determina esta conclusión. Y la calidad que determina esta conclusión, una de ellos porque hay otras, es particularmente la instrumentalización del sector de justicia para aniquilar al enemigo político a cualquier costo.
Esto fue materia particularmente en los juicios de Nuremberg. Ahí se pueden ver todos los elementos que están presentes en la instrumentalización de la justicia del país, y es más, no solamente eso, sino la creación de personas apátridas, y también la confiscación de sus bienes, fueron particularmente materia de los juicios de los aliados contra los máximos responsables en el gran juicio (de Nuremberg). Esto son los elementos que encontramos en Nicaragua y es por eso que el Papa, el New York Times y otros se están refiriendo a esto. No se está relativizando el holocausto acá y en ninguna línea de nuestro informe se va a encontrar algo relacionado con eso.
Para que Nicaragua haya llegado hasta este punto tienen que haber habido cómplices: países, empresas, organismos. ¿Esta es un área que ustedes investigaron?
Jan-Michael Simon: No es parte del mandato.
Ángela María Buitrago: Ni lo tocamos ni apareció en la investigación. En el informe queda claro que el sistema se construyó desde adentro.
¿Qué rol jugo el Ejército en esta crisis?
Ángela María Buitrago: Nosotros narramos en el informe lo que encontramos y las pruebas que encontramos. La estructura de las instituciones y los hechos, hasta ahora, no demuestran datos concretos sobre otras instituciones. Por esa razón, al Ejército lo ponemos como un elemento a seguir profundizando. No hay datos que permitan entender que esté actuando en esta rueda en particular, pero es un elemento que hay que seguir investigando por la cantidad de hechos, la cantidad de tiempo, y sobre esos supuestos, la estructura que encontramos demostrada está en el informe, poniendo como máximo responsable a Daniel Ortega, a Rosario Murillo, a estructuras como el ministerio de Salud, Gobernación, Asamblea Nacional, Justicia y todo lo que significa régimen penitenciario también.
Varios de los presos políticos fueron capturados por el Ejército, según han declarado ellos mismos.
Ángela María Buitrago: Para hablar de nuestro mandato en términos de rendición de cuentas y responsabilidad hay que identificar una serie de factores que no nos permiten simplemente decir que porque tuvo un actuación X o Y puedan ser parte de… Y sobre eso esos supuestos necesitamos profundizar para saber si efectivamente tuvieron o no parte en los crímenes que hemos relatado dentro del informe.
Hay una segunda parte de la investigación…
Jan-Michael Simon: Vamos por todas las líneas de investigación que nos lleven a una posible participación de cualquiera que pueda estar entro del aparato del Estado, responsable de los hechos que hemos determinado.
¿En qué consistiría esta segunda parte? Han hablado de establecer responsabilidades individuales…
Jan-Michael Simon: Se llama cadena de mando en Derecho Penal. Son los autores directos, los intermediarios y los máximos responsables, que normalmente forman un conjunto de responsabilidades para el universo de los crímenes que hemos verificado. En la medida que podamos identificar más profundamente en las cadenas de mandos vamos a poder identificar más a los mandos medios. Esto depende un poco de las fuentes, las cuales vamos a encontrar en una segunda fase de nuestras investigaciones. Todas y todos los que tengan información que puedan aportar a este objetivo están invitados a contactar a nuestra secretaría por medio de las direcciones que están en nuestro sitio web.
¿Cuál sería el procedimiento en esta segunda parte?
Jan-Michael Simon: Exactamente lo mismo que acabamos de hacer. Normalmente los mandatos del Consejo se renuevan un año. Pueden ser dos, pero como regla se presentan informes anuales ante el Consejo. Y así va a ser también si se aprueba la renovación de nuestro mandato en el futuro próximo.
¿Han tenido alguna comunicación con el gobierno de Nicaragua después de presentado el informe?
Jan-Michael Simon: Hemos compartido el informe y le hemos invitado a hacer comentarios, de acuerdo a la práctica y metodología de Naciones Unidas. No hemos recibido ninguna repuesta. Si hubo, fue en el diálogo interactivo, una comunicación de parte del Estado nicaragüense, en la representación de su procuradora, que hizo caso a la existencia del informe y esto ya es un hecho que es notable.
¿Ha medido el efecto que ha provocado este primer informe?
Jan-Michael Simon: Medir y tomar las consecuencias adecuadas se lo dejamos a los estados miembros del Consejo. Nosotros no somos un órgano político, sino más bien somos un órgano investigador. Hay tres recomendaciones en el informe: la primera es utilizar la información para activar su jurisdicción en materia penal, la segunda recomendación es emitir sanciones cuando sea oportuno y adecuado para la situación, y tercero, tomar nuestra información como una guía cuando se trata de proyectos de cooperación para condicionar cualquier apoyo al Estado nicaragüense en la medida de la situación, tomando en línea base lo que nosotros describimos y poniendo indicadores hacia el futuro.
Rendición de cuentas y acceso a la justicia, dice el propósito de la investigación. ¿Es posible que veamos a Daniel Ortega y a Rosario Murillo rindiendo cuentas? ¿Puede un jefe de Estado sentarse en el banquillo de los acusados en un tribunal internacional?
Ángela María Buitrago: Sí, sí.
Jan-Michael Simon: Sí.
¿Cuál es la vía para llegar a ese punto?
Jan-Michael Simon: El único tribunal penal internacional que existe en este momento es la Corte Penal Internacional, en la Haya. Nicaragua no ha ratificado el estatuto. Entonces hay varias vías por las cuales, aun al no haber ratificado en este momento el estatuto, se puede generar jurisdicción de este tribunal penal internacional. La primera es que haya una resolución del Consejo de Seguridad que remita la situación de Nicaragua a la Corte Penal Internacional; la segunda, que, de manera incluso retroactiva, un nuevo gobierno de Nicaragua podría remitir la situación a la Corte Penal Internacional.
Ángela María Buitrago: Frente a la jurisdicción universal, también pueden ver el caso Argentina que ya está generando una investigación, o por lo menos aproximándose ahí.