Los derechos civiles y políticos conforman parte de la primera generación de derechos humanos, quizás la más importante porque le otorgan a la persona la condición de humanos. Algunos de estos derechos fundamentales son la libertad, el derecho a ser protegido, a la nacionalidad, al debido proceso, a ser sometidos a procesos judiciales donde se garantice el acceso a la defensa, a la organización y a ejercer ciudadanía. Todos derechos transgredidos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según han documentado organizaciones internacionales.
Juan Carlos Arce, abogado y defensor de derechos humanos del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, explicó a LA PRENSA que los derechos son los que nos convierten en ciudadanos. Estos derechos son los que confieren la posibilidad de demandar ante el Estado y la comunidad internacional el ejercicio pleno de los derechos como persona.
Según la organización Front Line Defenders, los derechos civiles y políticos son aquellos que protegen la libertad del individuo de su vulneración por parte de los gobiernos, organizaciones sociales e individuos privados y que aseguran la capacidad de cada individuo de participar en la vida política de la sociedad y el Estado libre de toda discriminación o represión.
El derecho a la organización
Arce explica que un elemento clave sobre los derechos políticos y civiles es la organización. “La población tiene el derecho para organizarse para la defensa de sus derechos. La Declaración de Defensores y Defensoras de derechos del año 98, indica que en el ámbito de los derechos humanos la población tiene el derecho de defender derechos de manera individual, pero también de manera colectiva. Es el ámbito más importante de la ciudadanía”.
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Dentro del ejercicio de la ciudadanía, Juan Carlos Arce continúa explicando que esto se puede realizar desde la elección de los gobernantes, pero también se puede realizar la autoría social que significa el control desde la ciudadanía al ejercicio del poder.
Puntualiza que los derechos políticos no solo deben ser entendidos desde el poder de decisión de los pueblos, sino que en su mayoría se trata de fiscalizar los poderes y las administraciones de los representantes.
Actualmente, es imposible pensar en un libre ejercicio de los derechos civiles y políticos dentro del país porque a como explica el abogado el régimen ha violentado los derechos del pueblo nicaragüense en una ola de diferentes acciones que no tiene precedente.
