Oficiales de la Policía al servicio del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo iniciaron las primeras confiscaciones de propiedades de los 94 nicaragüenses a los que se les despojó de su nacionalidad, y declaró “prófugos de la justicia”, acusados por el Ministerio Público de ser “traidores a la patria”.
Este viernes las casas de la periodista y feminista, Sofía Montenegro y la opositora Azahalea Solís, fueron allanadas y cateadas. Montenegro y Solís viven en residencial Amazonía, en el sector del Reparto San Juan, en Managua.
Se desconoce si ellas estaban en sus casas al momento que llegaron los agentes policiales.
También se conoce que las autoridades de la Intendencia de la Propiedad notificaron a los habitantes del residencial Amazonía serían ocupadas porque fueron declaradas propiedad del Estado; y además les dijeron que si querían quedarse deberían pagar 500 dólares mensuales.
Asimismo, una propiedad de la excarcelada política y opositora Irlanda Jérez ubicada en el barrio Los Ángeles, en las cercanías del mercado Oriental, en Managua. “Es un edificio de dos pisos, propiedad que antes de los años ochenta pertenecía a mi papá y posteriormente pasó a mis manos cuando lo compramos, hace más de 20 años”, denunció la opositora exiliada en Estados Unidos.
LA PRENSA conoció de otros allanamientos de propiedades, sin embargo los afectados no quieren hacerlo público por temor a represalias a sus familias por parte del régimen orteguista.
317 nicaragüenses despojados
Este miércoles 15 de febrero, Ernesto Rodríguez, magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), despojó de su nacionalidad a 94 nicaragüenses.
Los ciudadanos fueron declarados “prófugos de la justicia” y a estos se les confiscarán los bienes inmuebles y sociedades, y ahora pasarán “a favor del Estado de Nicaragua”, según la resolución leída por Rodríguez.
Asimismo, las 94 personas fueron inhabilitadas para ejercer cargos de elección popular en el país y despojadas de sus derechos ciudadanos de forma perpetua.
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Entre los despojados se encuentran escritores internacionalmente reconocidos, periodistas, directivos de medios de comunicación, religiosos, defensores de derechos humanos, exfuncionarios públicos y excompañeros de lucha de Ortega.
La arremetida del régimen llegó una semana después de que liberó y desterró a Estados Unidos a 222 presos políticos que estaban en diferentes penales del país, incluidos quienes se encontraban en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), mejor conocida como “el nuevo Chipote”.
En menos de una semana la dictadura orteguista ha despojado de la nacionalidad a 317 nicaragüenses, incluido monseñor Rolando Álvarez quien permanece en La Modelo condenado a 26 años y cuatro meses de prisión, después de haberse negado a ser “deportado”.