Estados Unidos exigió este sábado a Nicaragua la liberación del obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando José Álvarez, quien fue condenado a 26 años de prisión tras negarse a ser desterrado por la dictadura de Daniel Ortega a territorio estadounidense.
Un portavoz del Departamento de Estado condenó además, en declaraciones a la agencia de noticias EFE, que se haya retirado la ciudadanía nicaragüense al obispo y a los 222 presos políticos que sí aceptaron ser trasladados a Estados Unidos a cambio de ser excarcelados.
«El obispo Rolando Álvarez está injustamente encarcelado y seguiremos presionando para su liberación», expresó la misma fuente.
El Gobierno de Joe Biden «condena el despojo de la ciudadanía de monseñor Álvarez y de los hasta ahora presos políticos», añadió el portavoz de la diplomacia estadounidense.
Una condena «irracional, arbitraria e incostitucional»
El pasado jueves, la dictadura excarceló y desterró del país a 222 presos políticos, que fueron trasladados en un vuelo privado a Washington, Estados Unidos. Dos reos se negaron a abandonar el país, entre ellos monseñor Álvarez.
Tras su negativa, Ortega decidió castigarlo y lo pasó de arresto domiciliario a la cárcel La Modelo junto a los presos comunes, y este viernes lo condenó sin haber realizado un juicio.
Además lo inhabilitaron de forma perpetua para ejercer la función pública en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargo de elección popular y despojaron de su ciudadanía.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), calificó la condena establecida sin respeto al debido proceso de legalidad e irretroactividad como «otra transgresión a la justicia».
Por su parte, el obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, lo calificó como «irracional y desenfrenado el odio» de la dictadura contra el obispo.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, denunció que la condena contra Álvarez es «arbitraria e inconstitucional» ya que se realizó por medio de un proceso judicial «oculto, desconocido y nulo».
«La atrocidad jurídica pretenden disfrazarla de legalidad a través del Tribunal de Apelaciones de Managua que sirvió una vez más de instrumento del régimen Ortega Murillo», expresó el organismo, que además denunció que recibió denuncia de un ciudadano quien fue convocada para que compareciera para el juicio del religioso el día 15 de febrero.
