Al ingresar a Estados Unidos el jueves 9 de febrero, los 222 excarcelados y ahora desterrados políticos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, recibieron un parole humanitario que les garantiza la permanencia legal en ese país durante dos años. Cada uno puede decidir si se queda o viaja a un tercer país, incluido España, que ante el anuncio de que les arrebataron su nacionalidad nicaragüense les ofreció residencia española. Quienes se queden, podrán usar los mecanismos existentes, entre ellos el parole humanitario, para reunificar a sus familias.
La subsecretaria de Estado Adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Emily Mendrala, explicó este viernes 10 de febrero en conferencia de prensa que en el Centro de Acogida las 222 personas que llegaron ayer a Washington además de alojamiento, comida y asistencia médica y psicológica, están recibiendo asistencia legal.
“Nosotros tenemos ayuda legal en el centro de recepción. También hay representantes de USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos) para ayudar a cada una de las personas con preguntas como esas (cómo llevar a sus familiares)”, detalló Mendrala.
Algunos de los excarcelados que llegaron ayer ya manifestaron su deseo de quedarse en Estados Unidos, es por ello que la funcionaria expuso que “algunos van a querer buscar opciones para que sus familias lleguen a los Estados Unidos y hay varias opciones. Existe el proceso de parole que anunciaron hace varias semanas la Administración Biden para los ciudadanos de Nicaragua, Venezuela, Cuba y Haití. (Esto) podría ser opción para algunos familiares. Pero depende, cada situación va a ser única”.
Tendrán opciones para llevar a sus familias
La funcionaria agregó que algunos tienen familiares en Estados Unidos y están en proceso de reunirse con ellos, pero otros no tienen a nadie. Entre los que no tienen quién los reciba, algunos optarán por quedarse en Estados Unidos y otros elegirán trasladarse a terceros países para reunirse con sus familias. Por tanto, considera que después de recibir la información general, cada persona debe realizar consultas particulares para conocer sus opciones y tomar decisiones.
Además, confirmó que quienes deseen contar sus historias para denunciar las violaciones a sus derechos que sufrieron, podrán hacerlo. Tendrán la opción de decidir si lo hacen de manera pública o privada y ante quién hacer su relato, ya que para Estados Unidos una de las prioridades es respetar la privacidad de estas personas.
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Mendrala expresó su preocupación por el supuesto retiro de la nacionalidad nicaragüense que enfrentan los 222 desterrados. Pero dijo que están recopilando la información necesaria para entender esta situación.
Estados Unidos seguirá abogando por los derechos humanos
La funcionaria insistió en que la salida de los presos políticos fue una decisión unilateral del régimen Ortega Murillo. Estados Unidos se limitó a organizar su transporte y a recibirlos con un parole humanitario por dos años y brindarles asistencia a su llegada.
Según la funcionaria, Estados Unidos confía en que sea el primer paso para la restauración de la democracia y la mejoría del respeto de los derechos humanos en Nicaragua. “Siempre hemos expresado nuestro compromiso de dialogar con el Gobierno de Nicaragua y lo repito hoy, vemos este paso como positivo para la relación bilateral entre ambos países”, dijo la funcionaria.
Pero advirtió que como todavía “tienen preocupaciones por la situación de los derechos humanos”, seguirán “pidiendo más pasos adicionales de restaurar las libertades de todos los nicaragüenses”. También exigiendo la liberación del obispo Rolando Álvarez quien sigue siendo un preso político de la dictadura.