Atrasos en las gestiones financieras, en los procesos administrativos y de las actividades gremiales, están enfrentando las cámaras empresariales de Nicaragua, debido a que el Ministerio de Gobernación (Migob) aun no les notifica la aprobación del proceso de convalidación de personería jurídica que impuso el régimen de Daniel Ortega a través de la Asamblea Nacional hace cinco meses.
Fuentes ligadas a la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham) confirmaron a LA PRENSA, bajo condición de anonimato, que el Migob les notificó que debían suspender la Asamblea General que estaba programada para este jueves, en donde se ratificarían seis nuevos directores y la nueva junta directiva.
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Las fuentes indicaron que hace cinco meses, fecha que se aprobó la reforma a la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin fines de lucro, Ley 1115, dieron inicio a las gestiones de convalidación.
En agosto de 2022, la Asamblea Nacional aprobó en menos de 72 horas de presentada la iniciativa de reforma a la Ley 1115, en la que ordena a las organizaciones empresariales validar sus personerías jurídicas ante la Dirección de Registro y Control de organismos sin fines de lucro (OSFL), para seguir operando.
Antes de la reforma, las organizaciones gremiales empresariales estaban inscritas ante el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), al amparo de la Ley General de Cámaras, Federaciones y Confederaciones Gremiales Empresariales de Nicaragua, Ley 849, que fue aprobada en el 2013.
La medida entró en vigencia una vez publicada en La Gaceta, diario oficial, el 16 de agosto.
“Sabemos que AmCham ya entregó toda la información requerida, (el Migob) están revisando cada documento y a veces piden otros más. No hay certeza por qué aun no autorizan la convalidación”, indicaron las fuentes.
Otra fuente indicó que Gobernación pide documento tras documento y que cada uno de estos han sido entregados y desconocen por qué hasta ahora no les han dado respuesta, pero que tampoco quieren presionar a que se les dé la validación, para no perder la revalidación de la personería.
La reforma a la Ley 1115 se dio en un contexto de la masiva suspensión de la personería jurídica de los OSFL por decisión del régimen de Ortega, totalizando más de 3,100 durante 2022.
La cifra de cierre de organizaciones no gubernamentales (ONG) también conocidos como OSFL es superior, puesto que las suspensiones iniciaron en diciembre de 2018.
Este miércoles, ante los ONG que siguen activos por decisión del régimen, el presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes, presentó un panorama económico triunfalista.
Hace cinco meses y esperando
Las organizaciones gremiales están obligadas a “presentar a dicha dependencia la documentación que acredita el otorgamiento de personalidad jurídica, debidamente publicado en La Gaceta, diario oficial, así como las modificaciones estatutarias si las hubiere”, indica la reforma.
Posterior a eso, la Dirección de Registro y Control de OSFL del Migob estableció un plazo de 90 días calendario, para notificar mediante un acuerdo ministerial a las organizaciones empresariales que estaban reguladas por el Mific que fue convalidada su personería jurídica.
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“La autoridad de aplicación tendrá un plazo de noventa días calendario, a partir de la fecha de recepción de los documentos legales, para emitir el Acuerdo Ministerial correspondiente”.
Por lo anterior, si una organización empresarial presentó en agosto los documentos, el acuerdo ministerial de convalidación de la personería jurídica debió emitirse en noviembre, situación que en la práctica no ha sucedido.
LA PRENSA trató de comunicarse con la persona encargada de la vocería de AmCham, pero al cierre de esta nota no se había obtenido respuesta.
Según el sitio web de la organización gremial, AmCham Nicaragua agrupa a más de 300 empresas de distintos sectores industriales y productivos, en su mayoría de Estados Unidos.
Cámaras del Cosep en igual situación
En el mismo limbo jurídico se encuentran las cámaras del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), agrupación próxima a cumplir 51 años de fundada.
“Ni una de las cámaras ha logrado la convalidación (de personería jurídica) con el Ministerio de Gobernación, están a la espera, pero no deja de existir incertidumbre porque esto genera atrasos administrativos y financieros, proveedores y bancos no aprueban gestiones por la falta de ese aval”, dijo una fuente ligada a esta gremial que solicitó la omisión de su nombre.
Dijo que extraoficialmente se conoce que una cámara gremial que no es parte del Cosep ya la recibió, mientras que otra, que sí es parte de la organización, está enfrentando muchos contratiempos, en comparación con el resto.
“Incluso ni les han recibido los documentos”, señaló, agregando que inclusive “los bancos empiezan a cerrar cuentas”.
Otra fuente, que pidió la omisión de su nombre, indicó que “todas las cámaras están en proceso de gestión y parece que una ya ha avanzado más”.
El Cosep, según su sitio web, lo conforman 27 cámaras empresariales.
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El 28 de septiembre de 2022, el Cosep designó por un año más como presidente en funciones a César Zamora, mientras que el presidente electo es Michael Healy, reo político del régimen de Daniel Ortega, condenado a 13 años de prisión por “menoscabo a la integridad nacional”, delito fabricado por el orteguismo para encarcelar a los opositores.
Healy y el vicepresidente de la organización gremial, Álvaro Vargas, fueron detenidos por la Policía del régimen en octubre de 2021.