Nuevo aumento salarial en Nicaragua. ¿Por qué será difícil conseguir un ajuste real en los salarios mínimos?

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El Gobierno comenzó junto con representantes del sector empresarial y sindicatos la revisión de los nueve salarios mínimos que reciben distintas actividades económicas en Nicaragua, donde no se incluye a la zona franca, que este mes echó a andar el nuevo acuerdo quinquenal salarial acordado a finales del año pasado.

La segunda sesión se realizará este jueves 26 de enero en las instalaciones del Ministerio del Trabajo (Mitrab), donde se espera que al menos una facción del sector sindical presente su propuesta de ajuste, cuyo porcentaje —asegura— estará definido no solo pensando en recuperar una parte del poder adquisitivo perdido el año pasado sino también en la preservación de los empleos actuales.

De lo que sí está claro Pedro Ortega, de la Central Sandinista de Trabajadores (CST), es que no van a poder pedir en la mesa de negociación los 2,726 córdobas que experimentó en alza la canasta básica el año pasado, al considerar que de aplicarse un ajuste de esa magnitud habría un golpe duro en el mercado del trabajo, porque las empresas se mirarían obligadas a despedir personal.

“No queremos que la empresa privada nos diga que van a reducir personal por un incremento salarial que tampoco ellos van a poder soportar y lo que menos queremos nosotros es que haya despidos de trabajadores o que un incremento salarial vaya a crear mayor inflación”, dijo el líder sindical.

Ortega reconoció que el alza histórica en la canasta básica formó parte de las cifras económicas que las autoridades de Gobierno presentaron ante los 38 miembros delegados (entre propietarios y suplentes) que asistieron a la primera sesión el pasado jueves.

A través de un comunicado, el Mitrab informó que la idea es que representantes de los tres bloques tomen como referencia esa información para determinar sus posibles propuestas. Generalmente la delegación del régimen no presenta propuesta, porque gran parte de sus trabajadores están por encima del salario mínimo.

La canasta básica experimentó el año pasado un récord en su comportamiento alcista, al cerrar con un incremento acumulado de 2,726 córdobas respecto al año anterior, lo que ocasionó que la misma alcanzara los 18,981.55 córdobas, según datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide).

Y aunque la Ley del Salario Mínimo establece en el artículo 8 inciso “a” que la comisión debe tomar como referencia el costo de la canasta básica, el crecimiento económico y la inflación, lo cierto es que Ortega dice que no cree que de esa mesa salga un ajuste equivalente a ese aumento estrepitoso en los precios.

Aplicar un ajuste que signifique recuperar la pérdida total de ese poder adquisitivo equivaldría a un alza mínima de 25.78 por ciento en el salario más alto de la tabla salarial mínima vigente y 57.70 por ciento como máximo para el salario más bajo del escalafón, correspondiente al sector agropecuario, según un análisis aritmético realizado por LA PRENSA.

“La economía no lo soportaría, hay que ser realista y nosotros somos muy responsables, no podemos decir que se va a recuperar esa cantidad de más de dos mil y pico de córdobas”, atajó el sindicalista sandinista.

Alto costo laboral

Aunque el régimen de Daniel Ortega es un gobierno de corte populista y en sus primeros años de administración aplicó ajustes sustanciales en el salario mínimo, lo cierto es que la actual condición económica en el horizonte es incierta. Un economista, que prefiere no ser citado por temor a represalias, no cree que el Gobierno esté dispuesto a pagar el costo económico que tendría en el mercado del trabajo un ajuste de esa magnitud.

“Sería aumentar el desempleo, en una economía que de por sí no está generando suficientes empleos. Recordemos que a cinco años del estallido de la recesión económica por el levantamiento social en abril del 2018 aún el mercado formal no ha podido recuperar más de 150 mil empleos”, recordó.

La revista británica The Economist Intelligence Unit (EIU) señaló en su reciente análisis que la tasa de desempleo se estancaría en un 4.7 por ciento y se mantendría cerca de ese nivel en los próximos años antes de remontarse a 5.5 por ciento en el 2027.

La posibilidad de que aplique un alza de esa magnitud es prácticamente nula. El año pasado, por ejemplo, la mesa negociadora del salario mínimo decidió un ajuste anual y parejo de un 7 por ciento anual, que equivalió a un rango de entre 309.04 y 691.61 córdobas. La negociación se basó en un alza de 1,730 córdobas en el 2021.

El 7 por ciento de ajuste del año pasado fue equivalente a la tasa de inflación de 2021, que cerró en 7.21 por ciento, porque la Presidencia —la que al final decide la tasa de ajuste aunque exista una mesa de negociación— optó por descartar la tasa de crecimiento de ese año (10.3 por ciento) como base para fijar el dígito.

“Nosotros estamos tomando como base que el aumento salarial este año tiene que ser superior al 7 por ciento del año pasado, en vista de que la inflación (de referencia de 2021) fue ese dígito, pero hay que reconsiderar también de que la inflación traspasó los dos dígitos para el año que acaba de pasar”, dijo Ortega.

En el 2022 se está negociando con una tasa de inflación de 11.59 por ciento y una tasa de crecimiento de entre 4 y 4.5 por ciento, según dijo el Gobierno en los números que presentó a los delegados de la mesa del salario mínimo.

El caso de zona franca

Y muestra de que no se va a recuperar la fuerte pérdida de poder de compra de los salarios mínimos es el sector de zona franca, que en enero recibió un ajuste de apenas 8 por ciento, que significó 600 córdobas más a los salarios vigentes hasta diciembre y por eso la paga se elevó a 7,498.46 córdobas este año.

Y aunque los sindicatos parecen no estar dispuestos a presionar en la mesa del salario mínimo por un ajuste que permita recuperar el ciento por ciento de la pérdida de capacidad de compra del año pasado, lo que sí lamentan es la falta de acciones del Gobierno para aliviar esas alzas, más allá del congelamiento de los precios de los combustibles desde abril pasado.

“No hay control de precios, los acaparadores y comerciantes se están aprovechando de la libre oferta y la demanda y la especulación, que eso también ha afectado los productos de la canasta básica y el Gobierno como institución no ha hecho, por decirlo así, ninguna medida más que tener congelados los precios de los combustibles, que nosotros considerábamos no iban a haber aumentos de los productos de la canasta básica, pero ese congelamiento de precios de combustibles no se ha trasladado a los precios”, lamentó.

Ortega asegura que han solicitado que así como se congelaron los precios de los combustibles, también se aplique dicha medida a productos esenciales que conforman la cesta familiar, pero hasta ahora no han sido escuchados.

Se espera que la negociación del salario mínimo sea rápida, tal como ocurrió el año pasado, para evitar que haya especulación en el mercado de cara al ajuste, que se estima lo reciben más de 100 mil trabajadores, de un mercado laboral con más de tres millones de personas. La negociación debe estar finiquitada antes de que finalice febrero, porque el 1 de marzo se vence la actual tabla salarial.

Pero más allá de lo que se decida ajustar, lo cierto es que el régimen tendrá una visión parcial sobre lo que está pasando en la matriz empresarial, porque por quinto año consecutivo el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) no envió algún delegado a la mesa, en momentos en que la organización se encuentra sacudida por el encarcelamiento de su presidente Michael Healy y su vicepresidente, Álvaro Vargas.

Ortega asegura que ellos fueron invitados, pero que no envían delegados.

A las negociaciones están asistiendo, además de los sindicatos, en su mayoría sandinistas, la Cámara Nacional de la Mediana, Pequeña Industria y Artesanía (Conapi) y la Asociación en pro del Desarrollo y Sostenibilidad de Nicaragua (Aprodesni), conocida por algunos como el Cosep orteguista.