El Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (Calidh), que encabeza el abogado nicaragüense radicado en Argentina, Danny Ramírez-Ayérdiz, rechazó el proceso judicial en contra del obispo de la Diócesis de Matagalpa, Rolando José Álvarez, por valorar que no cumple con el debido proceso de ley ni se le están concediendo las consideraciones por su estado de salud.
El obispo Álvarez es uno de los líderes de la Iglesia católica que más destacó por su crítica a la dictadura de Daniel Ortega y su demanda de libertad a los presos políticos. También es uno de los religiosos que más resistió los ataques y amenazas del régimen orteguista dentro del país, hasta que fue detenido el pasado 19 de agosto.
Este martes 10 de enero Álvarez fue enviado a juicio tras haber sido acusado por los delitos de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense”.
A través de un comunicado, el Calidh declaró que «el proceso abierto en contra del obispo Álvarez es arbitrario y viola los compromisos internacionales de derechos humanos, asumidos por el Estado de Nicaragua».
«El proceso carece de las garantías del debido proceso, que no necesitan estar escritas en ninguna ley porque son parte del derecho internacional inmodificable. Derechos como el ser puesto de inmediato ante la autoridad judicial, el derecho a ser liberado ante la inexistencia de una acusación en un plazo razonable, el derecho de defensa, de ser tutelado por autoridades judiciales ante las arbitrariedades manifiestas fueron violados antes de que empezara este proceso en su contra», explica el comunicado.
El sistema judicial de Nicaragua está bajo el control de la dictadura de Daniel Ortega, que además criminaliza la libertad de expresión, las manifestaciones opositores y todo tipo de crítica contra el Gobierno. Más de 200 personas están presas por manifestarse en contra del régimen orteguista.
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En ese sentido, Calidh valoró que las leyes penales en las que se basa el poder judicial de Nicaragua para juzgar a monseñor Álvarez «son vagas e imprecisas en su redacción y son inconstitucionales porque quiebran el principio de presunción de inocencia, pues fueron aprobadas con la clara intencionalidad de castigar a las voces críticas respecto del actuar del gobierno tras casi cinco años de crisis sociopolítica. Estas leyes obedecen al plan general de censura y castigo estatal al que es sometido toda voz disidente».
Calidh también declaró que le preocupa que a monseñor Álvarez «no se le permita la medida cautelar de libertad, a pesar de su condición de salud». «Esto da cuenta que las autoridades judiciales niegan a Álvarez la finalidad humanitaria que tiene el proceso penal en Nicaragua. Toda desmejora de la salud del obispo es responsabilidad del Estado».
«El Centro manifiesta que el proceso penal seguido contra el obispo de Matagalpa es parte del patrón sistemático de ataques contra la libertad religiosa, de asociación y expresión de la Iglesia católica en Nicaragua en su conjunto y de ciertos clérigos en particular. El Estado ha difamado, criminalizado y forzado al exilio a religiosos y laicos con la finalidad de silenciar y castigar a voces como las de Álvarez», agrega el escrito.
