Mil cuatrocientos (1,400) reos comunes, condenados a distintas penas de prisión por haber cometido diversos delitos, fueron liberados en víspera de la Navidad.
Sin embargo no fue liberado ninguno de los 235 presos políticos, que no son delincuentes, a pesar de que han sido condenados como tales. El poder no ha querido atender el clamor humanitario, nacional e internacional, para que los prisioneros de conciencia sean dejados en libertad y puedan volver a sus hogares a reunirse con sus familias.
Según informó LA PRENSA el viernes 23 de diciembre, citando datos oficiales, en el transcurso del año que está a punto de finalizar, 4,850 reos comunes fueron dejados en libertad sin haber cumplido sus condenas: 1,300 el 27 de abril, 1,800 el 28 de julio, 1,450 el 14 de octubre y ahora los 1,400 antes mencionados. Solo un preso político fue liberado, lo que ocurrió el 28 de julio.
Organismos sociales cívicos y de derechos humanos sostienen que con la liberación anticipada de tantos presos comunes, que son beneficiados con el régimen de convivencia familiar, se incrementa la delincuencia y la inseguridad ciudadana en el país.
Es posible que así sea, pero no conocemos investigaciones ni datos que permitan tener certeza de tal cosa. En otros países en los que la información oficial de interés público se comparte con la gente, como por ejemplo EE. UU., sí se conocen esos datos y se pueden valorar los efectos de la liberación temprana de presos comunes por razones humanitarias.
Al respecto, este 27 de diciembre el periódico The Washington Post ha publicado una columna de opinión escrita por Molly Gill, vicepresidenta de política de la ONG Families Against Mandatory Minimuns (Familias Contra los Mínimos Obligatorios). En su artículo la señora Gill dice que en EE. UU. “para proteger a los más vulnerables al covid-19 durante la pandemia, la Ley CARES (sigla en inglés de Ayuda, alivio y seguridad económica por coronavirus), le permitió al Departamento de Justicia ordenar la liberación de personas que cumplían condenas en prisiones federales para reubicarlas en confinamientos domiciliarios. Más de 11,000 personas terminaron siendo liberadas. De esas, la Agencia Federal de Prisiones (BOP, por su sigla en inglés) informó que solo 17 cometieron nuevos delitos”.
Agrega que “esa es una tasa de reincidencia de 0.15 % en un país donde es normal que entre 30 % y 65 % de las personas que salen de prisión reincidan dentro de los tres años posteriores a la liberación. De esas 17 personas, la mayoría de los nuevos delitos fueron por posesión o venta de drogas u otros delitos menores. De los 17 nuevos delitos, solo uno fue violento (una agresión con agravantes) y ninguno fue un delito sexual”.
Concluye la activista social estadounidense que esos datos demuestran que se puede “liberar cuidadosamente a las personas de bajo riesgo de la prisión con supervisión, sin causar una nueva ola de delitos… en vez de desperdiciar dinero o recursos manteniendo encerrados a quienes ya no necesitan estar en prisión”.
Es una lástima que en Nicaragua no sea posible tener acceso a la información pública necesaria para conocer si ese fenómeno que ocurre en EE. UU. sucede también en Nicaragua. O si es lo contrario, o sea que la liberación masiva de los presos comunes causa más criminalidad, como advierten los representantes de organismos sociales cívicos y de derechos humanos.