Lo ocurrido el miércoles 7 de diciembre en Perú fue claramente una intentona fallida de golpe de Estado. Intentona, dice el diccionario, es un “intento temerario, especialmente si se ha frustrado”.
Ese día, el presidente Pedro Castillo, ante su inminente destitución por el Congreso de la República por acusaciones de corrupción, se adelantó a disolver el Congreso, decretó estado de excepción y anunció que gobernaría por decreto, en fin, que instauraría una dictadura.
Castillo pretendía hacer lo mismo que Alberto Fujimori en 1992, pero este tenía el respaldo de los militares y a Castillo no lo apoyaba ni siquiera su partido político. Por eso, poco después de que anunció el golpe de Estado fue destituido por el Congreso, encarcelado y ahora sometido a un proceso judicial por atentar gravemente contra la Constitución y las instituciones democráticas del país.
Nadie, pues, puede seriamente poner en duda que lo ocurrido en Perú fue una clara intentona golpista, estúpidamente pensada y todavía peor ejecutada.
Comparativamente hablando, hay una enorme diferencia entre lo de Perú y lo que ocurrió en Nicaragua en 2018. En aquella ocasión, ante la grave situación en la que se encontraba el Gobierno por la insurrección popular del 19 de abril, el presidente Daniel Ortega pidió a la Conferencia Episcopal de Nicaragua que convocara a un diálogo nacional para buscarle solución a la crisis.
Los estudiantes que se rebelaron el 19 de abril y la demás gente que se atrincheró en los tranques exigían la renuncia de Ortega como condición para poner fin a la insurrección. Esa demanda la presentó formalmente la delegación estudiantil en el diálogo nacional que los obispos organizaron a petición del Gobierno en el Seminario de Fátima, y fue respaldada por los otros sectores sociales allí representados.
Ante la imposibilidad de que el Gobierno y los representantes de la sociedad se pusieran de acuerdo, los obispos, en su condición de mediadores y testigos del diálogo, presentaron la propuesta de adelantar, para el año siguiente, las elecciones nacionales que de conformidad con la Constitución debían celebrarse en noviembre de 2021. Se trataba de repetir lo que hizo el régimen sandinista en 1989, que adelantó las elecciones para sacar pronto al país de la guerra y la quiebra económica.
En 2018, para adelantar las elecciones bastaría hacer una reforma parcial de la Constitución. Y entretanto, según la propuesta de los obispos, se deberían hacer reformas democráticas en los poderes electoral y judicial, a fin de allanar el camino a la paz y la reunificación nacional.
Era solo una propuesta. Los obispos no podían imponerla, ni querían hacerlo porque la Iglesia católica no es un poder político, solo espiritual y pastoral. El presidente Ortega estaba en su derecho de aceptarla o de rechazarla como en efecto lo hizo. Sin embargo también la calificó erróneamente como un intento de golpe de Estado e injustamente acusó a los obispos de querer perpetrarlo.
La rebelión popular fue aplastada por la fuerza y el régimen se afianzó en el poder, pero con eso no se resolvió la crisis.
