La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue condenada a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al encontrarla un tribunal culpable de delitos de corrupción cometidos cuando fue presidenta de la República, en los años de 2007 a 2015.
La sentencia fue intermedia entre la que demandó la Fiscalía y la absolución que pidió su defensa. Los jueces desestimaron la acusación por asociación ilícita para delinquir, que es penada con 12 años de cárcel, y la condenaron solo por defraudación al Estado. Sin embargo, la vicepresidenta argentina no irá a la cárcel porque la protege el fuero constitucional que gozan los vicepresidentes de la República en ejercicio.
La defraudación del Estado que cometió Fernández de Kirchner cuando estaba al mando de la Presidencia, ascendió según los jueces a 1,000 millones de dólares y ocurrió durante sus dos mandatos presidenciales. Eso fue en la adjudicación de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia, que es un bastión político del peronismo kirchnerista.
Argentina es un singular país latinoamericano que tiene una cultura general de primer mundo, como la europea, pero su cultura política es tercermundista, como la de los demás países de Hispanoamérica salvo honrosas excepciones. La degradación política argentina fue causada por el populismo peronista que instauró el dictador Juan Domingo Perón en 1946, y arraigó de manera profunda en la conciencia y los hábitos de las clases populares argentinas.
Desde entonces, la corrupción, entendida en este caso como la “utilización indebida o ilícita de las funciones gubernamentales en el propio provecho”; y en el de sus familiares y de sus allegados, se convirtió en una práctica tanto de los gobiernos de derecha como los de izquierda. Como ocurre, repetimos, en casi todos los demás países latinoamericanos y del Caribe.
Son muchos los presidentes y vicepresidentes de la región que han sido acusados por corrupción en el ejercicio del poder y, en varios casos, condenados a prisión. Entre ellos Arnoldo Alemán, quien fuera presidente de Nicaragua de enero de 1997 a enero de 2002, en el añorado periodo de 15 años y tres gobiernos democráticos que hubo en el país.
Todos los expresidentes y vicepresidentes acusados por corrupción han alegado ser víctimas de persecución política revanchista. Lo que en parte es cierto porque en América Latina a menudo se politiza la justicia y se judicializa la política.
Pero es necesario reconocer que la corrupción no es un mal moral y particular solo de políticos que gobiernan o han gobernado en sus países. Es un problema también de las masas amorfas que los apoyan y les confían el poder, a sabiendas de que son corruptos.
El caso de Brasil es aleccionador al respecto. Allí Lula da Silva fue electo otra vez presidente de la República, a pesar de que estuvo en la cárcel condenado por la corrupción que cometió cuando ejerció anteriormente el poder presidencial. Lula fue liberado de la prisión por un tribunal, no porque fuera inocente sino porque en el proceso que lo condenó se cometió un error de procedimiento judicial.
Otro expresidente izquierdista condenado por corrupción, el ecuatoriano Rafael Correa, no fue a prisión porque huyó del país. Algún tiempo después sus condenas fueron anuladas, pero tampoco porque hubiera sido inocente y condenado injustamente, sino por criterios jurídicos técnico-formales.
Según el enciclopedista político ecuatoriano Rodrigo Borja, “la corrupción está íntimamente ligada al atraso porque las ingentes sumas de dinero hurtadas por funcionarios deshonestos de todos los niveles administrativos son recursos que se sustraen al financiamiento del desarrollo. Por eso no es casual, sino causal, que los países de mayor honradez en el manejo de los recursos públicos pertenezcan al primer mundo y los más corruptos, al mundo subdesarrollado”. Donde está la mayor parte de los países latinoamericanos y caribeños.
