El anuncio del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, de que su gobierno tomará medidas para restringir la llegada a su país de más refugiados nicaragüenses, ha causado consternación —incluso indignación— en medios opositores y defensores de derechos humanos.
El presidente costarricense no se refirió a los refugiados nicaragüenses en general, solo a los que llegan a Costa Rica por motivaciones económicas. A los que son víctimas de persecución u hostilidad política no los incluyó.
El primer mandatario de Costa Rica también fue claro en decir que su decisión se debe a que su país no está recibiendo apoyo de la comunidad internacional, que necesita para asumir el elevado costo de la llegada de tantos migrantes nicaragüenses.
“Ya llegó un momento en que la responsabilidad compartida de la comunidad internacional nos ha recaído de manera desproporcional a nosotros como sociedad, y la comunidad internacional no está colaborando con los recursos que necesita este país”, dijo el presidente Chaves el pasado miércoles 16 de noviembre. Y aseguró que antes de aplicar esa medida se comunicará oficialmente con la ONU.
A pesar de las aclaraciones del primer mandatario de Costa Rica, defensores de los derechos humanos y protectores de los migrantes dijeron a La Voz de América, que esa medida “sería una desgracia total y absoluta”, porque representaría “un riesgo de muerte o pérdida de libertad” de quienes buscan Costa Rica para escapar del régimen de Nicaragua.
Los defensores de los migrantes nicaragüenses alegan que estos no son una carga para Costa Rica, más bien, ellos con su trabajo y emprendimientos económicos aportan una buena parte del Producto Interno Bruto (PIB) costarricense. Pero es claro que esto se refiere a la migración histórica que ya está arraigada en Costa Rica, no a las oleadas de personas que han llegado y siguen llegando desde el violento estallido sociopolítico de abril de 2018.
La máster española en Geopolítica y Estudios Estratégicos, Patricia Moreno, en un artículo publicado en el medio de investigación y análisis El Nuevo Orden (Eom), pregunta si existe o no el derecho a migrar. Y ella misma responde que no. Lo que está reconocido es el derecho de todas las personas a abandonar su lugar de origen, independientemente de sus causas y motivaciones”.
“Para que existiese el derecho a migrar —explica la experta— sería necesario reconocer no solo la libertad de desplazamiento de las personas, sino también su derecho a entrar en cualquier país sin restricciones. Sin embargo, cada país decide a quién permite cruzar sus fronteras… Si existiera el derecho a migrar, los Estados no tendrían potestad para controlar sus fronteras ni restringir la entrada generalizada de personas en su territorio, perdiendo así uno de los elementos básicos de su soberanía nacional”.
Eso es cierto. Sin embargo, existen instrumentos jurídicos e institucionales aprobados por las Naciones Unidas, a fin de proteger los derechos de los migrantes y asegurar que la migración sea segura. Pero no hay congruencia de los instrumentos jurídicos con la realidad.
Los migrantes que huyen de la persecución política, de la violencia criminal y de la extrema miseria, necesitan también y sobre todo de la solidaridad internacional. Como la que ha mostrado Costa Rica, y hay que agradecerla, pero que no puede seguir sosteniéndola como dice justamente el presidente de Costa Rica.
