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Asamblea General de la OEA que se realizó en Perú este octubre de 2022. Foto de la OEA.

Después de la resolución de la OEA ¿qué le queda a la comunidad internacional para presionar a la dictadura de Ortega?

Un experto en relaciones internacionales afirmó que el problema de fondo de todas estas resoluciones y propuestas de mecanismos de solución pacífica es que si no van acompañadas de medidas de presión efectivas están condenadas a quedarse en el papel

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La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo se ha caracterizado por desacatar los repetidos pedidos y resoluciones de organismos y gobiernos democráticos que instan a poner fin a la crisis sociopolítica y de derechos humanos en el país, que incluye la liberación de los presos políticos. A criterio de un experto en relaciones internacionales, el problema de fondo de todas estas resoluciones y propuestas de mecanismos de solución pacífica es que si no van acompañadas de medidas de presión efectivas están condenadas a quedarse en el papel.

En la clausura de la 52 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) se emitió el viernes pasado una resolución titulada “La crisis política y de derechos humanos en Nicaragua”, que fue aprobada por aclamación, en la que instan nuevamente a la dictadura a que “cese toda acción violenta contra la población y que restablezca plenamente los derechos cívicos y políticos, las libertades religiosas y el Estado de Derecho”… “libere inmediatamente a todos los presos políticos y la creación de una comisión de alto nivel”.

Pero ¿qué diferencia a esta última resolución de las anteriores y ¿qué sigue si la dictadura ignora esta resolución también? ¿El desacato de los Ortega-Murillo desacredita al sistema internacional? Esto plantean analistas y expertos consultados por LA PRENSA: “Hay dos diferencias entre esta resolución y las anteriores, pero que no cambian los resultados”.

Unanimidad

La nueva Resolución de la OEA sobre Nicaragua fue aprobada por aclamación por un total de 32, de 34 Estados Miembros presentes en la 52 Asamblea General —solo Nicaragua y Venezuela ausentes—. No hubo votos en contra ni abstenciones.

Tiziano Breda, analista para Centroamérica de Internacional Crisis Group, señaló que uno de los elementos que diferencian a esta resolución de las demás, primero es el número de votos, “ya se vuelve a esa situación como al principio de la crisis en 2018, donde se reconoce a nivel de todo el hemisferio occidental la gravedad de la situación y la necesidad de buscar medidas para encontrar una solución a esta situación”.

Cabe mencionar que México, Argentina, Honduras, Belice, Bolivia, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, El Salvador y Santa Lucía, son los países que casi siempre se abstenían a la hora de votar una declaración crítica sobre la situación de Nicaragua.

Aunque El Salvador, Honduras y San Vicente y las Granadinas anunciaron que dejaron un mensaje como pie de página en la Resolución, señalando “la soberanía y autodeterminación” de Nicaragua.

Una comisión independiente

Breda añadió como segundo elemento la sugerencia de que un grupo de países establezca una “comisión de alto nivel” para el mandato de ofrecer al régimen canales de diálogo “en busca de esta solución (que) se puede hacer desvinculada de la OEA como organización, de la Secretaría General del organismo en particular”.

Asimismo señaló que “se deja el espacio para que este grupo de países se conforme por un número más amplio y tal vez de composición más variada de países en comparación con lo que ocurrió en 2019, cuando se estableció una comisión de cinco países, pero todos muy críticos del Gobierno y vinculada a la Secretaría General y por lo tanto esto contribuyó al rechazo del Gobierno”.

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Un experto en relaciones internacionales, que prefirió mantenerse en el anonimato, coincidió en que las resoluciones anteriores “fueron aprobadas por amplia mayoría y esta lo fue por unanimidad”, además que en esta ocasión “no crea ningún mecanismo de solución pacífica, sino que invita a los países a crearlo”.

“La comisión, por tanto, no estaría sujeta a la Asamblea, sale del marco de la OEA y respondería a la iniciativa de los países que decidan integrarla. No hay plazo ni mandato de la Asamblea, pues se trata de una simple invitación”, indicó el experto.

¿Qué acciones efectivas quedan?

El politólogo y director ejecutivo del Instituto Interamericano para la Democracia, Carlos Sánchez Berzaín, explicó en un artículo de opinión titulado “De declaraciones a acciones efectivas para terminar la impunidad dictatorial” y publicado este domingo 9 de octubre, que los pedidos de liberar presos políticos en Nicaragua, por repetidos e ineficaces se convierten en una forma de complicidad de las democracias y sus líderes, que luego de tales expresiones siguen cohabitando, comerciando, ayudando y legitimando a los regímenes dictatoriales.

“Los presos políticos son moneda de cambio criminal que las dictaduras usan para negociar y continuar en el poder porque las democracias se lo permiten”, criticó Sánchez Berzaín.

A la vez señaló que hay acciones efectivas políticas, individuales, económicas y jurídicas: “Políticas, desde el retiro de embajadores hasta la ruptura de relaciones; individuales, son sanciones que presionan los apoyos políticos, económicos y operativos de los regímenes; económicas, para reducir la capacidad de financiación y sostenimiento de las dictaduras, desde la prohibición de transacciones de activos y reservas de sus bancos centrales hasta la exclusión de entidades bancarias del sistema de mensajería segura SWIFT; jurídicas, la aplicación diligente de normas internacionales como el Estatuto de Roma, la Carta Democrática Interamericana, el TIAR, la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada y más”.

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Por su parte, la opositora en el exilio, Haydée Castillo, opinó que el pueblo nicaragüense lo que desea es que “se pase de declaraciones o que se use esas declaraciones o esas resoluciones nada más como medios para que procedan a aplicar medidas correctivas, coercitivas, medidas sancionatorias al régimen que realmente lo vaya forzando a ceder y a devolver el poder al soberano”.

El experto en relaciones internacionales reiteró que “el problema de fondo de todas estas resoluciones y propuestas de mecanismos de solución pacífica es que si no van acompañadas de medidas de presión efectivas están condenadas a quedarse en el papel” y afirmó que esa comisión “no llegará a poner los pies en Managua si no se elevan los costos y beneficios de un rechazo y de una aceptación. Muy difícilmente una dictadura que ha demostrado no tener ningún escrúpulo a la hora de reprimir, insultar y violar las reglas de la diplomacia, va acceder a los exhortos e imploraciones por voluntad propia”.

“Entonces no termina de entenderse cuál es la lógica o estrategia, si es que existe alguna, sobre todo a la vista de los resultados del esfuerzo político diplomático del último año, que se han expresado en mayor represión y mayor atrincheramiento del régimen en lo que se conoce como diplomacia de choque”, agregó el experto.

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