El régimen de Daniel Ortega mandó este martes a la Asamblea Nacional la iniciativa de Ley del Teatro Nacional Rubén Darío, que, según la exposición de motivos, tiene la finalidad de “conferirle carácter de Ente Descentralizado del Poder Ejecutivo, bajo la rectoría sectorial de la Presidencia de la República”.
La iniciativa establece que “la presente ley tiene por objeto establecer el funcionamiento, administración, dirección, promoción, desarrollo y conservación del Teatro Nacional Rubén Darío, para beneficio de la cultura nacional”.
Se le confiere al Teatro Nacional “el carácter de Ente Descentralizado del Poder Ejecutivo, bajo la rectoría sectorial de la Presidencia de la República, con autonomía técnica y administrativa, personalidad jurídica propia, patrimonio propio, de duración indefinida, con plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones en materia de su competencia”.
Director con rango de ministro
El Teatro Nacional, ubicado en Managua, “estará a cargo de una Directora o Director quien será nombrado por el Presidente de la República, con el rango de Ministra o Ministro, y tendrá la representación legal del Teatro Nacional Rubén Darío, con las facultades propias de un Apoderado General de Administración”.
Ramón Rodríguez es el actual director del Teatro Nacional.
La iniciativa agrega que “la Dirección Superior del Teatro Nacional Rubén Darío, para su correcto funcionamiento, contará también con Subdirectoras o Subdirectores, quienes serán nombrados por la Directora o Director, y tendrán las funciones que este le asigne”.
La iniciativa de Ley del Teatro Nacional tiene un sentido parecido a la reforma a la Ley Reguladora del Instituto Nacional Tecnológico (Inatec) (Ley 1063), que pone a esta entidad legalmente bajo el control directo del régimen de Daniel Ortega y se le otorga el rango de ministro al director o directora general del Inatec.
La reforma a la Ley del Inatec fue presentada este martes ante el pleno de la Asamblea Nacional y enviada a la Comisión de Educación para su consulta.
El régimen de Ortega tiene el control total del Legislativo a través de sus 75 diputados sandinistas, de un total de 91 legisladores, con lo que puede hacer las reformas que quiera a las leyes del país, sin ninguna oposición.