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El nuevo Chipote, inaugurado en febrero de 2019, donde se han realizado los juicios contra los presos políticos. LA PRENSA/Archivo de END

Un grupo de familiares de presos políticos pide al gobierno les otorgue una amnistía

La declaración presentada este martes fue firmada por familiares de 23 presos políticos, en su mayoría encarcelados en el Chipote

Un grupo de familiares de presos políticos, en su mayoría encarcelados en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Chipote, pidieron al régimen de Daniel Ortega una amnistía para los prisioneros.

“Después de conmemorar nuestros días patrios y acercándonos a las puertas de finales de 2022, este año promete cerrar con una economía en crecimiento continuando así un ciclo económico positivo para el país. Cabe enfatizar, sin embargo, que a nuestro criterio, la liberación de nuestros presos políticos a través de una amnistía viene a ser de suma importancia para crear un ambiente general de mayor sosiego, el cual a su vez contribuiría decisivamente al vigor y la estabilidad del rendimiento económico del país”, indica el pronunciamiento leído este martes por Martha Lucía Urcuyo, esposa de Pedro Joaquín Chamorro Barrios, quien se encuentra bajo arresto domiciliario.

La declaración fue firmada por los familiares de 23 presos políticos. “Admitimos con franqueza que la tomar en cuenta nuestra historia más reciente, se hacen obvias las complejidades que una amnistía acarrea para nuestros compatriotas y familiares. Pero, al revisar nuestras historia más profundamente, vemos con igual claridad que las amnistías han brindado espacios de quietud, comprensión y reencuentro a los nicaragüenses durante momentos altamente críticos”, añade el documento.

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Asimismo expresan que “atravesando uno de esos momentos, expresamos hoy, ante los gobernantes y antes las fuerzas vivas de la nación, nuestras esperanza de que, en los próximos meses, cuando celebremos las fiestas navideñas —las más queridas para nosotros los nicaragüenses— lo haremos con nuestros compatriotas y familias en libertad, dispuestos a continuar contribuyendo a una Nicaragua sosegada y segura de un futuro mejor”.

Desde el 28 de mayo pasado (2021), Ortega desató una cacería de opositores, entre ellos siete precandidatos presidenciales, directivos de medios de comunicación, periodistas, abogados, defensores de derechos humanos, que se frenó después de las cuestionadas elecciones presidenciales de noviembre pasado.

Sin embargo, en una nueva oleada represiva, la cacería del régimen alcanzó este año a los sacerdotes y líderes religiosos de la Iglesia católica de Nicaragua. Actualmente mantienen bajo arresto domiciliario al obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, y siete sacerdotes están presos en El Chipote.

Nicaragua vive desde el 18 de abril de 2018 una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 350 muertos y miles de exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hasta el 31 de agosto de este año, el régimen mantiene a 205 personas encarceladas, identificadas como presos políticos, según el organismo independiente, Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.

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