Los nicaragüenses de apellidos Martínez Arias, Cascante Pérez y Ortega Hernández fueron capturados por la Policía Profesional de Migración en allanamientos simultáneos realizados el jueves último en Nicoya, jurisdicción de Guanacaste, en Alajuela y la capital San José, en Costa Rica.
Los connacionales eran los encargados de reclutar a la mujeres explotadas sexualmente en el bar Kar Mun Nicoyano, ubicado cerca de un supermercado en Nicoya, donde la Policía de Migración arrestó a los cabecillas del grupo de proxenetas.
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El operativo migratorio permitió rescatar a 12 mujeres que eran explotadas sexualmente en el negocio antes mencionado, entre las víctimas figuran mujeres nicaragüenses y costarricenses, refirieron las autoridades.
En el caso de las nicaragüenses rescatadas del antro, su situación migratoria en el vecino país del sur es «irregular», indicaron las autoridades costarricenses.
Rifadas entre clientes
Los cabecillas del grupo de siete proxenetas son miembros de una familia costarricense, entre los que destaca una funcionaria de la Caja Costarricense de Seguro Social de Costa Rica, quien administraba el negocio donde también vendían licor.
Los costarricenses capturados fueron identificados por los apellidos Villarreal Sandoval, quien trabajaba para la Caja de Seguridad Social; su pareja apellidado Herrera Jiménez, su hija Herrera Villarreal y su yerno de apellidos Monge Salas.
Para que el negocio se mantuviera lleno, los señalados de proxenetismo hacían rifas entre los clientes, las cuales valían mil colones la acción (unos 57 córdobas) y el premio eran licor y recibir servicios sexuales de las mujeres explotadas.
Pagaban servicios básicos
Las víctimas de explotación sexual eran obligadas a pagar servicios básicos (energía eléctrica y agua potable) por permanecer en el citado negocio.
Además, las perjudicadas no podían salir del bar y si lo hacían debían pagar multas por salir de ese sitio con quienes las contrataban para servicios sexuales.
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Las investigaciones que dieron con el grupo de presuntos explotadores iniciaron hace cinco meses, revelaron las autoridades. Las leyes de la vecina Costa Rica castigan el proxenetismo con penas de 5 a 10 años de cárcel.
