Personal del sistema educativo y de salud han denunciado que las autoridades de sus centros de trabajo los han obligado a participar de la Verificación Ciudadana en línea, de cara a las votaciones municipales de noviembre de este año. Los trabajadores que no han accedido al proceso están siendo verificados por los operarios políticos, sin su previo consentimiento.
La denuncia fue publicada por Urnas Abiertas, observatorio ciudadano independiente para el monitoreo de procesos electorales de Nicaragua. Las votaciones municipales están programadas para el 6 de noviembre y el proceso se ha caracterizado por el secretismo.
El personal del Ministerio de Educación (Mined) y Ministerio de Salud (Minsa) afirmó que los operadores del partido de gobierno están solicitando listas a las instituciones estatales de los trabajadores que se hayan verificado. Estas tienen que ser enviadas a los secretarios políticos correspondientes.
«Además están utilizando medidas coercitivas como: verificarse de forma presencial en los centros de cómputos habilitados o bien, verificarse en línea y enviar captura a sus jefes inmediatos», agregó la denuncia publicada por Urnas Abiertas.
Los trabajadores añadieron que los miembros de la Unidad de Victoria Electoral (UVE) están persiguiendo al personal del Estado para que cumpla con el proceso de verificación ciudadana.
Elecciones sin credibilidad
Hasta el pasado 15 de agosto, el Consejo Supremo Electoral no había mencionado convocatoria oficial, ni de manera pública en su sitio web ni en redes sociales. El 16 de agosto, luego de varios meses en silencio, a través de una certificación publicada en La Gaceta el CSE convocó públicamente a las votaciones municipales.
La convocatoria descartó la verificación ciudadana, que en procesos anteriores se realizaba con al menos cuatro meses de anticipación. El proceso virtual que se está realizando «solo para sandinistas» había sido convocada para el 13 y 14 de agosto, pero no se llevó a cabo. Ampliaron las fechas del 18 al 31 de agosto.
Las votaciones de este año son para definir alcaldes, vicealcaldes y concejales en los 153 municipios del país. Desde que regresó Ortega al poder en 2007, este proceso ha perdido credibilidad por el control del partido de gobierno en la estructura electoral y por diferentes fraudes electorales que se han denunciado durante sus últimos 15 años en el poder.
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