El sacerdote Manuel Salvador García cumple 70 días en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como el Chipote, en medio de la detención arbitraria en contra de monseñor Rolando Álvarez, a quien le han declarado casa por cárcel.
El padre García tiene 57 años, padece diabetes y toma medicamentos para una neuropatía crónica. Fue capturado el 1 de junio de 2022 por la Policía, luego de haber sido expuesto en redes sociales y medios oficialistas del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Los medios oficialistas desarrollaron una “campaña de difamación”, en la cual difundieron videos en los que supuestamente el religioso agredió a una mujer y al ser interpelado por los sujetos que lo grabaron reaccionó con violencia mostrando un machete y retándolos a que entraran al templo católico.
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Los ataques contra la Iglesia católica que han caracterizado los discursos y las acciones del régimen Ortega Murillo continúan.
La Policía anunció que puso bajo el régimen de “casa por cárcel” a monseñor Rolando Álvarez, luego de declaraciones de Rosario Murillo en la que acusa a los sacerdotes de “crímenes de lesa espiritualidad”, término que no aparece en la legislación nicaragüense.
La decisión del régimen de Daniel Ortega de mantener en casa por cárcel a monseñor Rolando Álvarez trastoca el funcionamiento de dos Diócesis, de las ocho que existen en Nicaragua, donde él se desempeña como máxima autoridad. Actualmente, Álvarez es el único miembro de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) que tiene dos cargos asignados por el Vaticano: obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la sede vacante en la Diócesis de Estelí.
A través de redes sociales, conferencias de prensa y declaraciones a diferentes medios de comunicación se han dado muestras de solidaridad con la Iglesia católica, con monseñor Rolando Álvarez y se ha reiterado el llamado de liberar a los más de 190 presos políticos.
“Repudiamos la privación de la libertad arbitraria e inconstitucional en contra de monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, sacerdotes y laicos a quienes la Policía al servicio del régimen Ortega Murillo les impide salir de la Diócesis arzobispal matagalpina”, indica el comunicado conjunto de madres de jóvenes asesinados en las protestas, estudiantes y defensores de derechos humanos.
La Conferencia Episcopal agradeció además la solidaridad del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM).
