En su afán de controlar totalmente los movimientos de las universidades públicas y privadas, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó a través del Consejo Nacional de Universidades (CNU), que las casas de estudio informen al órgano rector las entradas y salidas del país de sus directivas, personal educativo y administrativo, así como de los invitados extranjeros que recibirán eventualmente.
La decisión del CNU la fundamenta en el numeral 14 del artículo 58 de la Ley 89, el cual aprobó su reforma el 31 de marzo de este año, que indica que requiere a las Instituciones de Educación Superior (IES) la información que considere necesaria para su mejor desempeño y el de la Educación Superior.
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“Con el interés de conocer el movimiento migratorio de personal docente, administrativo y directivo de esa comunidad educativa, así como del personal académico científico que recibe la universidad en ocasión de eventos y/o para la realización de actividades contempladas en los planes, programas y proyectos que llevan a cabo, atentamente les solicitamos que formalmente nos informen de las entradas y salidas del país, con al menos siete días por adelantado”, señala el comunicado con fecha 4 de agosto y firmado por el secretario técnico del CNU, Jaime López Lowery.
El órgano rector exigió la siguiente información a los rectores de las “universidades legalmente establecidas”:
1- Nombre completo de la persona de quien salga o ingrese al país.
2- Identificación o número de pasaporte.
3- País de procedencia o destino.
4- Fecha de entrada o salida del país.
5- Motivo de la visita.
6- Duración de la visita.
7- Puerto de entrada o salida.
La reforma a la Ley 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, le otorga al CNU intervenir directamente a las IES, lo que a juicio de la jurista María Asunción Moreno, desaparece la autonomía universitaria y libertad de cátedra y es inconstitucional.
“Es una reforma con la que se pretende legalizar el control sobre las universidades públicas, a través de la eliminación de la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, y de esta forma someter a las universidades al dominio total del régimen”, dijo Moreno en una entrevista anterior con LA PRENSA.
Con esta nueva orden, el régimen orteguista oficializa el control que tiene sobre los trabajadores del Estados. En noviembre del año pasado, LA PRENSA publicó un artículo donde refiere que hay una lista, que incluye a funcionarios de gobierno, de personas que no pueden salir del país y hasta se les quitó el pasaporte.