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CONTENIDO EXCLUSIVO.Jaime Carrasco Varela es uno de los cientos de policías nicaragüenses que prestó servicio en la temida cárcel del Chipote, oficialmente llamada Dirección de Auxilio Judicial (DAJ). Él lo hizo en los años 80, durante el primer gobierno sandinista. Pero en 1991, es decir un año después de que Daniel Ortega perdió las elecciones, llegó a Canadá. Lo acompañaban su esposa Jamilet del Carmen González Cruz y su hijo Javier de Jesús, de 2 años. En Ontario la familia creció, ahora tiene cinco hijos y algunos nietos.
Tres décadas después, una acusación de delitos de lesa humanidad —que incluyen el asesinato de cuatro prisioneros— revive la amenaza de deportación que enfrenta desde su llegada a Canadá y que luego de tantos años, ahora finalmente podría separarlo de sus seres queridos y en los próximos días traerlo de regreso a Nicaragua.
Y es que los delitos de lesa humanidad son parte de la historia del Chipote, centro construido en 1931 para recluir a presos políticos. Desde su fundación es memorable por las torturas y violaciones a los derechos humanos que ahí se cometen; crímenes de lesa humanidad aseguran los especialistas. Por casi 90 años funcionó en la Loma de Tiscapa y en 2019 lo trasladaron, con todo y sus métodos, al barrio Memorial Sandino.
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Llegó a Canadá en 1991, huyendo del sandinismo
Actualmente la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), que es el nombre oficial del centro, alberga a cerca de 30 presos políticos. Familias y organizaciones nacionales e internacionales que defienden los derechos humanos denuncian constantemente las torturas físicas y psicológicas a las que son sometidas las personas detenidas a quienes se les niega incluso la comida; además del trato degradante que sufren los familiares durante las escasas visitas que permiten.
La historia de Carrasco Varela ha encontrado eco en medios de comunicación canadienses que relatan que en agosto de 1991 entró a Canadá en busca de asilo y ahora podría ser expulsado. En ese entonces aseguró que “huía del régimen despótico al que servía”, porque no estaba de acuerdo con el trato que el régimen sandinista “le daba a los disidentes” y que su vida estaba en peligro por desobedecer las órdenes.
Cabe recordar que en 1991 Ortega ya no estaba en el poder, pues perdió las elecciones en febrero de 1990 y lo entregó a Violeta Barrios de Chamorro en abril de ese mismo año. LA PRENSA intentó contactar a Carrasco para aclarar este y otros datos de su historia, pero hasta ahora no ha sido posible ubicarlo ni a él ni a ninguno de sus hijos.
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¿Obligado a tomar bando para salvar su vida?
Según los medios que han divulgado su historia, ni Carrasco ni su familia niegan que fue miembro del Ejército y que trabajó en el Chipote. Pero aseguran que no estuvo involucrado en las atrocidades de las que se le acusa. Además, aseguran que fue “obligado” a tomar bando para salvar su vida.
“(Estaba) atrapado, diría yo, en una guerra civil en la que tuvo que unirse a un bando u otro… Si no te unías, te arrastraban y te enviaban a las montañas”, dijo su hijo Javier, quien salió de Nicaragua cuando tenía 2 años.
Jaime Carrasco le contó a The Toronto Star que su función en el Chipote era transportar a los prisioneros y que nunca participó de las crueldades que ahí se cometían. También manifestó que por plantear su preocupación sobre el trato a los reclusos lo enviaron a las montañas donde se libraba la guerra entre el Ejército y la Contra y que posteriormente lo encarcelaron en el Chipote.
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En su ingreso a Canadá lo declararon inadmisible
Pero a criterio de conocedores del tema, si Carrasco trabajaba en el Chipote era policía y no miembro del Ejército, ya que esa cárcel ha estado a cargo de la Policía desde que esta se fundó en 1979.
Pese a todos estos argumentos, en su ingreso a Canadá en 1991, las autoridades migratorias lo declararon “inadmisible”. Argumentaron que había cometido delitos durante el tiempo que prestó servicio al gobierno sandinista.
“La junta de refugiados afirmó que cometió atrocidades contra personas bajo su custodia en una cárcel”, también que “participó en la matanza de campesinos en las montañas, así como en la ejecución de cuatro prisioneros responsables del secuestro de un agregado militar soviético”, detallan medios canadienses.
Al ser declarado inadmisible y excluido del programa de protección a refugiados, Carrasco obtuvo un permiso de residencia temporal especial. A partir de 1999 cuando le rechazaron la solicitud de residencia permanente, mediante una serie de apelaciones, renovó anualmente ese permiso temporal.
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Juez cuestionó su voluntad para retirarse
En 2007 un Tribunal Federal confirmó el rechazo y emitió la orden de deportación y citó el propio testimonio de Carrasco donde admitía que los “presos bajo su vigilancia fueron recluidos en condiciones brutales e inhumanas. Muchos estaban en celdas diminutas sin medios para eliminar sus excrementos y se les privaba regularmente de comida y agua mientras estaban sujetos a extremos de calor y frío, tanto que algunos murieron de insuficiencia cardíaca. También había amenazas de represalias contra sus familias”, detallan las publicaciones de medios canadienses.
Según dichas publicaciones, aunque no había motivos razonables para creer que Carrasco mató a campesinos inocentes en las montañas, al juez que llevó el caso no le quedó ninguna duda de que Carrasco “cometió crímenes de lesa humanidad en el asesinato de los secuestradores del asesor soviético”. Además, alegó que durante los 6 años que trabajó en el Chipote Carrasco tuvo “amplia oportunidad” de retirarse y no lo hizo.
Carrasco ahora tiene 58 años, debe renovar su permiso de trabajo cada año y ha tenido que presentarse una vez al mes a los servicios de Migración. Mientras tanto, sus cinco hijos son ciudadanos canadienses y su esposa está en proceso de nacionalizarse.
La familia echó raíces en Kitchener, ciudad de la provincia de Ontario, donde a finales de junio pasado la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá le comunicó a Carrasco que el 26 de julio sería deportado a Nicaragua y le presentó a los dos oficiales que lo escoltarían. Pero las gestiones de sus hijos con apoyo de la comunidad donde habitan lograron posponer el traslado hasta que la agencia decida si es seguro que Carrasco regrese a su país natal.
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