Los tres sospechosos de haberle quitado la vida a Rodolfo Silva León, de 77 años, deberán esperar hasta el próximo 11 de julio para conocer el contenido de la acusación que formulará la Fiscalía contra ellos.
Los investigados, quienes actualmente descuentan 30 días de prisión preventiva antes de ser acusados, son: Agapito Huembes Jarquín, de 41 años; Alexander Isaías Martínez Huembes, de 18 y Holvin Eduardo Rivas Ruiz, de 22. Los tres hombres son señalados de robo agravado y asesinato agravado.
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Rodolfo Silva, quien era jubilado, fue encontrado sin vida el pasado 4 de junio en el fondo de un pozo que tenía en el patio de su casa, en el barrio San Idelfonso, en Tipitapa, pero se conoció que fue asesinado la noche anterior.
El septuagenario, quien vivía solo, fue estrangulado y golpeado con un trozo de madera (garrote), según dictamen médico forense y antes de ser lanzado al fondo del pozo le ataron los pies con un mecate y lo envolvieron en una sábana multicolor.
Petición fiscal
La extensión del proceso investigativo fue autorizada por el juez de Distrito Penal de Audiencia de Tipitapa, Bayardo Zelaya Alonso, sobre la base de la Ley 1060 que reformó el Código Procesal Penal (CPP).
La Ley 1060 permite al Ministerio Público pedir en una audiencia de tutela de Garantías Constitucionales la ampliación de las investigaciones por un plazo máximo de 90 días, hasta antes de la audiencia preliminar (que es la primera audiencia en un proceso judicial).
La fiscal auxiliar Ruth Alemán Rodríguez, al pedir la ampliación de las investigaciones, alegó que la Policía está en la búsqueda de un poblador del barrio San Ildefonso, cuyo testimonio sería determinante para establecer el grado de participación de cada uno de los imputados.
Recopilan pruebas
La representante del Ministerio Público también justificó su pedimento señalando que la Policía todavía tiene pendiente por entregar los resultados de una pericia biológica practicada en la vestimenta de los acusados.
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La fiscal auxiliar, al solicitar el arresto preventivo de los tres sospechosos de haber cometido el crimen, señaló que de ser puestos en libertad ellos podrían obstaculizar las investigaciones e influir en algunos testigos.
Por su parte, el defensora pública Regina Morales Jarquín no se opuso a la petición de la parte acusadora, señalando que la petición está enmarcada dentro lo establecido en la Ley 1060.
El juez Bayardo Zelaya al ordenar la ampliación de las investigaciones advirtió a la Fiscalía que si al cumplirse el plazo de 30 días no presenta la acusación correspondiente ordenará la libertad de los señalados de cometer el crimen.