La destitución del extitular del Ministerio Agropecuario, Edward Centeno en medio de denuncias de investigaciones en la cartera de malos manejos de la misma, no significa que la dictadura está combatiendo la corrupción sino que se trata de una caída en desgracia del funcionario, que ayer recibió un cargo de menor rango, luego que se confirmara su salida del Mag el pasado martes.
Los analistas políticos Eliseo Núñez y Enrique Sáenz coincidieron en que la destitución de Centeno obedecería a una caída en desgracia del funcionario, tomando en cuenta que el régimen no suele perseguir la corrupción en su Gobierno sino que ocupa los cargos públicos para premiar o castigar a sus seguidores que le rodean.
“Lo que Ortega está tratando de hacer es que combate la corrupción, está pasando lo mismo con muchas de las alcaldías y otros lugares, pero no es un combate a la corrupción sino que simplemente al final del día es un castigo político a quienes de alguna manera se le han rebelado o no han acatado como él creía que debían haber hecho las indicaciones de Rosario (Murillo)”, dice Núñez.
Para el analista político “esto (la destitución) no persigue generar una cultura de ética dentro del régimen sino que persigue cimentar una cultura de dependencia total y que la corrupción solamente es permitida si es compartida con el régimen”.
Núñez explica que “realmente la manera en que amalgama el régimen el sistema o a todos los que son del círculo del poder es a través de dos cosas: de prebendas, que estas van en grandes prebendas que van desde coimas, comisiones y de salarios mismos, hasta pequeñas prebendas que son salarios a trabajadores del Estado de bajo nivel pero que no tienen la capacidad de ejercer, pero están ahí simplemente por recomendación partidaria”.
Pero señala que hay otro grupo, “que es el de la impunidad, que son no solamente funcionarios públicos sino empresarios entre comillas, que pueden cometer actos de corrupción y abusar del poder y son protegidos por la Policía y el sistema judicial”.
Cuando uno de los miembros de este grupo deja muy evidencia sus actos de corrupción o lo descubren robando sin que le den su parte al partido de Gobierno “o su parte de Rosario o a Daniel o a quien tengan que darle, entonces le pasan las cosas que le pasó a Centeno”, dijo Núñez.
El pasado 24 de junio, fuentes gubernamentales confirmaron a LA PRENSA que la destitución de Centeno ocurrió luego de intensas investigaciones en el Ministerio Agropecuario que desembocó en la caída inclusive de la secretaria general Marcia Zeledón, así como hasta personal de recursos humanos, conductores y conserjes.
Lea además: Ortega destituye a Edward Centeno, titular del Ministerio Agropecuario y aplica barrida en la entidad
Ortega publicó hasta el 28 de este mes el decreto de destitución vía renuncia de Centeno, así como de Zeledón, pero en medio de denuncias de investigaciones por actos de corrupción en varias instancias del Estado, ayer sacó un decreto donde creó un cargo de asesor presidencial para asuntos específicos, pese a que la especialidad de este está en el campo agropecuario. El decreto de destitución se firmó el 23 de junio y el nombramiento de nuevo cargo el 28 de este mes, pero publicado al día siguiente.
El analista político Enrique Sáenz tampoco cree que el motivo de destitución de Centeno haya sido por corrupción, al recordar que dicho régimen no castiga esta mala práctica, sino que se trata de una caída en desgracia del funcionario.
“Una cosa es segura. El ahora ex ministro del MAG no fue destituido por corrupción, por una razón muy sencilla: En un Estado mafioso como el que impuso Ortega en Nicaragua la corrupción no es un delito perseguible sino una pauta de conducta oficial y habitual. El Instituto de Basilea coloca al régimen de Ortega entre los peores del mundo en materia de riesgo de lavado de dinero, pero no por las ONGS, sino por la corrupción en la institucionalidad pública”.
Y añade: “Los informes anuales de Transparencia Internacional colocan al régimen de Ortega como el más corrupto de Centroamérica, que ya es mucho decir. Y el último lo colocó como el segundo más corrupto en América Latina. Sin embargo, ¿Cuántos altos funcionarios están investigados por la Contraloría General de la República? ¿Cuántos juicios por corrupción ha iniciado el Ministerio Público? ¿Cuántos juicios por corrupción a altos funcionarios ha desplegado el aparato judicial? ¿Cuántas condenas judiciales se conocen? Así que la destitución de cualquier funcionario público en el régimen de Ortega, principalmente de alto rango, obedece, por definición, a caídas en desgracia o intrigas políticas. Más nada”.
Cabe mencionar que durante 15 años de administración del orteguismo, el régimen no ha llevado ningún funcionario público ante las instancias judiciales por casos de corrupción, pese a denuncias de hechos en entidades similares. La única acción que ha adoptado, en medio de las denuncias públicas, es la destitución.