Después que el régimen de Daniel Ortega acabe con el proceso de lo que llama ordenamiento de las organizaciones sin fines de lucro, que ha golpeado a más de 200 organizaciones desde el 2018, ahora irá contra las instituciones financieras y del microcrédito, a las que les quitará su personería jurídica para que dejen de funcionar como organizaciones sin fines de lucro y queden operando bajo las regulaciones del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific).
La próxima movida del orteguismo en la Asamblea Nacional fue revelada este martes por el presidente de ese poder del Estado, Gustavo Porras, quien defendió la derogación de las personerías a las ONG aduciendo que estas han incumplido con la ley y por tanto debían ser canceladas.
“Estamos trabajando y yo quiero que todo mundo esté tranquilo, porque estamos trabajando lo que tiene que ver con financieras y microfinancieras, porque más de tres decenas de organismos que se dedican a los aspectos de financiamientos, de dar préstamos, créditos, jurídicamente nacieron como organismos sin fines de lucro, pero en su actividad a todas luces tienen una actividad lucrativa”, dijo Porras, al referirse a las leyes que han venido aprobando en el marco del proceso de ordenamiento y sorbe las que ahorita están preparando para otra fase.
Porras señaló que incluso estas organizaciones financieras, pese a operar como organizaciones sin fines de lucro, reportan sus estados financieros a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras o la Comisión Nacional de Microfinanzas (Conami), pero no cumplen sus obligaciones ante el Migob, porque precisamente no operan como ONG sino como empresas mercantiles.
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El proyecto de ley que el régimen está preparando para estar organizaciones financieras sería similar al que se aprobó para los clubes sociales, dando un plazo de 90 días a cinco entidades de este tipo para que se cambien de régimen y por tanto empiecen a pagar impuestos.
“Nosotros no vamos a actuar sobre ellas, porque al no cumplir ante el Ministerio de Gobernación debiéramos cancelarles las personerías jurídicas por incumplimiento de las obligaciones, pero tampoco somos ciegos e irresponsables”, dijo Porras en entrevista a un medio de propaganda del orteguismo.
Porras dijo que ya están trabajando el proyecto de ley en coordinación con los reguladores de las entidades financieras, pero van a buscar a los socios de las entidades que serán afectadas “para dar tranquilidad tanto a los acreedores, deudores, los que tienen créditos con ellos, para que todos estén tranquilos… más bien es tratando de poner las cosas orden”.
“Ellos van a seguir operando, incluso siguen siendo supervisadas, reguladas y regidas por Conami en el caso de las microfinancieras y en el caso de las financieras por la Siboif, ellos seguirían así, lo que no puede ser que tengan una personería jurídica de organismos sin fines de lucro, porque no lo son, y esa cobija puede prestarse a confusiones y en algunos casos puede prestarse a que no cumplan con sus obligaciones tributarias”, insistió el orteguista.
“Es decir no tienen por qué tener exoneraciones, ellos conservarán toda su dinámica, su mercado establecido, su dinero colocado en el país, por eso no lo hemos hecho sino es a partir de identificar a cada uno de ellos y viendo con ellos mismos, con los socios, cómo podemos ir avanzando poco a poco en este asunto”, agregó.
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Porras admitió que este tipo de medidas que van a adoptar suelen generar incertidumbre y están haciendo esfuerzos para evitar que esta movida ocasione un impacto en la actividad, aunque no precisó cómo es que evitarán que la zozobra que ha generado la destrucción de más de 200 organizaciones sin fines de lucro no tenga un impacto fuerte en los indicadores de las microfinancieras y financieras, ya afectadas por tres años de recesión.
“Recordá que estos organismos tienen refinanciamiento del exterior, si vos tomás una acción puede haber una preocupación, nosotros no queremos eso y por eso queremos dar tranquilidad en cuanto al funcionamiento de estos organismos para que sea un proceso simple, consensuado”, admitió Porras.
Sobre la cancelación de ONG
El operador del régimen en la Asamblea también reveló que en Nicaragua hay más de 7,000 organizaciones sin fines de lucro inscritas “y de los cuales hay una gran cantidad de seis mil y tanto que están en incumplimiento de sus obligaciones con el Ministerio de Gobernación”.
Es “decir que tienen tres años de no actualizar sus juntas directivas, que los estatutos a lo mejor refieren que tienen que ser actualizadas anualmente, que tienen dos o tres años de no presentar sus estados financieros, es decir una serie de obligaciones que tienen estos organismos y hay una gran cantidad de estos organismos que no han cumplido”, dijo Porras.
Porras aseguró que están llamando a las ONG para que cumplan con sus obligaciones de ley y las que no cumplen se pasan a la cancelación de su personería jurídica. Asegura que Gobernación antes de que se dé el proceso de cancelación de la personería, llama a los miembros de esas organizaciones para que completen la información y una vez revisado se pasa a cancelación.
Para Porras la cancelación de personería jurídica “es un proceso natural, es decir vos tenés un organismo, tenés 10 años, después dejó de funcionar, ahí lo dejaste, pero la personería jurídica sigue viva, entonces hasta ahora con todas estas regulaciones se está poniendo el ojo, para revisar y si un organismo no cumplió, no se ha puesto al día con sus obligaciones, no ha cumplido con sus propios estatutos entonces se procede a la cancelación”.
Pese a lo manifestado por Porras, lo cierto es que muchas de las organizaciones sin fines de lucro han denunciado que en Gobernación no se les aceptan sus documentos desde el 2018 y otras fueron sorprendidas por la derogación, pese a tener en orden su información ante las autoridades.
Porras dijo que hay organismos de este tipo que han violentado la ley, al desviarse del objetivo por el que fueron creados.
El operador del orteguismo manifestó que la Ley de agentes extranjeros se aprobó porque es una exigencia de los organismos reguladores internacionales que luchan contra el lavado de dinero y dijo que Nicaragua ha sido reconocida en esa lucha ante los organismos externos.
El funcionario agregó que la revisión de las personerías jurídicas de las ONG va a seguir y no descartó que el proceso se extienda si surgen actualizaciones de las normas internacionales enfocadas en la lucha contra el blanqueo de capital.