La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) expresó este lunes su “profunda preocupación” ante la reciente ley aprobada por la Asamblea Nacional —controlada por el régimen de Daniel Ortega— que regula y controla a las ONG de Nicaragua, debido a que considera que restringe “aún más el funcionamiento de la sociedad civil”, contraviniendo a los derechos humanos de Nicaragua.
La Asamblea Nacional aprobó el 31 de marzo la “Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro”, que prohíbe expresamente a las organizaciones no gubernamentales (ONG) participar en actividades políticas.
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“Les exigen que busquen la aprobación del Gobierno para sus actividades e imponen nuevas restricciones en materia de presentación de informes, incluido el detalle fuentes de financiación, estados financieros, actividades y beneficiarios. Además, la ley prohíbe que las ONG realicen proselitismo político y partidos políticos, sin definir claramente qué se entiende por tales actividades”, declaró Liz Throssell, portavoz del Oacnudh, a través de un pronunciamiento publicado por el organismo.
#Nicaragua: Nos preocupa profundamente la nueva ley que restringe aún más el trabajo de la #SociedadCivil – Liz Throssell, Portavoz de @UNHumanRights
— OACNUDH (@OACNUDH) May 9, 2022
Pronunciamiento completo 👉🏿https://t.co/kk1ga05Vks https://t.co/n20NsMpmpy
Ley restringe más la libertad de expresión
La nueva ley deroga la anterior legislación denominada “Ley General sobre personas jurídicas sin fines de lucro”, que estaba vigente desde el 29 de mayo de 1992, y que fue usada para cancelar más de 100 fundaciones, asociaciones e institutos, muchos de estos vinculados a críticos y opositores que se manifestaron en contra del régimen orteguista.
Según la Oacnudh, desde 2018 al menos 209 organizaciones han sido clausuradas en el país, de las cuales unas 137 han sido cerradas en lo que va de este año, entre las que destacan ONG de derechos humanos, que también velaban por los derechos de las mujeres y los derechos de los pueblos indígenas; grupos que trabajaban en los campos de la educación y el desarrollo, así como asociaciones médicas.
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El pasado 4 de mayo, la Asamblea Nacional canceló en una sola sesión la personería jurídica de 50 ONG, sumando más de un centenar de organizaciones no gubernamentales eliminadas en cuatro meses.
“La nueva ley también limita al 25 por ciento la proporción de lo que denomina ‘miembros’ extranjeros de ONG, lo que también limita la libertad de expresión y asociación de los ciudadanos extranjeros que residen en Nicaragua. Tememos que todas estas restricciones restrinjan la libertad de expresión y asociación de cualquier organización que intente criticar al Gobierno”, señaló Throssell.
El organismo también hizo mención de las universidades privadas que han sido confiscadas por la dictadura y que ahora están bajo su control, e instó al régimen de Ortega a restablecer las personerías jurídicas a todos los actores que han “cerrado arbitrariamente”.
“Es crucial que las autoridades de Nicaragua dejen de cerrar indebidamente las ONG y restablezcan la personalidad jurídica de todas las organizaciones, partidos políticos y medios de comunicación que han sido cerrados arbitrariamente. Exhortamos a las autoridades a devolver todos los bienes, documentos y equipos indebidamente incautados”, instó la portavoz del organismo.