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CONTENIDO EXCLUSIVO.El primer escritorio donde la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) empezó a recibir denuncias, fue una vieja tabla de madera, según relató su fundador José Esteban González a la Revista DOMINGO en 2017.
Uno de los primeros casos que atendió la CPDH desde su fundación el 20 de abril de 1977, fue el de uno de los comandantes sandinistas que había sido capturado por la Guardia Nacional de Somoza. Se trataba de Tomás Borge.
José Esteban González era el coordinador nacional de la CPDH en aquel entonces, y también era miembro activo del Partido Social Cristiano y se encontraba en una reunión con otros políticos cuando llegaron a avisarle que Borge había sido encarcelado junto a otro guerrillero llamado Marcos Jaen.
“Nos reuníamos en la casa de Pedro Joaquín Chamorro y estando en reunión llegó alguien a decir “Acaban de capturar a Tomás Borge en Linda Vista”. Uno de los que estaba allí, como Tomás Borge era de una línea Marxista-Leninista, dijo, “qué lo maten a ese tal por cual”, y nosotros nos levantamos y dijimos: “No señor, él es un ciudadano y lo que tenemos que pedir es que respeten sus derechos”, relató González.
Digna Zamora de Corea, otra de las fundadoras de la CPDH, también relató que cuando Borge era prisionero, la Guardia lo llevó a un hospital porque se encontraba muy mal de salud y fue encadenado a la cama. La CPDH reclamó para que lo desencadenaran.
“Lo que nosotros pedíamos era que se les hiciera un juicio público, justo y con derecho a defenderse, que no se les torturara”, decía González.
En la actualidad, la CPDH se encuentra ilegalizada por aquellos a los que un día defendió. El pasado 20 de abril de 2022, cumplía 45 años desde su fundación, pero ese mismo día, la Asamblea Nacional controlada por Daniel Ortega despojó al organismo de su personería jurídica.
Esta era la última organización defensora de derechos humanos legalmente establecida que quedaba en Nicaragua, después que el régimen ilegalizara al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) en diciembre de 2018. Otra organización era la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), cuyos directivos tuvieron que salir al exilio en 2018.
Los últimos tres años, la CPDH “era la única que quedaba recepcionando denuncias de los nicaragüenses que sufren por la represión”, señala Pablo Cuevas, quien era asesor jurídico de la organización y tuvo que salir abruptamente de Nicaragua junto a su familia el pasado 8 de marzo porque una fuente policial le advirtió que iba ser detenido.
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Cuevas no descarta que otros trabajadores de la organización también hayan tenido que salir del país. Entre los funcionarios de la CPDH también hay presos políticos. La abogada María Oviedo permanece detenida en las celdas de Auxilio Judicial desde julio del 2021 y su madre ha denunciado que permanece en aislamiento y con graves problemas de salud.
Los primeros años con Somoza
La CPDH nació por la necesidad de denunciar los vejámenes y crímenes cometidos por la Guardia Nacional en contra de quienes se oponían al somocismo explicó su ya fallecido fundador, José Esteban González.
Por eso es que, en 1977, el hombre empezó a visitar abogados, sindicalistas, empresarios, sacerdotes, socialistas, conservadores, liberales, y les habló de la idea de fundar un organismo defensor de derechos humanos.
Con pocas personas y pocos recursos fue que se abrió la primera oficina de la CPDH en una sala con salida independiente a la calle en una propiedad del Partido Social Cristiano.
En su Informe País de 1981, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mencionó que “la CPDH se destacó por su eficaz labor en uno de los períodos más dramáticos de la historia de Nicaragua”.
“Entre las actividades cumplidas por esa entidad durante el Gobierno del General Somoza, la CPDH proporcionó asesoría jurídica a las innumerables víctimas de violaciones de derechos humanos; realizó gestiones ante las autoridades para impedir tales violaciones; localizó y defendió a los campesinos capturados por la Guardia Nacional; y proporcionó informaciones y testimonios ante diversos organismos humanitarios internacionales”, detalló el organismo regional.
“La CPDH era tan necesaria que inmediatamente la gente respondió porque cada cual tenía un pariente, un amigo, un conocido que estaba sufriendo. Una señora que estaba viuda, una madre que tenía a sus hijos sufriendo”, relató González en 2017.
Él mismo contó que le tocó ira a Monimbó casa por casa preguntando por las víctimas del somocismo y se encontró con una señora que le entregó un frasco grande que tenía un pie adentro.
El pie era del hijo de la señora que se lo habían arrancado un bazucazo.
“Y otro vaso que tenía un montón de dedos y pedazos de manos también”, recordó González.
En la pequeña oficina de la CPDH se empezaron a recibir de dos a tres denuncias por día, hasta que fue incrementando el número y el personal ya no daba abasto. También visitaban las cárceles somocistas para preguntar por los guerrilleros sandinistas desaparecidos y torturados.
Para 1979, todo estaba peor en el país y las manifestaciones antisomocistas incrementaban, al igual que las detenciones y arbitrariedades en contra de la población. La CPDH, al igual que ahora, brindó acompañamiento a las víctimas.
Para aquel entonces, González decidió ir al El Vaticano para hablar con el Papa Juan Pablo II sobre los crímenes cometidos por Somoza. “En Roma hay una sala enorme que es donde el Papa hace generalmente las audiencias. Ahí entran como diez mil personas. Y las que tienen algo especial que decirle al Papa se ponen en primera fila. Yo tenía el nexo con la democracia cristiana, y ellos, que eran el gobierno entonces, me consiguieron por los canales oficiales que me pusieran en primera fila”, contó González.
Cuando el Papa se acercó, González le entregó una lista de crímenes graves y detallados que cometía la Guardia. Cuando le tocó regresar a Nicaragua, sus compañeros de la CPDH le advirtieron que mejor no volviera porque podía ser encarcelado, así que se dedicó a realizar una gira por países de Europa y América para denunciar las barbaries de Somoza.
Asalto sandinista
El Jefe de la Policía Sandinista de Managua, comandante Enrique Schmidt, rompió las puertas de la CPDH la mañana del 11 de febrero de 1981. No llegó solo. Él era el que lideraba el comando cuyo objetivo era ocupar las oficinas y los archivos de las denuncias que había en contra del nuevo gobierno sandinista.
Eran las nueve de la mañana y una hora y media después llegó el ministro de justicia Ernesto Castillo y dejó un decreto de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional diciendo que en vista de que la CPDH “realiza actividades al margen de la ley”, se ordenaba la suspensión de todas sus actividades, hasta que las autoridades verifiquen la legitimidad de su existencia y actividades.
El mismo Castillo había firmado una resolución la tarde anterior ordenando que los archivos pasaran a custodia del Ministerio de Justicia. Las oficinas de la CPDH permanecieron ocupadas por la Policía Sandinista hasta el 14 de febrero, cuando hicieron entrega de todo el archivo y de las oficinas al presidente de la organización en aquel momento, el doctor Ricardo Páiz Castillo, según consta en una comunicación que envió el gobierno sandinista a la CIDH.
Los sandinistas no se volvieron a tomar la sede de la CPDH, sin embargo, según consta en algunos informes de la CIDH en aquella época, sus funcionarios continuaron siendo presionados, amenazados y obligados a salir del país.
La CIDH le recomendó al gobierno sandinista “que se garantice a las Comisiones dedicadas a la defensa y promisión de los derechos humanos en Nicaragua, sean oficiales o privadas, su completa autonomía y el ejercicio de sus actividades”.
La razón por la que fueron tomadas las oficinas de la CPDH en 1981 fue porque José Esteban González había hecho una segunda gira de dos meses por Europa y le entregó al Papa una nueva lista de violaciones a los derechos humanos, esta vez, cometidos por el gobierno sandinista.
Debido al cambio político que estaba viviendo el país, la CPDH ahora recibía denuncias en contra del régimen sandinista. “La mayoría eran familiares de Guardias que no sabían dónde estaban. Los habían capturado en sus cuarteles y se los habían llevado. Ni siquiera sabían dónde estaban”, recordó González en 2017.
De la misma manera en que la CPDH iba a preguntar por los guerrilleros desaparecidos a las cárceles somocistas, también lo hacía por los guardias que habían sido detenidos bajo el régimen sandinista.
Antes de su viaje, Tomás Borge, quien se había convertido en Ministro del Interior, mandó a llamar a González y le dijo que era necesario que suspendiera sus actividades de “calumnias y falsedades” en contra del gobierno sandinista y sentenció que la CPDH tenía que desaparecer, según contó González, quien no le hizo caso y más bien se fue a dejarle la lista de crímenes al Papa.
Cuando González regresó de su gira el 13 de febrero de 1981, las oficinas permanecían tomadas y en el aeropuerto lo esperaba una turba de unos 50 miembros del Frente Sandinista, según reportes periodísticos de la época. Le lanzaron tomates, huevos y estaban listos para golpear a González cuando saliera, pero al final no le hicieron nada.
El 19 de ese mismo mes, González iba en un carro acompañado de su secretaria, un escolta, el coordinador de empleados de la CPDH y un chofer, cuando los rodearon unos cuatro vehículos de la Seguridad del Estado.
“Estaban Lenín Cerna y Luis Carrión me parece. Dijeron: “Nos vas a acompañar”. Me saqué mi cartera con los realitos que andaba, dije que le avisaran a mi familia. Me llevaron a Tiscapa. Por donde está la silueta de Sandino”, contó González.
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Ahí estuvo detenido y Tomás Borge fue a visitarlo. “Él me manifestó que la Dirección Nacional del Frente Sandinista está sumamente contrariada y que exigían una rectificación, que de lo contrario yo me podriría en la cárcel. Si por defender una causa noble y justa, si por defender la verdad tengo que podrirme en la cárcel, con todo gusto lo haré”, relató a LA PRENSA en aquella época.
Poco más de un mes después, González fue liberado y tuvo que exiliarse en Venezuela y estando allá le avisaron que lo habían acusado de terrorismo y de estar implicado en un plan para asesinar a dirigentes de la revolución y para volar la refinería de petróleo. Lo condenaron a 16 años de cárcel más cinco de trabajo forzado.
Represión orteguista
Al igual que a finales de los setenta y en los ochenta, a la CPDH le ha tocado vivir la represión de un nuevo régimen dictatorial, al punto en que, desde mediados del 2021 en que empezó una nueva oleada de detenciones en contra de opositores, periodistas, defensores de derechos humanos y demás, sus funcionarios tomaron la decisión de autocensurarse y no brindar entrevistas y tampoco hacer conferencias de prensa tan seguido, cuenta Pablo Cuevas.
Sin embargo, los funcionarios de la CPDH no pudieron evadir las amenazas ni el encarcelamiento de su colaboradora, María Oviedo. La represión del régimen desembocó en la ilegalización de organismos y en el exilio de varios de sus trabajadores.
“Nuestras oficinas estaban asediadas. Los paramilitares estaban siempre tomándoles fotos a las personas que llegaban a poner denuncias. Tuvimos que salir de madrugada y buscar puntos ciegos para irnos a Costa Rica”, dijo el director ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, a medios de comunicación estadounidenses.
Desde Costa Rica, los directivos partieron a Estados Unidos. A Pablo Cuevas incluso le tocó cruzar el río Bravo en la frontera con México junto a su familia.
Por ahora, el edificio de la CPDH no ha sido tomado por la Policía, pero sus directivos no descartan que sea confiscado a como ha pasado con las instalaciones de otras organizaciones, y a como sucedió en los ochenta con el primer gobierno sandinista.