A partir de abril de 2018 la vida de los nicaragüenses no es la misma. La crisis sociopolítica ha marcado un antes y un después, pero hay familias para las cuales el año quedó más marcado por el dolor y los recuerdos de parientes a los que no pueden ver porque fueron asesinados o permanecen presos. Esta es la historia de tres familias que han sufrido en más de una ocasión la represión del régimen Ortega Murillo.
«Me quedé solo en esta casa»
La madrugada del 11 de mayo de 2018 la familia Parajón recibió la noticia de que Jimmy Parajón había fallecido. Su padre, Miguel Parajón, vio el cuerpo de su hijo con un agujero en el pecho y es una imagen que aún tiene presente.
“Logré ver el cuerpo de mi chavalo. Tenía el hoyo en el pecho. En Medicina Legal no me dieron la bala ni nada. El que tenía los documentos de la causa de muerte era Yader, porque él se encargaba de lo de su hermano. Pero nunca nos dijeron qué tipo de bala lo mató, de qué calibre, hasta la fecha no nos dijeron nada. El disparo fue en el corazón, me le dieron en el pecho, me le desbarataron unas arterias, estuvo vivo durante un rato, pero tardaron en llevarlo al hospital y salieron a decirnos que acababa de fallecer”, recuerda.
Miguel Parajón dice muy consternado: “Me quedé solo en esta casa”, haciendo referencia al fallecimiento de su esposa, el asesinato de Jimmy y la detención de Yader, su otro hijo.
La esposa de Miguel falleció producto de un cáncer en el estómago en 2017, y seis meses después recibió la noticia del asesinato de Jimmy. “Con el aniversario me acuerdo de los jóvenes que murieron como el joven (Álvaro) Conrado y el mío (Jimmy Parajón) que murió el 11 de mayo, no murió, me lo mataron”, aclara.
Con Yader vivieron asedio policial. Todos los días llegaban a su casa cuatro patrullas que les impedían salir.
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Yader fue capturado en la frontera del Guasaule el 4 de septiembre de 2021 cuando viajaba con rumbo a Honduras. “Él iba a buscar vida porque decía: ‘Papá nada estoy haciendo aquí, ya no estoy estudiando’. Él estudiaba cuarto año de psicología en la UCA. ‘Voy a buscar vida por otro lado porque no estoy haciendo nada’. Se fue el 4 de septiembre, como a las 12:00 de la noche me lo agarran en el Guasaule, me lo mandan a la Estación Tres, luego al Chipote, pero me costó localizarlo, no me daban información. Yo ya estaba afligido. Yo hasta decía ya me lo desaparecieron. Los dos fueron víctimas de esta gente”, dice.
Indica que reclamaban justicia, cuestionando el porqué mataron a Jimmy, quién le disparó, quién le quitó la vida si existe el derecho a la protesta y por ese reclamo arrestaron a Yader.
Yader Parajón fue acusado por el supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, en el juicio a cargo de la jueza Ulisa Tapia, fue condenado a 10 años de prisión. Se encuentra en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como el nuevo Chipote y su padre lo ha podido ver solo en 5 ocasiones, en más de 230 días detenido.
“Durante los casi 8 meses que tiene de estar ahí, yo lo he visto cinco veces. Él está en el Chipote. La última vez fue el 18 de marzo. Él habla normal, dice que se siente bien, pero yo lo miro muy delgadito, tal vez dice eso para no afligirme, pero yo le miro sus manos muy delgaditas. Yo le digo qué pasó y él me dice: ‘Papá estoy bien no se aflija’. Pero a mí no me convence. No sé cuándo es la próxima visita porque a uno lo llaman de repente. Nos avisan con un día de anticipación. Con él no platicamos nada del aniversario porque ahí no se sabe, está encerrado uno y debe haber micrófono, uno nunca sabe”, relata.
Cuatro muertos y dos detenidos de la familia Montenegro
La familia Montenegro era una familia grande, dedicada al campo; sembradores de café y criadores de cerdos y reses se reunían en la casa paterna, originaria de Wiwilí, Jinotega. Además de ser unidos tenían en común su oposición al gobierno de Ortega y Murillo.
“Nuestra familia Montenegro se integró en las acciones de las protestas cívicas ante las aberraciones a los derechos humanos que se cometían en contra de los ancianos, de los estudiantes, de la Iglesia católica, se asumió un rol de liderazgo entre los campesinos, los estudiantes, los tranques, las marchas y todas las acciones de protestas cívicas. Esta actuación ciudadana de nuestra parte desencadenó el odio, la persecución, la crueldad de los adeptos al partido del Gobierno”, afirma Thelma Montenegro.
Ese “odio” se tradujo en el asesinato de cuatro miembros y la detención de dos de los Montenegro. El primero, el hermano de Thelma, Oliver Montenegro, brutalmente asesinado el 23 de enero de 2019, por un grupo de 15 a 20 individuos fuertemente armados, vestidos de policía y civil, “a vista y paciencia de toda la comunidad”.
“El cuerpo de mi hermano quedó destrozado, desfigurado, nosotros pudimos enterrar únicamente partes de su cuerpo, en medio de una crueldad, de la vigilancia de estas fuerzas de Policía y paramilitares que no querían siquiera que nosotros pudiésemos asumir nuestro derecho de recoger los restos de mi hermano y darle cristiana sepultura como son nuestros principios cristianos”, expresa Thelma.
Seis meses después fue asesinado el hermano mayor de Thelma, Edgard Montenegro, conocido líder opositor, señalado por la Policía y Ministerio de Gobernación como “terrorista”. Para los Montenegro, Edgard era “el máximo ejemplo de oposición y rebeldía” en la familia.
“Ante el primer asesinato, Edgard decidió trasladar al resto de mis hermanos, sobrinos, sus hijos, al país de Honduras y así encontrar un refugio para salvaguardar sus vidas, pero fue hasta Honduras, en una comunidad de nombre Trojes, donde los alcanzó la mano asesina roja y negra. Ahí fue asesinado mi hermano Edgard Montenegro junto a su hijo Yalmar, el 27 de junio de 2019”, recuerda.
Gracias al apoyo de las organizaciones de derechos humanos y de la Iglesia lograron repatriar los cuerpos, pero debieron esperar tres noches porque no los dejaban pasar por la frontera. “Ni muertos los querían dejar a su patria”, dice.
“Creíamos que ya habían asesinado al máximo líder opositor en nuestra familia. Decimos, ya quizá no nos van a seguir asesinando, pero no, no llegó hasta ahí la crueldad, dos meses después, el 27 de agosto de 2019, le tocó a mi esposo, Francisco Luis Blandón Herrera, otro campesino, productor, fue asesinado de seis balazos por un motorizado y también en la vía pública, en presencia de la localidad de donde nosotros venimos”, agrega Thelma.
Además de los asesinatos, los Montenegro han sido separados por la encarcelación de dos de sus miembros y la toma de sus tierras.
En la lista de personas presas políticas se encuentran Dorling Montenegro, de 23 años, capturado el 29 de noviembre de 2020, y Oliver Montenegro Muñoz, de 24 años, capturado el 21 de junio de 2020. Ambos ya condenados.
“Hijos de mi primer hermano asesinado, de Oliver, uno está purgando una condena de diez años por un delito que no cometió, él ya está condenado. El otro capturado de manera violenta. Para capturarlo a él hicieron una balacera 15 motorizados armados fuertemente y se llevaron a mi sobrino y lo están procesando. En el sistema judicial está una acusación donde los policías aparecen como víctimas y testigos, y casualmente son las mismas personas que llegaron a nuestras casas a agredirnos por el hecho de ser opositores».
Los hermanos Martínez detenidos por no querer reprimir
En la lista de presos políticos hay tres jóvenes con los mismos apellidos. Son tres hermanos que se encuentran en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, La Modelo, y aunque se hallan en la misma prisión, están separados de sus seres queridos.
Adrián Alexander, de 20 años; Ángel Sebastián, de 24 años, y Richard de Jesús, de 22 años, son los hermanos Martínez Arana, los tres fueron sacados de su casa el 29 de agosto de 2018 por la Policía, en el barrio Auxiliadora junto con sus primos Jefry José Ortega Orozco y Axel Manuel González Garay.
Su progenitora es una madre soltera que trabajaba lavando y planchando, y de vez en cuando vendía ropa para poder conseguir dinero y llevarle paquetería a sus hijos.
Una familiar de los cinco jóvenes dijo a LA PRENSA que ellos eran asediados por miembros de la Juventud Sandinista de su barrio desde abril del 2018, cuando llegaron a ofrecerles 300 córdobas, almuerzo y una moto con combustible para que se unieran a paramilitares y fueran a reprimir a manifestantes opositores.
“Los muchachos se negaron a participar porque no estaban de acuerdo con andar golpeando y matando gente en las protestas, porque no estaban de acuerdo, sobre todo porque tenemos familiares que son universitarios. Además, ellos le reprocharon que nadie les garantizaba que no los mataran a ellos. Desde ahí ha sido un acoso horrible”, relató otro familiar.
Cada abril, las familias recuerdan el inicio del estallido social, reviven los momentos en que perdieron a sus familiares asesinados por disparos certeros y albergan la esperanza de lograr la libertad de los presos políticos. Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, al finalizar marzo se contabilizan de 181 presos políticos.
