El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció este domingo que retiró las credenciales de los representantes de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA). “No tendremos presencia en ninguna de las instancias de ese diabólico instrumento del mal llamada OEA”, anunció la dictadura a través de un virulento comunicado.
De igual forma, la dictadura anunció el cierre de la sede en Nicaragua de la OEA en el comunicado oficial que fue leído a través de los medios oficialistas por el canciller orteguista Denis Moncada, quien apareció junto a Michael Campbell e Iván Lara, a quienes el régimen había nombrado como representantes permanentes alternos ante la OEA.
De acuerdo con el sitio web de la OEA, la sede del organismo está ubicada en las Sierritas de Santo Domingo, en Managua, y “actualmente no hay representante asignado a la Oficina de la Secretaría General en Nicaragua”. Momentos después de que se conociera el comunicado, medios oficialistas publicaron videos y fotografías de policías a las afueras de lo que era la sede de la OEA.
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OEA: es una violación de las normas internacionales
Horas después, la OEA reaccionó a las acciones del régimen y calificó de ocupación ilegal las oficinas del organismo en Managua. “Ello es una violación de las más elementales normas internacionales. Nicaragua es miembro fundador de la OEA”, dijo en un comunicado.
Además recordó que el proceso para que Nicaragua deje de ser parte del organismo tiene una duración de dos años. “Si bien ha denunciado su Carta, esta denuncia solo entrará en vigor a fines del año 2023 (…) Hasta tanto, Nicaragua es miembro pleno de la Organización y debe cumplir con todas sus compromisos. El artículo 33 de la Carta de la OEA garantiza la inmunidad de sus actividades en los países miembros”.
Exigió al gobierno respetar las obligaciones de su relación con la OEA y con toda organización internacional de la cual Nicaragua es parte. “Sus oficinas, archivos y documentos gozan de la más absoluta inviolabilidad. Su violación por las autoridades nicaragüenses les hace internacionalmente responsables por sus consecuencias”, agregó.
Con esta decisión, Nicaragua se queda sin representante en el organismo regional, un paso más para salirse del mismo y cuyo proceso inició en noviembre de 2021 con la denuncia a la carta de la OEA, en respuesta a la resolución “La situación de Nicaragua” aprobada por la Asamblea General que declaró ilegítimas las elecciones generales del pasado 7 de noviembre y mandó a una evaluación por parte del Consejo Permanente de la crisis del país, antes del 30 del mismo mes.
Los representantes del régimen eran el recién nombrado Orlando Tardencilla, representante permanente con rango de embajador extraordinario y plenipotenciario; Iván Lara y Michael Campbell, representantes permanentes alternos.
Tilda a la OEA de “calamitosa, truculenta y mentirosa dependencia”
En el virulento comunicado, una vez más el régimen orteguista expresó que “ratificamos nuestra invariable decisión de abandonar la OEA, según lo expresado el día 19 de noviembre del 2021”.
Al confirmar la denuncia y renuncia irrevocables, el régimen aprovechó para tildar al organismo de ser “calamitosa, truculenta y mentirosa dependencia del Departamento de Estado del imperialismo yanqui”.
En esa línea dijo que “a partir de esta fecha dejamos de formar parte de todos los engañosos mecanismos de este engendro, llámense Consejo Permanente, llámense comisiones, llámense reuniones, llámense Cumbre de las Américas”.
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Por otro lado, continuando con la retórica, el régimen acusó a la OEA de ser un “instrumento del imperialismo yanqui” en alusión a Estados Unidos, para “violentar derechos e independencias, auspiciando y promoviendo intervenciones e invasiones, legitimando golpes de Estado en distintos formatos y modalidades, en el afán que por supuesto no logran de desintegrar, por humillación, claudicación y rendición, nuestras soberanías nacionales”.
Y como es costumbre también salieron a relucir epítetos como parte de la arremetida en contra del organismo que ha seguido de cerca la crisis sociopolítica y violación de derechos humanos en Nicaragua. La dictadura calificó a la OEA de ser un “instrumento del mal” y de ser un “mecanismo infernal”.
El comunicado finaliza diciendo que “el pueblo heroico de esta Nicaragua bendita y siempre libre, expulsa a la nefasta Organización de Estados Americanos”.
“Es una victoria moral”
El exembajador en la OEA, Arturo McFields Yescas, dijo en su cuenta de Twitter que “la salida de la dictadura de la OEA es una victoria moral para el pueblo de Nicaragua y en especial para los más de 180 presos políticos y sus familiares. Hay esperanza para Nicaragua”.
Él, hasta hace un mes, era el representante del país, sin embargo, el pasado 23 de marzo, en plena sesión, tomó la palabra para denunciar a la dictadura.
“Tomo la palabra el día de hoy en nombre de más de 177 presos políticos y más de 350 personas que han perdido la vida en mi país desde el año 2018”, indicó. “Denunciar la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible”, señaló.
Ortega “busca evitar una expulsión”
Carlos Cascante Segura, profesor de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), valoró que la decisión de Ortega continúa con su línea de alejarse de las instituciones hemisféricas que cuestionan la dictadura. “Está claro que esa decisión la toman para evitar una expulsión, ese contenido simbólico”.
A pesar de la decisión, Carlos Murillo Zamora, experto en derecho internacional, temas de integración y catedrático de la Universidad de Costa Rica (UCR), destacó que “los compromisos adquiridos antes de ese retiro se mantienen por un periodo de dos años”, y añade que “el que un país se retire de un foro intergubernamental no tiene efecto inmediato en todos los aspectos”.
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Por lo tanto, el retiro de Nicaragua de la OEA será oficial y efectivo hasta en noviembre de 2023, partiendo de que el proceso dura dos años. Durante el lapso, el régimen de Ortega deberá cumplir con todas sus obligaciones políticas y financieras con la organización.
El artículo 143 de la Carta de la OEA establece que una vez presentada la denuncia tendrán que pasar dos años para ser efectivo. “Transcurridos dos años a partir de la fecha en que la Secretaría General reciba una notificación de denuncia, la presente Carta cesará en sus efectos respecto del Estado denunciante, y éste quedará desligado de la Organización después de haber cumplido con las obligaciones emanadas de la presente Carta”.
Tras esta decisión, Cascante Segura dijo las consecuencias pueden ser graves desde el punto de vista de “cooperación internacional”.