Este viernes circuló públicamente una imagen que muestra a cinco de los presos políticos, que se encuentran bajo régimen de arresto domiciliario, junto a los custodias de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (DOEP).
Los presos políticos que aparecen en la fotografía son: Mauricio Díaz, María Fernanda Flores, Jaime Arellano, Cristiana Chamorro y Edgard Parrales. Fuentes cercanas a los presos políticos señalaron que estos les toman fotografías dos veces al día, por la mañana y por la tarde.
En la imagen se observa información que indica el Departamento de Managua, la fecha y la «ubicación de las fuerzas de la DOEP en: Casa de los reos».
La fotografía no está publicada en el sitio web de la Policía.
Un abogado penalista, bajo condición de anonimato, recalcó que el régimen no realizó el proceso de manera pública como lo establece la ley. El abogado considera que esas fotografías son una humillación más en contra de los presos políticos cuyos derechos humanos son violentados a diario. «¿En qué condiciones estarán los presos políticos en las celdas de tortura», se preguntó.
«Trato cruel e inhumano»
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, dijo que esta acción de hacerle fotos a los presos políticos que están cautivos en sus domicilios es una violación a la privacidad y está también dentro del concepto de «trato cruel e inhumano», que es una de las prohibiciones establecidas en la Carta de las Naciones Unidas y los derechos humanos y libertades fundamentales, proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
«El arresto domiciliar solo te afecta tu libertad de movimiento hacia el exterior de la casa y hacia los lugares públicos, pero aquí en este caso lo que están violando además es su derecho a la privacidad, por tener dentro de la casa a estos policías vigilándote hasta en el momento que vas al baño, y ahora esta exposición fotográfica, es un trato cruel e inhumano, es una exposición que viola su derecho a la privacidad y es exponerlos y decir: vean aquí los tenemos presos», reiteró Núñez.
«Es un agravamiento de su integridad física, psíquica y moral; este es un escarnio, es una exposición pública que les causa afectaciones emocionales», agregó la presidenta del Cenidh.
Exhibición sin justificación legal
El presidente del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + y defensor legal, Gonzalo Carrión, antepuso que los detenidos que aparecen en las imágenes y otros más de 100 presos políticos no han tenido procesos legales justos y sus detenciones han sido claramente políticas, por su oposición al régimen de Daniel Ortega y su esposa y cogobernante, Rosario Murillo.
Sin embargo, Carrión apuntó que si hubiera que valorar esos casos como procesos legales de acuerdo con el Derecho Universal, ni así se justifica esa exhibición de los detenidos, y más bien calificó esa acción como otra demostración de la capacidad de maldad del régimen Ortega Murillo.
«No existe una ley que pueda facultar eso. Ahí lo que exhibe es un atentado a la integridad de las personas allí exhibidas. Las personas tenemos un derecho universal a la intimidad», manifestó el defensor legal.
Carrión además señaló que cuando se trata de arresto domiciliario, el resguardo policial debe estar en los alrededores de la casa, no en su interior.
«Ninguna ley puede autorizar esas exhibiciones invasivas, porque incluso allí se mira que aparecen con ropa de dormir. La toma de foto seguramente es para dar fe de vida, pero la foto tiene el propósito de humillarlos públicamente», agregó el abogado.
Primeras imágenes de presos políticos bajo detención domiciliaria
Estas son las primeras imágenes de estos detenidos desde que fueron encarcelados en diferentes fechas el año pasado, al igual que otros destacados opositores que fueron arrestados en pleno proceso electoral, incluyendo a siete aspirantes presidenciales, entre ellos Cristiana Chamorro.
Chamorro era aspirante presidencial independiente. El 2 de junio de 2021 su casa fue allanada y ocupada por la Policía, desde entonces Chamorro está incomunicada con el mundo exterior y tiene un estatus legal de casa por cárcel. El 21 de marzo pasado fue condenada a ocho años de encierro y al pago de una multa millonaria, tras ser declarada culpable de «lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida, gestión abusiva y falsedad ideológica», en un juicio realizado entre el 3 y 11 de marzo en una cárcel de la Policía, sin acceso al público.
Mientras que María Fernanda Flores de Alemán, esposa del expresidente Arnoldo Alemán (1997-2002), fue condenada a ocho años de prisión tras ser declarada culpable por el supuesto delito de “conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional”. También está bajo el régimen casa por cárcel desde finales de junio de 2021.
El comentarista político Jaime Arellano fue condenado a 13 años de cárcel en una audiencia realizada el pasado 7 de marzo en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como el Chipote. Arellano fue declarado culpable por el supuesto delito de “conspirar para cometer menoscabo contra la integridad nacional”.
El exembajador de Nicaragua en Costa Rica, Mauricio Díaz, de 71 años, fue sentenciado el pasado 16 de febrero a nueve años de cárcel e inhabilitado de ejercer cargos públicos, por el delito de «conspirar para cometer menoscabo contra la integridad nacional”. Díaz se encuentra preso desde el 9 de agosto del año pasado.
Edgar Parrales, de 79 años, analista político y exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), también fue acusado por el régimen orteguista de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación, en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense”. Fue detenido en noviembre de 2021.
Además los también aspirantes presidenciales Noel Vidaurre y Arturo Cruz, el excanciller Francisco Aguirre Sacasa, el político opositor y exvicecanciller José Pallais, son otros presos políticos que tienen casa por cárcel, una medida que el régimen orteguista tomó tras la muerte del preso político Hugo Torres, quien estaba bajo resguardo judicial al momento de fallecer.
El régimen Ortega Murillo mantiene encarcelados a 181 nicaragüenses, según registros del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
