El plazo se venció. Representantes de los territorios indígenas de la Región Autónoma Costa Caribe Norte (RACCN) fijaron hasta el pasado hasta 21 de marzo el plazo para que el Gobierno de Nicaragua cumpliera con el saneamiento territorial de acuerdo a la Ley 445, Ley del Régimen de Propiedad Comunal y resoluciones de asambleas pasadas, pero hasta ese día y a una semana después no hay acciones concretas de las autoridades para cumplirles, denuncian comunitarios, por lo que anunciaron que ellos serán quienes tomen acciones.
“En vista a las constantes invasiones de colonos en los territorios indígenas, la nula atención del gobierno de Nicaragua ante el problema y la falta de compromisos claros con las demandas de los territorios por la delegación del gobierno en la sesión bilateral, reiteramos nuestro compromiso por el derecho a nuestro territorio y la defensa de nuestra madre tierra, las comunidades tomaran sus decisiones en honor al sagrado derecho de defensa de la vida y nuestra cultura.”, reza la resolución final de la asamblea celebrada el pasado lunes en Waspam, Río Coco, RACCN.
La autodefensa de sus tierras es la única opción inmediata que encuentran los comunitarios ante la violencia generada por las invasiones de colonos, pero siguen apelando a los protocolos gubernamentales.
Esta Asamblea General de la Muskitia fue organizada de manera autogestionada por los comunitarios y la convocan el Concejo de Ancianos, el gremio de excombatientes, líderes comunitarios naturales y los territorios Kipla Sait Tasbaika Kum, L Lamni, Li Aubra, Wangki Twi Tasba Raya, Kipla Sait Tasbaika Kum, Twi Yahbra Twi Waupasa y Prinzu Auhya Un, todas del Caribe Norte; asistieron un total de 473 comunitarios. “Fue para ratificar los compromisos asumidos por los territorios, recordarle al gobierno de Nicaragua su compromiso de aplicar el saneamiento el base a la Ley 445”, aseveró un líder comunitario.
!function(e,i,n,s){var t=”InfogramEmbeds”,d=e.getElementsByTagName(“script”)[0];if(window[t]&&window[t].initialized)window[t].process&&window[t].process();else if(!e.getElementById(n)){var o=e.createElement(“script”);o.async=1,o.id=n,o.src=”https://e.infogram.com/js/dist/embed-loader-min.js”,d.parentNode.insertBefore(o,d)}}(document,0,”infogram-async”);Con el saneamiento las comunidades demandan que el gobierno haga cumplir la ley de darles control de los territorios que la ley 445 les reconoce. Al menos desde 2015, muchos de los territorios de las comunidades indígenas en la RACN están siendo invadidos por colonos armados que asesinan a los indígenas y los expulsan de sus tierras. Estos colonos realizan un despale indiscriminado, comercian la madera e introducen ganado. Según defensores de los derechos indígenas, estos colonos actúan como punta de lanza de otros intereses económicos que buscan aprovechar para sí las tierras indígenas.
Las comunidades otorgaron un plazo de 90 días al Estado de Nicaragua para que cumpliera con lo estipulado en la ley 445, en las reuniones realizadas entre el 20 y 21 de diciembre del año pasado en el territorio Li Lamni donde líderes indígenas miskitos analizaron las situaciones que vulneran los derechos humanos de las territorios, como los asesinatos impunes de al menos 21 comunitarios entre el 2015 y 2021, ejecutados por colonos que representan una amenaza constante para la estabilidad de los pueblos.
“No queremos que haya derramamiento de sangre”
“Nosotros tenemos buen sentimiento, buen pensamiento como para liberar nuestra tierra y nosotros no pensamos agredir a nadie. Sin embargo, si el gobierno no cumple el plan de saneamiento como la Ley 445 lo dicta, entonces nosotros lo haremos porque esperamos 90 días”, aseveró el integrante del Consejo de Ancianos quien pidió anonimato por temor a represalias personales, quien agregó que luego de la reunión las autoridades el 21 de marzo pasado, siguen esperando la conformación de comisiones para negociar con el dictador Daniel Ortega y las instituciones pertinentes para empezar con el plan de saneamiento.
“Si lo hacemos a la brava nos van a mandar a matar, nos van a echar presos, nos van a hacer zanganadas, ya sabemos que tipo de gobierno tenemos, sin embargo, queremos llegar cerca del gobierno para que cumpla con su promesa y su discurso que afirmó que nos van a dar la libertad de nuestras tierras, que los colonos tendrán que regresar a sus lugares de origen. Nosotros guardamos un poco de esperanza porque no queremos que haya derramamiento de sangre porque los territorios están bravísimos pero nosotros los líderes hacemos el llamado a no pensar en derramar sangre, queremos ver por la vía del dialogo hasta donde el presidente de la república ordena a la autoridades que procedan para hacer el saneamiento”, finalizó el integrante del Concejo de Anciano.
A pesar de las divisiones que existen en los territorios indígenas, la asistencia a Asamblea fue diversa. Asistieron de diferentes religiones, comunidades y de ideologías políticas lo que representó unidad para hacerle frente a la problemática de las invasiones, destacó un líder comunitario.
¿Actuó el Ejército por el asesinato de Salomón López Smith?
Mientras el Consejo de Ancianos hacía otro llamado al gobierno de Nicaragua a atender las demandas de las comunidades en un periodo de tiempo razonable, comunitarios aseguran que ese mismo lunes el Ejército de Nicaragua decomisó armas a colonos y realizó el primer rastreo por el asesinato de Salomón López Smith, sobrino del Diputado suplente ante el Parlacen del diputado Noe Coleman.
LA PRENSA se comunicó vía mensajes de texto y correo institucional con el Coronel Álvaro Francisco Rivas Castillo, jefe de la Dirección Públicas y Exteriores del Ejército de Nicaragua, para conocer si efectivamente hubo intervención militar en el zona o no, pero las solicitudes del medio no fueron respondidas. Hasta la publicación de esta nota se le insistió en comunicaciones para conocer la versión oficial de este cuerpo castrense, pero no obtuvimos respuestas.
“Ese mismo día anduvieron patrullas del Ejercito en la montaña, en la comunidad de Awas Tingni donde está lleno de colonos. Empezaron a hacer el primer rastreo del líder mayagna en ese zona, se captaron muchas armas de los colonos y se sobreentiende que han hecho decomisos a un montón de armas”, confió a LA PRENSA un activista indígena quien pide omitir su nombre por seguridad.
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Funcionarios expresan voluntad pero no actúan
Un integrante del Consejo de Anciano, quien pidió anonimato por seguridad, afirmó consideran que el Estado de Nicaragua está de acuerdo en llevar a cabo el plan de saneamiento, pero en la práctica las intervenciones en reuniones por parte de sus funcionarios son únicamente de escucha y cero acción.
Entre los representantes del gobierno estuvieron Ross Cunningham, alcaldesa de Waspam, Elías Velázquez, asistente presidencial, Carlos Alemán, coordinador de Gobierno Regional, Juan González, vice alcalde y Concejal Regional del FSLN, Kenia Leal Suazo, secretaria política municipal de Waspam rio coco, José Osorno, diputado suplente del FSLN y el comisionado mayor Juan Manuel Chávez Chávez, jefe de la Policía Nacional, delegación regional RACCN.
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“Hasta este momento, no tenemos nada escrito porque en Managua tenemos que empezar a hacer la redacción porque ahí es donde vamos a llegar a los acuerdos de qué territorios se van a comenzar”, sostiene uno de los líderes. Van a insistir a Ortega por todos los medios que sean posibles para iniciar con el plan de saneamiento pronto.
CIDH denuncia riesgo de los territorios mayagnas
A mediados de febrero, tras indicar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los territorios indígenas de las comunidades Musawas, Suniwas y Wilú del Territorio Mayanga Sauni As, RACCN, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) amplió las medidas cautelares en favor de ellos.
El 13 de febrero la CIDH emitió su mensaje de preocupación, por la “intensidad de la violencia que viven estas comunidades” miskitu ante la presencia de colonos, por el saneamiento pendiente en tierras indígenas, señaló el comunicado.
Asimismo, la CIDH solicitó al Estado de Nicaragua acciones de respuesta que mitiguen o eliminen la situación de riesgo. “Adopte medidas necesarias, y culturalmente adecuadas, para salvaguardar la vida y la integridad personal de los indígenas de las Comunidades Musawas, Suniwas y Wilú del Territorio Mayangna Sauni As en la RACCN. Concierte las medidas a implementarse con los beneficiarios y sus representantes y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de las presentes medidas cautelares y así evitar su repetición”, fueron las acciones concretas que solicitó la CIDH al Estado de Nicaragua.
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