El “Pronunciamiento de familiares de presos políticos” del 25 de enero pasado ha sido criticado por personas que reclaman que los y las suscriptoras de este documento “no tienen derecho” —palabras textuales de un analista político— a apelar contra el encarcelamiento de sus seres queridos, mediante una invitación al Gobierno y a las fuerzas vivas del país a iniciar un “proceso de unificación ciudadana”. Este pronunciamiento, de acuerdo con los que lo objetan, puede dar paso a la legitimación del régimen y, por lo tanto, debe ser rechazado por quienes luchan por la democratización del país.
¿Son justas estas críticas? ¿Debe el amor de padres, madres, esposas, hijos e hijas regirse por consideraciones de cálculo y conveniencia política? ¿No es “el amor y la lealtad”, que los/las signatarias del pronunciamiento señalan como las motivaciones de su propuesta, justificación suficiente para la misma?
La visión multicéntrica de la sociedad de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal que discutimos en un artículo anterior (LA PRENSA, 03/03/22) ofrece algunas pautas que pueden ayudarnos a dilucidar estas preguntas. Más concretamente, esa visión nos puede servir para identificar y administrar las coincidencias, tensiones y contradicciones que resultan de la multiplicidad de afectos, intereses y perspectivas éticas que coexisten dentro de nuestra sociedad.
PJChC visualizó una Nicaragua organizada en tres “áreas” de acción, normadas en función de sus propias naturalezas: el área estatal —dedicada a la construcción y mantenimiento del marco de apoyo legal para el funcionamiento de la sociedad y a la administración de los bienes públicos; el área social— en donde el Estado, el sector privado y la sociedad, organizan y administran las actividades encaminadas a elevar la condición humana de los nicaragüenses, con especial énfasis en los sectores menos favorecidos del país; y el área privada, que debe operar fuera del control del Estado y en donde se pueden ubicar al menos tres subáreas: la familia, la sociedad civil, y el mercado.
Las áreas y subáreas en el modelo en mención deben armonizarse para el buen funcionamiento de la sociedad. Al mismo tiempo, ellas deben mantener la autonomía que necesitan para responder a la complejidad del ser humano, entendido este como una entidad biológica, afectiva, social y espiritual que opera en una pluralidad de entornos, incluyendo el familiar, el político, el económico y el cultural. Esta autonomía, dice el sociólogo y filósofo brasileño Alberto Guerreiro Ramos, es necesaria para evitar “la unidimensionalización de la vida colectiva e individual”.
El fenómeno de la “unidimensionalización” o “achatamiento” del individuo y de la sociedad ocurre, por ejemplo, cuando el área estatal impone su lógica sobre lo privado y lo social, como sucede en los sistemas totalitarios, o cuando —como lo señala el economista Arthur Okun— la lógica del mercado invade el espacio social que debe ser normado en función de los derechos de la ciudadanía.
¿Cómo aplicó Pedro Joaquín su visión multicéntrica en la Nicaragua que le tocó vivir? Veamos un ejemplo. Para Pedro Joaquín, la educación de los nicaragüenses debía ubicarse en el área social por ser un derecho básico de las personas. En este sentido, la educación tendría que ser organizada de forma independiente de ideologías políticas partidarias y de criterios utilitarios de eficiencia y productividad que, en última instancia, favorecen a los que tienen mayor poder económico en la sociedad.
Así, cuando LA PRENSA lanzó una campaña de alfabetización en 1963, Pedro Joaquín declaró que este proyecto educativo excluía “la política, porque (…) un asunto como la alfabetización, (debía) quedar absolutamente al margen de cualquier suspicacia y fuera de toda discusión ideológica o partidista” (La patria de Pedro, 91-92). Siguiendo esta premisa, PJChC, el acérrimo crítico de los Somoza, no vaciló en reconocer y aceptar “con alegría patriótica” la oferta de apoyo que recibiera la campaña de LA PRENSA por parte del Ministerio de Educación del gobierno somocista de René Schick, porque para él, la alfabetización de los “abandonados (…) en la ignorancia” era una responsabilidad humana y cristiana. En fin, no era de LA PRENSA, sino “de todos” (Ibid.).
Si adoptamos la visión de Pedro Joaquín sobre el pluralismo normativo que debe imperar en el funcionamiento de la sociedad, debemos aceptar que “el amor y la lealtad” que sirve de fundamento al Pronunciamiento del 25 de enero, son razones legítimas que deben ser respetadas por todos los nicaragüenses. Y es equivocado, y hasta obsceno, evaluar ese pronunciamiento con los mismos criterios que utilizamos para evaluar las acciones de los actores y las organizaciones políticas que luchan contra el régimen actual. Hacerlo, es caer en la contradicción que significa utilizar la lucha por la democratización del país, como pretexto para negar el derecho que tienen las personas que suscriben este documento a expresar sus afectos familiares.
PJChC luchó en sus escritos y en su práctica política por evitar imponer un criterio único —el principio utilitario del mercado, el criterio de la conveniencia política, o cualquier tipo de absolutismo religioso o moral— a la irreducible complejidad del individuo y de la sociedad. Una Nicaragua que aspira a ser democrática debe abrazar esta complejidad y aprender a administrarla, dando al César lo que es del César y a la familia… tu amor.
El autor es profesor retirado del Departamanto de Ciencias Políticas de la Universidad de Western (Canadá)