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CONTENIDO EXCLUSIVO.En 1936 el dictador Iósif Stalin, en Moscú, Rusia, organizó simulacros de juicios para sentenciar a muerte a altos cuadros bolcheviques en la Unión Soviética; 86 años después, el dictador Daniel Ortega replica ese escenario en Nicaragua encarcelando, enjuiciando y condenando a sus detractores.
Recientemente La Nación de Costa Rica en su editorial del 4 de febrero comparó los juicios impulsados por la dictadura en Nicaragua con los Procesos de Moscú.
Pero pocos en Nicaragua conocen sobre esos juicios históricos y de ahí LA PRENSA explica a las nuevas generaciones en qué consistieron y por qué La Nación de Costa Rica los comparó con los procesos judiciales que el régimen mantiene contra opositores, varios de ellos condenados a penas de hasta 13 años de prisión. Esta semana continúan los juicios amañados y sin sentido jurídico.
En una nueva oleada de detenciones iniciada en mayo de 2021, hasta el 22 de noviembre, el régimen orteguista encarceló a más de 40 opositores y el poder judicial reanudó los juicios contra los presos políticos desde el 1 de febrero. De estos, 16 ya han sido condenados.
En 1936 Stalin ordenó establecer un tribunal especial «que celebró tres grandes y siniestros simulacros de juicio, en ese año y los dos siguientes. En total, 54 dirigentes fueron sentenciados a muerte: un designio definido antes de que se produjeran estas farsas, las cuales, más que organizadas con la pretensión de seguir procedimientos legítimos, estaban destinadas a infundir mayor terror en la población. A esos vergonzosos espectáculos se les conoció como Procesos de Moscú», se lee en el diario costarricense.
El primero de los grandes procesos celebrados en Moscú inició el 19 agosto de 1936. Las figuras centrales del mismo fueron dos de los más afamados bolcheviques de la vieja guardia, Lev Kámenev y Grigori Zinóviev, junto con otros 14 destacados líderes comunistas. «Móntense en vuestros prisioneros y no se desmonten hasta que hayan confesado», ordenaba Stalin a sus guardas, según el portal digital El Libero.
Un especialista en derecho constitucional e internacional, que pidió anonimato por miedo a represalias, explica que los Procesos de Moscú tuvieron lugar por órdenes de Stalin, entre 1936 y 1938, contra miembros del Partido Comunista y trotskistas.
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«Fueron una purga, a través de procesos amañados que sirvieron para imponer la pena de muerte a miles de revolucionarios disidentes, bajo el pretexto de que conspiraban con las potencias occidentales para asesinar a Stalin y otros líderes, y para desmembrar la Unión Soviética y restaurar el capitalismo. En este sentido hay semejanzas y diferencias con los procesos de Managua, pues las víctimas no son miembros del partido de Ortega sino que pertenecen a la oposición», aclara el experto.
El especialista en derecho agrega que los procesos en Managua no son una purga en el sentido clásico, para resolver la lucha de poder dentro de un mismo partido, sino una forma de eliminar, neutralizar y sacar del juego político al liderazgo opositor.
La Nación, por su parte, considera que las acciones de la dictadura de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo solo confirman que ambos «son herederos de esa tradición típica de los regímenes terroristas. Las penas, sin duda, también definidas antes de abrir los espectáculos, serán menores que en la Unión Soviética y a nadie se le impondrá la muerte».
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El especialista en derechos humanos Uriel Pineda, asegura que los Procesos de Moscú y los juicios políticos de Ortega son comparables porque tanto en Moscú cómo en Managua las administración de justicia ha sido utilizada para callar las voces disidentes. Se persigue a opositores y con ello se infunde temor evitando que surjan nuevos grupos opositores.
Sin embargo, en Nicaragua fue abolida la pena de muerte y cuando se logra esa abolición es irreversible. Los derechos humanos —asegura— deben ser progresivos, no obstante al régimen le ha importado muy poco las características de los derechos humanos e impuso por ejemplo la cadena perpetua el pasado 10 de noviembre de 2020.
«Aunque jurídicamente no se podría restablecer la pena de muerte. El régimen no siente respeto por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de considerarlo necesario no dudo la restablezca», advierte el especialista.
Un sociólogo que también pidió anonimato explica que tanto Stalin como Ortega son personas enfermas de autosuficiencia, se creen poderosos y confían solamente en la fuente de su poder. En general, sufren megalomanía que es una desviación psiquiátrica.
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«Encarcelan a sus adversarios, son corruptos, compran conciencias, les gusta que los adulen, odian a quien les contradice y no le sigue la locura, proyectan y piensan grandes obras, y las anuncian, pero no las realizan, son cínicos, mentirosos y son criminales», compara el sociólogo.
Violación derechos humanos en 1936
Uriel Pineda explica que para 1936 los derechos humanos que hoy conocemos no tenían una percepción universal como la de ahora, porque los derechos humanos nacieron a lo interno de los países de vocación democrática y por ello terminan siendo universales, pero para entonces y gracias al derecho internacional humanitario, que es el derecho aplicable en la guerra, existían garantías al debido proceso que debían respetarse, incluso en tiempos de guerra. Tales como el derecho a la defensa, a un juicio justo, delitos previamente establecidos y a una segunda instancia.
«Pero más importante que la denominación del derecho en sí, lo importante es que se respeten y tengan un efecto útil respecto del proceso. De nada sirve el derecho a la defensa si finalmente la autoridad judicial no presta atención al planteamiento de la defensa y no es imparcial en sus decisiones», dice Pineda.
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En la actualidad, al igual que durante los juicios impuestos por Stalin, se viola fundamentalmente el derecho a ser procesado por un juez natural, es decir, establecido previamente. Un proceso judicial imparcial. Derecho a defenderse. Derecho a una segunda instancia y sobre todo, que el proceso se lleve con apego a la ley y que en todo momento se respete la presunción de inocencia.
El especialista asegura que el derecho internacional está diseñado por estadistas y estos son quienes los respetan, no criminales. «No es un problema del derecho internacional sino la ausencia de límites de un personaje como Daniel Ortega», enfatiza.
«Siempre en la historia hay momentos de quiebre que hacen reconsiderar las reglas de convivencia. No tengo duda que al término de la dictadura Ortega-Murillo en Nicaragua se va a replantear el rol de la democracia y el respeto a los derechos humanos», valora Pineda.
Moscú y Managua
El especialista en derechos humanos explica que más que existir una comparación, lo importante es que existe en Nicaragua una negación histórica de la lucha por la libertad de la humanidad. Dice que no es lo mismo haber violado derechos fundamentales hace 100 años, que hacerlo hoy, cuando la lucha por esos derechos no solo ha sido reconocida internacional y plasmada en tratados, sino que es una lucha que costó sangre y muchos sacrificios, incluso en Nicaragua son derechos que se conquistaron con las vidas y lucha de varias generaciones, y el régimen Ortega-Murillo niega eso y nos regresa 50 o 60 años de historia. «Es un vulgar salvajismo», dice.
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Otro comparativo
Por su parte el especialista en derecho constitucional e internacional compara los juicios políticos en Nicaragua con el sistema desarrollado en la Italia fascista, que buscaba legalizar la ilegalidad, darle forma jurídica a la distorsión de todos los principios que rigen en un Estado de Derecho liberal democrático, con el fin de eliminar a los adversarios políticos.
«Hay un intento de dar a los procesos una apariencia de legalidad y una fundamentación jurídica a partir de leyes inconstitucionales y violatorias de todos los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Un sistema, en apariencia jurídico, de una gran perversidad, que no solo elimina al adversario político sino que genera terror en la población en general, como instrumento no de justicia sino de dominación y opresión», alerta.
Stalin autofabricó pruebas
En los Procesos de Moscú, tras meses de encarcelamiento y presiones sin límite condujeron al fin deseado: 15 de los 16 imputados confesaron públicamente sus “actividades terroristas” y se declararon cabecillas del «Centro contrarrevolucionario trotskista-zinovievista» que habría planeado los asesinatos de Stalin y otros dirigentes soviéticos de primer rango, como Voroshílov, Zdánov y Kaganóvich. La condena a muerte de todos los acusados se basó, tal como en los juicios venideros, casi exclusivamente en sus propias confesiones.
Sin embargo, los Juicios de Moscú llevaron a la consolidación del poder absoluto de Stalin en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). También provocaron una profunda división en la izquierda mundial, entre aquellos que apoyaron a Stalin y los que denunciaron los crímenes. Más tarde en los años 60, Nikita Krushev reconoció la verdad sobre los procesos, agrega el experto internacional.
En Managua, aún con el encarcelamiento de los opositores en las celdas de torturas conocidas como el Chipote, los presos políticos se han declarado inocentes. Pero el régimen se ha encargado de fabricar las supuestas pruebas basadas en entrevistas que los prisioneros políticos brindaron a medios de comunicación, el compartir información en las redes sociales, además envía a agentes policiales como testigos. Pertenecer a grupos de Whatsapp, la dictadura lo considera un delito.
Condenas en los juicios políticos de Managua
El régimen, a través de la instrumentalización de las instituciones estatales, como han afirmado diversos organismos defensores de derechos humanos, desató una ola de detenciones contra líderes opositores de movimientos estudiantiles, partidos políticos, campesinos, precandidatos presidenciales, entre otros.
Los tres principales delitos por los cuales se acusa a los opositores son: «Conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional», «Menoscabo a la integridad nacional» y «Propagación de noticias falsas».
1 de febrero: Este día fueron sentados en el banquillo de los acusados Yasser Muhamar Vado por conspiración y propagación de noticias falsas, condenado a 13 años, y Yader Parajón —hermano de Jimmy Parajón, asesinado durante las protestas de 2018—, fue acusado por conspiración y condenado a 10 años de prisión.
2 de febrero: Ana Margarita Vijil, de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), antes Movimiento Renovador Sandinista (MRS), fue acusada por conspiración y condenada a 10 años de prisión.
3 de febrero: La exguerrillera Dora María Téllez fue acusada por conspiración y condenada a 8 años de prisión, mientras que el líder estudiantil Lesther Alemán fue condenado a 13 años por menoscabo a la integridad nacional.
4 de febrero: El periodista Miguel Mora fue condenado a 13 años por menoscabo, mientras la ex primera dama, María Fernanda Flores de Alemán, fue condenada a 8 años por conspiración.
7 de febrero: La líder de Unamos, Suyén Barahona, fue condenada a 8 años por el delito de menoscabo.
8 de febrero: Por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional el cronista deportivo Miguel Mendoza fue condenado a 9 años, mientras que el excanciller Francisco Aguirre Sacasa fue declarado culpable y espera sentencia.
9 de febrero: Por el delito de conspiración, el politólogo José Antonio Peraza fue condenado a 10 años de prisión, al igual que el líder campesino Pedro Mena; mientras el líder del Movimiento Campesino, Medardo Mairena fue condenado a 13 años por el delito de menoscabo. En el caso de Alexis Peralta, quien fue declarado culpable de los delitos de conspiración y propagación de noticias falsas, aún espera condena.
10 de febrero: El líder del Movimiento Campesino, Freddy Navas, fue condenado a 10 años de prisión por el delito de conspiración.
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11 de febrero: El líder estudiantil Max Jerez fue declarado culpable de menoscabo a la integridad nacional, al igual que el exguerrillero Víctor Hugo Tinoco, ambos esperan sentencia. Mientras que Nidia Barbosa fue condenada por menoscabo y propagación de noticias falsas a 11 años de prisión.
14 de febrero: La defensora de derechos humanos María Oviedo fue declarada culpable por los delitos de conspiración y propagación de noticias falsas, mientras el banquero Luis Rivas fue declarado culpable de «Conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, y de portación o tenencia ilegal de arma de fuego, fabricación, tenencia ilegal y uso de armas restringidas», ambos esperan la sentencia.
15 de febrero: Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Arturo Cruz, Violeta Granera, Tamara Dávila, José Adán Aguerri, José Pallais y Manuel Orozco (en ausencia) están siendo juzgados por el delito de menoscabo a la integridad nacional por pertenecer a un grupo de WhatsApp.
25 de febrero: El comentarista Jaime Arellano y Noel Vidaurre, quien fue precandidato presidencial, fueron declarados culpables.
