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Jueza Ulisa Tapia condena a 10 años de prisión al dirigente campesino Freddy Navas

Navas es el tercer dirigente del Movimiento Campesino en recibir sentencia, ayer a Medardo Maírena le dieron 13 años y a Pedro Mena 10 años

Diez años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante el mismo periodo fue la pena que la jueza Decimotercera de Distrito Penal de Juicios, Ulisa Yohosca Tapia Silva, le impuso este viernes 18 de febrero al dirigente campesino Freddy Alberto Navas López.

El pasado jueves 10 de febrero, la jueza Tapia Silva juzgó y declaró culpable a Navas, de conspiración para cometer menoscabo contra la integridad nacional. En respuesta Navas se declaró culpable de amar a Nicaragua.

«Luchar por mi país es mi pasión. Me están juzgando porque amo a mi patria y si de algo soy culpable es de amar a Nicaragua. No existe posibilidad de que la dictadura criminal sandinista haga que desistamos de nuestra lucha», dijo Navas durante el juicio.

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Es la segunda sentencia para Navas

Navas es originario de la Isla de Ometepe y está preso en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) desde el 5 de julio pasado. Este es el segundo juicio que enfrenta; el 17 de noviembre de 2018 fue capturado por primera vez. En esa ocasión lo acusaron de terrorismo, crimen organizado, financiamiento al terrorismo, asesinato, secuestro simple, robo agravado, lesiones leves y portación o tenencia ilegal de armas de fuego.

Como todos los presos políticos, el dirigente campesino de 57 años enfrentó un juicio que según los especialistas está lleno de nulidades. Primero porque se realizó en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como nuevo Chipote, y no en un juzgado como establece la ley. También porque no se le permitió la legítima defensa a la que tiene derecho; y porque el juicio no se realizó de forma oral y pública como mandan las normas vigentes, sino a puerta cerrada.

Antes de ser capturado en julio del año pasado, Navas solía decir que su delito es querer una Nicaragua libre; también oponerse desde 2013 a la ley con la que Daniel Ortega pretende arrebatar las tierras a los campesinos que viven en la zona donde sueña construir un canal interoceánico.

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