En el juicio contra siete opositores, detenidos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como el nuevo Chipote, y que al día de hoy lleva siete sesiones, la Policía ha presentado como “pruebas” grupos de Whatsapp y fotografías donde los opositores aparecen con personalidades, entre ellas Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y en el pie de la foto se coloca “el investigado junto a otras personas que participaron del golpe de Estado”.
Los presos políticos sometidos a ese juicio, de siete personas que pertenecían a un grupo de WhatsApp, son: los precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Arturo Cruz; las activistas y dirigentes de la UNAB, Violeta Granera y Tamara Dávila; el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri y el analista político y exdiputado José Pallais.
“El abogado defensor preguntó al investigador de la Policía si conocía quién era la persona en la foto. Respondió que Luis Almagro, secretario general de la OEA, pero al ser consultado si le estaban señalando entonces como partícipe de un golpe de Estado, guardó silencio”, comentó una fuente que conoció detalles de esta sesión de juicios.
Ni la Fiscalía ni el juez permitieron que el investigador respondiera si con esa “prueba documental” en el que se menciona a los que aparecen en la fotografía como “partícipes de un golpe de Estado”, se estaba señalando al secretario general de la OEA, quien aparece en la imagen.
El régimen decidió enjuiciar a los siete opositores juntos solo porque todos pertenecían a un grupo de WhatsApp.
El juicio tiene ya con hoy siete sesiones, ha sido el único que ha tomado más de una sesión y se debe a que son siete los señalados y cada abogado defensor debe interrogar a los testigos de la Fiscalía del régimen, lo que ha prolongado el proceso.
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Todos están siendo juzgados por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, que según las leyes aprobadas por la dictadura en diciembre de 2020, implica penas entre 5 y 10 años. En juicios anteriores los jueces han cambiado el delito de conspiración a menoscabo que implica penas de 10 a 15 años, por lo que las condenas aplicadas a opositores hasta este momento van entre 8 y 13 años de prisión, además de la inhibición para ejercer cargos públicos.
