Como parte de los procesos que el Ministerio Público lleva contra los 51 presos políticos secuestrados en la redada que se realizó entre el 28 de mayo y el 22 de agosto, esta semana continúan los juicios que iniciaron el pasado 1 de febrero en las instalaciones del Complejo Evaristo Vásquez, de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como el nuevo Chipote.
A diferencia de la mayoría de los juicios que se han realizado de manera individual, el de mañana será en grupo. Los precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Arturo Cruz; junto a las dirigentes de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Violeta Granera y Tamara Dávila; el exdiputado liberal José Pallais y el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, enfrentarán un solo juicio. Ellos fueron encarcelados entre el 5 y 12 de junio del 2021.
En dicho proceso se supone que también juzgarán en ausencia al investigador de Diálogo Interamericano, Manuel Orozco, ya que aparece en la acusación. Pero por residir en Estados Unidos no fue capturado y tendría que ser juzgado en ausencia. La acusación contra los ocho se sustenta en que ellos pertenecían a un grupo de la red social WhatsApp.
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Intentan crear delito por la participación en el grupo
«En el intento de crear un delito están usando un grupo de WhatsApp en el cual participaban. Por eso es que los acusan a todos juntos», dice un abogado que solicita no ser citado por temor a represalias.
El juicio estará a cargo del juez Quinto de Distrito Penal de Juicios, Félix Ernesto Salmerón Moreno, y a los ocho presos políticos se les acusa de conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional. Este delito se castiga con una pena de entre 5 y 10 años de prisión.
Sin embargo, la semana pasada durante el juicio al dirigente campesino Medardo Mairena, este mismo juez cambió la tipificación del delito de conspiración a menoscabo a la integridad nacional. Es decir, consideró que no solo hubo conspiración, sino que se consumó el delito. En este caso la pena es de entre 10 y 15 años de cárcel y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
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Advierten que otros presos pueden morir
A través de un comunicado, Victoria Cárdenas, esposa de Chamorro, y Berta Valle, esposa de Maradiaga, anticiparon que igual que ha ocurrido con los otros presos, a sus maridos los juzgarán y condenarán por estos cargos políticos sin fundamento, y reiteraron que se les ha negado su derecho a la defensa.
«No se les ha dado tiempo para reunirse con sus abogados para preparar una defensa, ni para revisar las supuestas pruebas en su contra», dice parte del comunicado.
En el documento Cárdenas y Valle expresan sus condolencias por la muerte del exguerrillero y general en retiro Hugo Torres, el pasado sábado 12 de febrero. Torres era uno de los 37 presos políticos que permanecían en la DAJ, por lo que advierten que de seguir recibiendo alimentación de mala calidad y precaria atención médica, otros de los presos políticos también corren el riesgo de fallecer. Los que corren mayor peligro son diez presos mayores de 65 años que padecen enfermedades crónicas. Hasta ahora a todos ellos les han negado la atención médica especializada y los recursos solicitando el cambio de prisión preventiva por domiciliaria.
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