Se revelan los primeros números sobre cómo se abastecerían de combustibles las estaciones sancionadas por EE. UU. en Nicaragua

El 12 de diciembre del 2019, el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra DNP-Petronic y Zanzíbar y contra Rafael Ortega Murillo, así como para otros negocios familiares de la dictadura, por el esquema de corrupción y lavado de dinero detrás de esas empresas.

«El Tesoro está apuntando a Rafael y las compañías que posee y usa para lavar dinero para apuntalar el régimen de Ortega a expensas del pueblo nicaragüense», dijo el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin, en ese momento.

De esta manera DNP-Petronic quedó inhabilitada para traer combustibles desde el exterior y por tanto dejaba inoperables las 68 estaciones que tenía en su poder a lo largo y ancho de Nicaragua. El impacto de las sanciones se sentiría con toda su fuerza en el 2020, por lo que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) decidió en 2021 ocultar el anuario estadístico de ese año para evitar que se conociera cómo había quedado configurado el mercado tras la estocada a uno de los principales y visibles negocios de la familia presidencial.

Hasta ayer 21 de febrero, el Ministerio de Energía y Minas mantenía sin actualizar el anuario 2020 y lo único que se conoce de ese año es el consumo nacional de derivados, exportaciones nacionales de derivados, la producción nacional de derivados del petróleo, ventas de los derivados del petróleo, información que suele alimentar el anuario estadístico.

También el MEM dejó de actualizar a partir de enero del 2020 los informes estadísticos mensuales, donde se detalla, a diferencia de los reportes anteriormente citados, qué empresas hacen cada mes las importaciones, el origen del petróleo y derivados, ventas en estaciones de servicios por empresas, información que se presenta en el consolidado del anuario.

«En el 2020 no hay nada de información porque a ellos no le convenía que se supiera el impacto que tuvo las sanciones de Estados Unidos, entonces todo mundo se quedó callado», dijo un especialista en hidrocarburos que pidió no ser citado.

Sin embargo, información facilitada por el Gobierno de manera directa a la Cepal confirma que los datos del 2020 fueron ocultados de manera intencional, porque estos aparecieron en «las estadísticas anuales de hidrocarburos de los países de Centroamérica, que muestran las principales cifras y condiciones bajo las cuales ha sido cubierta la demanda del petróleo y sus derivados en los países de la subregión» elaborado por ese organismo regional.

«Estas estadísticas han sido elaboradas con la participación y el apoyo de las respectivas direcciones y oficinas que regulan y supervisan las actividades petroleras de los países…», se explica en la presentación del reporte regional.

Pero ¿qué información le envió el régimen de Ortega a las autoridades de la Cepal? ¿Se confirma la transformación de las estaciones de DNP-Petronic a estaciones de bandera blanca? ¿Quién trae el petróleo y derivados que se consumen en el país? ¿Qué impacto tuvieron las sanciones de EE. UU. en el mercado de los derivados? ¿Están fuera los Ortega-Murillo del negocio?

El régimen de Daniel Ortega confirmó a la Cepal que todas las estaciones de DNP-Petronic pasaron a engrosar el grupo de estaciones de bandera blanca, es decir que operan de manera independiente y no están bajo una marca global.

Según datos del informe, en el 2019, Nicaragua informó a la Cepal que Nicaragua tenía 312 estaciones de servicios de combustibles, de las cuales 50 pertenecían a Puma, 90 a la UNO, 68 a DNP y 104 eran estaciones independientes o bandera blanca.

Sin embargo, en el 2020 —tras las sanciones de Estados Unidos— el Gobierno reportó que el país perdió nueve estaciones y las 303 que quedaban operando, se distribuían: 51 de Puma, una más que el año anterior; 94 bajo la marca UNO, es decir cuatro más; desaparecen los registros de DNP, pero aumentaron sustancialmente las registradas como estaciones de bandera blanca, al pasar de 104 a 158 de un año a otro, lo que a criterio de un especialista en mercados de hidrocarburos, que pide no ser citado por temor a represalias, confirma que las estaciones en poder de la familia presidencial se diseminaron, pero sin dejar de operar.

La reducción de estaciones de combustibles en el 2020 coincidiría con el cierre de 15 gasolineras en marzo del 2020, cuya medida se anunció que era temporal y que en su mayoría pertenecían a Zanzíbar, uno de los brazos empresariales controlados por la familia Ortega-Murillo. Hasta ahora varias de estas, especialmente en Managua, siguen cerradas.

Desde el 2019, meses antes de las sanciones de Estados Unidos, el régimen empezó una reingeniería de imagen en la red de estaciones de combustibles que controlaba, incluidas las que eran propiedad del Estado, las que intentó desvincular de DNP-Petronic. Esto no evitó el castigo de Washington.

¿Puma proveedora de combustibles a las estaciones de DNP?

El especialista indica que un elemento importante que muestran las cifras divulgadas por la Cepal es que, debido a que las sanciones de EE. UU. dejaron inhabilitada a DNP-Petronic para importar crudo y derivados, el mercado se volvió monopólico, porque ahora es Puma la que tomó ese control.

Según los datos de la Cepal, en el 2019, es decir antes de las sanciones, DNP-Petronic importó el 54.6 por ciento de petróleo y derivados; y las trasnacionales, principalmente Puma, otro 45.4 por ciento. En ese año Terra, que es dueña de las estaciones Uno, apenas traía 0.10 por ciento del total.

Sin embargo, en el 2020, tras las sanciones de Estados Unidos hubo una reconfiguración de este negocio. Las trasnacionales elevaron su participación a 97.6 por ciento, de los cuales el 80.3 por ciento quedó en manos de Puma y el restante de Terra.

Por su parte, DNP-Petronic redujo su participación a apenas 2.4 por ciento de las importaciones, lo que reflejaría que la familia presidencial perdió el control directo de las compras en el exterior de los combustibles. El especialista cree que ese 2.4 por ciento correspondería a carburantes remanentes, es decir ya contratado y que ingresó por última vez al mercado nicaragüense bajo la marca DNP.

La fuente plantea que los números que el Gobierno le entregó a la Cepal indicarían que el negocio de las importaciones —que es clave para definir los precios a los consumidores— pasó de ser oligopolio a un monopolio, concentrado en Puma que sería la encargada de alimentar con combustible a las antiguas DNP-Petronic, que al ser ahora de bandera blanca pueden comprar el producto a cualquier proveedor, en este caso sería Puma, por ser el que trae los combustibles.

«Todo está claro, las 68 estaciones de DNP desaparecen e ingresan a bandera blanca. ¿Qué significa eso? Que esas estaciones de DNP que antes suministraban, ahora son compradoras de Puma o a UNO Petróleo, pero esta (última) importa de Honduras cuando sea requerido, pero su suplidor directo es Puma, o sea usted está frente a un monopolio, ya no es un oligopolio, pero en el 2020 se volvió un monopolio, ese fue el efecto de las sanciones de Estados Unidos», explicó el especialista.

Y es que Terra, si bien elevó su participación en las importaciones de 0.10 por ciento en el 2019 a 17.3 por ciento en el 2020, lo cierto es que sus compras se utilizarían para alimentar su red de estaciones que son las más grandes del país en el caso de transnacionales, pero estas compras son esporádicas.

Según el especialista, en Nicaragua por lo general eran dos empresas las que traían el petróleo y derivados, incluso antes de que ingresara al negocio la familia presidencial, que también llegó a monopolizar estas compras, pero a medida que Estados Unidos sancionó a Albanisa y hubo una ruptura del esquema de cooperación de los petrodólares con Venezuela, Puma empezó a tomar el control, pero lo compartía con DNP-Petronic.

Mantiene su cuota de mercado minorista

Sin embargo, aunque la familia de Ortega perdió el control de las importaciones, no vio afectada su participación de mercado en cuanto a ventas internas de diésel y gasolinas al detalle, que mantienen el 21.8 por ciento que reportaron en el 2019 y 2020.

Por su parte, Puma tendría una participación en las ventas minoristas del 16.8 por ciento en el 2020; mientras las estaciones de UNO Petróleo el 31 por ciento, y otras estaciones el 52.2 por ciento. Esta distribución fue casi similar en el 2019.

«Usted lo que tiene es un mercado monopolista, el efecto de las sanciones afectó directamente a las DNP-Zanzíbar, algunas están cerradas, y las que están operando están comprando a alguien… entonces las estadísticas de la Cepal indican que el 97.2 por ciento de gasolina y diésel lo importó Puma y UNO…», planteó el especialista.

¿Quién le vende al Estado?

Un elemento que rescata el especialista y que no logra capturar el reporte de la Cepal es ¿quién está abasteciendo al Estado? Él indica que las estaciones de bandera blanca, antes DNP-Petronic, podrían estar en ese negocio, pero no descarta que Puma se haya quedado con esa tajada del negocio.

«No puedo decir con certeza si esas ventas al Gobierno las están haciendo las banderas blanca, podría ser, o usan a algún intermediario, que le compra a Puma y distribuye al Gobierno, porque las ventas industriales debe estarlas haciendo Puma», explica.

Pero ¿de dónde viene el petróleo y derivados que vino a Nicaragua tras las sanciones de Estados Unidos? Según las cifras de la Cepal, los más de cuatro millones de barriles de petróleo que Puma suele refinar se compraron a Estados Unidos, al igual que el 55.3 por ciento de los derivados, equivalentes a 4.35 millones de barriles.

También se hicieron compras a El Salvador, Corea, Ecuador, Honduras, entre otros. Esto refleja el peso que Estados Unidos mantuvo como proveedor de carburantes para Nicaragua luego de las sanciones. Washington prohíbe a sus empresas establecer relaciones comerciales de manera directa o indirecta con los que estén en la lista negra.

Cabe mencionar que estas estaciones de bandera blanca, que antes pertenecían a la red DNP-Petronic, habrían sido distribuidas entre testaferros —según han advertido analistas y opositores—, con la finalidad de escapar de las sanciones de EE. UU. y mantenerse operativas en el mercado nacional, lo que indicaría que en el 2020 lograron ese objetivo.