Desde que el régimen de Daniel Ortega asumió el poder en el 2007 hasta la fecha ha ejecutado al menos 115 agresiones contra organizaciones civiles encargadas de velar por la protección de los derechos humanos, la educación, salud y medioambiente, señalan dos informes presentados por la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG, en conjunto con Popol Na y la Fundación del Río.
El informe denominado «La brutal demolición de la libertad de asociación en Nicaragua», detalla que entre las agresiones documentadas por las organizaciones están las cancelaciones de personerías jurídicas ejecutadas por la Asamblea Nacional, la cancelación de registros por parte de Gobernación, la aniquilación de partidos políticos, las confiscaciones de facto y allanamientos de locales e instituciones.
«Hacemos este énfasis porque el informe reúne esta información, pero también sistematiza las múltiples agresiones que han sucedido bajo este régimen, que incluyen las agresiones contra el movimiento anticanal, las organizaciones feministas, agresiones a las trabajadoras de las maquilas, agresiones en ocupaInss, entre otras», destacó la directora ejecutiva de Popol Na, Mónica López Baltodano.
El documento recoge que la mayoría de estas agresiones contra los organismos se han ejecutado principalmente entre el 2021 y lo que va de 2022, cuando el régimen de Ortega comenzó a cancelar la personería jurídica de organizaciones médicas y universidades, así como la confiscación de facto del Diario LA PRENSA.
«Es evidente que hubo un ascenso en la represión a la libertad de asociación en el 2018 (con un 9 por ciento), que se profundizó en el 2021 con un 55 por ciento de las agresiones y ya en este momento, que apenas estamos en el segundo mes del año, ya llevamos un 33 por ciento de las agresiones ocurridas en este periodo», explicó López Baltodano.
Confiscaciones de facto
El informe agrega que el régimen de Ortega ha ejecutado un aproximado de 23 allanamientos policiales contra organizaciones, medios de comunicación y universidades. Estas acciones son realizadas, pese a que en el artículo 44 de la Constitución Política se prohíben las confiscaciones.
En porcentaje, el 57 por ciento de los allanamientos han sido contra organizaciones civiles, el 26 por ciento contra universidades privadas, 13 por ciento contra medios de comunicación independientes y un cuatro por ciento contra federaciones de cooperativas.
Además —detalla el documento— el régimen orteguista ha creado un listado de 1,797 organizaciones que podrían ser vulnerables a agresiones del Estado. 208 de ella se encuentran en un nivel de alto riesgo, 581 en riesgo moderado y 1,008 organizaciones en bajo riesgo.
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El segundo informe sobre el Examen Periódico Universal (EPU), presentado por las tres organizaciones, destaca que el régimen de Nicaragua no ha atendido las recomendaciones incluidas en este proceso y por el contrario ha respondido con represión y cancelación de personerías jurídicas a nueve organizaciones nacionales e internacionales.
«Las acciones emprendidas por el Gobierno de Nicaragua han sido de carácter regresivo de cara a las recomendaciones del EPU. De 09 personerías jurídicas canceladas en 2018 se han sumado 83 organizaciones, en el período del 25 de junio de 2020 al 10 de febrero de 2022», señala el informe.
«Entre estas organizaciones no gubernamentales, están asociaciones médicas que han velado por la salud de las personas en Nicaragua durante la pandemia de covid-19, otras que defienden los derechos de las mujeres, niñez, pueblos originarios, educación básica y universidades, que impulsan el desarrollo económico y social en el país», agrega.
Pasos a tomar
Ante esta arremetida gubernamental, las tres organizaciones firmantes sostienen que entre los pasos a implementar están hacer una comunicación formal a GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) sobre instrumentalización de normativas financieras para el desmantelamiento de la libertad de asociación.
Asimismo harán una remisión del informe a organismos como la CIDH, Oacnudh, OEA, Redesca, Relatorías y EPU. También mantendrán una campaña permanente en redes sociales y medios de prensa.
Agregan que van a profundizar en la documentación sobre la cantidad de personas forzadas al desempleo por las agresiones del Estado, profundizar en el número de organizaciones confiscadas de facto «que aún no se han conocido públicamente», y conocer la cantidad de personas afectadas por la suspensión de proyectos de los que eran beneficiados.
Además, tener una estimación de la población estudiantil afectada por la confiscación de facto de seis universidades y realizar un mapeo de organizaciones a quienes se les han denegado sus constancias de cumplimiento.
