La Asamblea Nacional, controlada por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que dirige Daniel Ortega, concretó este martes 15 de febrero la cancelación de la personalidad jurídica del Movimiento María Elena Cuadra y cinco organizaciones no gubernamentales (ONG) más, a través de un Decreto Legislativo introducido hace cuatro días.
El Decreto de cancelación se aprobó en lo general y particular con 75 votos a favor, de un total de 91 diputados. Se abstuvieron 11 diputados y 5 no votaron.
Los 75 diputados corresponden a la bancada del FSLN. Los 11 que se abstuvieron son: 10 de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), más el diputado indígena del partido regional del Caribe Norte, Yatama, Brooklyn Rivera Bryan. Y los cinco que sea abstuvieron son de la Bancada Independiente Democrática (BID), conformada por diputados de los partidos ALN, PLI y Apre.
Las cancelaciones de ONG de este año solo han sido aprobadas con los votos de la bancada sandinista, quienes por ser mayoría pueden aprobar todas las leyes y decretos sin ningún problema. Mientras que el resto de diputados, en este tipo de iniciativas de cancelación de ONG, se han quedado presentes o se abstienen como en esta ocasión.
El Movimiento María Elena Cuadra, que tenía legalidad desde febrero de 1995, es una organización que promueve la participación de las mujeres trabajadoras y desempleadas en todas las esferas sociales, económicas y políticas. Su directora, Sandra Ramos, es una destacada crítica del régimen orteguista, así que la cancelación de esta ONG viene a ser otra acción de revancha de Ortega contra sus opositores y críticos.
Desde 2020, las oficinas del Movimiento María Elena Cuadra en Managua han sido asediadas por la Policía orteguista, que no permitía el ingreso de quienes trabajaban allí, hasta que tuvo que dejar de funcionar.
Lo mismo ocurre con PEN Internacional-Nicaragua, otra de las ONG canceladas hoy que encabezaba la escritora y poeta nicaragüense Gioconda Belli, quien es otra notable crítica del régimen orteguista.
En febrero de 2021, Belli anunció que cancelaba las operaciones de PEN en el país por considerar que la Ley de Agentes Extranjeros les impedía continuar desarrollando y cumpliendo con la misión independiente y libertaria que respalda la filosofía de los centros PEN en el mundo.
Precisamente la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros —llamada por los críticos Ley Putin por su similitud con una legislación aprobada por el presidente de Rusia, Vladímir Putin— exige a todas las personas y organizaciones que reciben financiamiento del exterior registrarse ante el Ministerio de Gobernación (Migob) como «agentes extranjeros» y rendir regularmente cuentas de sus actividades, lo que para los críticos es una forma de espionaje político.
Las otras ONG canceladas hoy son: Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh), cuyos miembros se exiliaron en agosto de 2018; Centro de Promoción de la Juventud e Infancia, Fundación para la Promoción de las Mujeres y la Niñez Blanca Araúz, y la Fundación Iberoamericana de las Culturas (Fibras).
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La exposición de motivos del Decreto de Cancelación argumenta que las seis organizaciones han incumplido sus obligaciones conforme las leyes que regulan a los organismos sin fines de lucro, según el reporte del Ministerio de Gobernación que es la entidad que notifica las supuestas violaciones de las ONG, entre estas: falta de transparencia de sus cuentas, no han reportado sus informes financieros conforme los períodos fiscales y desgloses detallados; juntas directivas acéfalas y que no han reportado donaciones previas procedentes del exterior, lo que ha obstaculizado el control y vigilancia por parte del Departamento de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro para la Regulación de Organismos sin Fines de Lucro.
Este mismo argumento es el que ha utilizado esa entidad para despojar de su personalidad jurídica a otras asociaciones y fundaciones.
Solo este año, el régimen orteguista, a través de la Asamblea Nacional, ha cancelado 25 fundaciones y asociaciones, muchas de estas vinculadas con universidades donde sus estudiantes participaron en las protestas civiles de 2018, que pusieron en crisis al gobierno de Daniel Ortega.
El año pasado cerró con 51 ONG canceladas, la mayoría de defensa de los derechos humanos, asociaciones médicas, entre otras.
Bienes podrían pasar a manos del Estado
La cancelación de la personalidad jurídica también significa que los bienes de esas organizaciones, si no se estableció previamente su destino ante una posible liquidación, pasarán a ser propiedad del Estado de conformidad con la ley de la materia.
La cancelación de ONG ha sido rechazada a nivel nacional e internacional. En 2018, cuando comenzaron las cancelaciones de organizaciones críticas al Gobierno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el secretario ejecutivo de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, externaron su preocupación por el cierre de las oficinas de organizaciones de defensa de derechos humanos y la persecución de su personal.
Tras la cancelación de ONG este martes, la Articulación de Movimientos Sociales expresó su solidaridad con el Movimiento María Elena Cuadra y las otras organizaciones, y repudiaron la acción del régimen orteguista.
Desde la AMS nos sumamos a la alerta y repudiamos los atropellos de la dictadura Ortega Murillo en contra de las organizaciones feministas y nos solidarizamos con el Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra y Fundeminu a quienes la Asamblea sandinista acaba de clausurar. https://t.co/5ITXSNOenX
— Articulación de Movimientos Sociales (@ArticulacionNic) February 15, 2022
