Organización que certificó a la UNAN indica que no se cumplió el debido proceso para inhabilitación de universidades en Nicaragua

Manifiesta que se enteró en días recientes de esa decisión, la cual critica porque, en su opinión, no se tomó en cuenta el debido proceso.

“La razón de la suspensión, de acuerdo con las autoridades legislativas de Nicaragua, fue: Hay muchas asociaciones y fundaciones que se cobijan bajo las siglas sin fines de lucro, pero lo que hacen en la práctica es lucrarse de las mismas asociaciones que por ley deben ser sin fines de lucro, violentando así la Ley 147, la ley que rige a las personas jurídicas sin fines de lucro”, comentó en su comunicado esa organización, que aglutina a más de 200 casas de estudios superiores de América Latina.

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Sin embargo, continuó: “Pensamos que en sociedades democráticas este tipo de decisiones deben acompañarse del debido proceso”.

“No se trata de negar el derecho del Estado a aplicar sanciones a las universidades que incumplen las normas que amparan su funcionamiento y que no prestan un servicio con la calidad requerida. Pero una decisión de gran impacto social, como esta, no puede imponerse legítimamente si no se justifica debidamente, si no se hacen conocer los análisis contables, jurídicos y otros requeridos, que prueben la validez de la determinación de prohibir el funcionamiento de las instituciones por violaciones a leyes a las que se comprometieron apegarse”, expresó.

En diciembre de 2021, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, con la complicidad de la Asamblea Nacional, inhabilitó a la Universidad Hispanoamericana (Uhispam). Su principal socio era un aliado del orteguismo, el empresario sandinista Leonardo Torres.

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Posteriormente, a inicios de este mes, le siguieron la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse), Universidad Pablo Freire (UPF), Universidad Popular de Nicaragua (Uponic) y Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (UNEH). El principal argumento, como refirió la Udual, fue que esas casas de estudios no cumplieron con entregar sus informes correspondientes al Ministerio de Gobernación, aunque algunas de las afectadas refirieron que sí lo hicieron, pero esa entidad no se los recibió.

“Llama la atención que, sin explicación proporcionada a la sociedad a este respecto, la autoridad legislativa vota, en bloque, la cancelación del permiso de funcionamiento de organizaciones ligadas a la educación. De permanecer este estado de cosas, es decir, el no respeto al debido proceso, estaríamos ante una violación de la autonomía universitaria que la Constitución de la República Nicaragua claramente les concede a las universidades en su artículo 125, en su párrafo primero y segundo, y que a la letra dice: Las universidades y centros de educación técnica superior gozan de autonomía académica, financiera, orgánica y administrativa”, señaló la Udual.

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¿Confiscación? «Este parece ser el caso…»

Esas universidades, luego pasaron a ser administradas por el Consejo Nacional de Universidades (CNU), con la participación en el caso de la Uhispam de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) y finalmente, la Asamblea Nacional les cambió el nombre.

La Upoli pasó a llamarse Universidad Nacional Politécnica (UPN), la Ucatse, que pertenecía a la Arquidiócesis de Estelí, pasó a ser la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda y la Universidad Paulo Freire, la Uponic, la Uhispam y la UNEH, resultaron aglutinadas en lo que llamaron Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés.

Dado que la cancelación de esas universidades se realiza en medio de la crisis sociopolítica que vive el país, uno de los rectores afectados, Adrián Meza, de la Universidad Paulo Freire, decidió exiliarse en Costa Rica, por seguridad.

“Más preocupante resulta que, además de la cancelación de los permisos de funcionamiento, no exista claridad acerca de lo que ocurrirá con los bienes de esas universidades. ¿Se trata también de una confiscación de bienes, a pesar de que el artículo (de la Constitución Política de Nicaragua) lo prohíbe? Este parece ser el caso, porque se han nombrado ya nuevas autoridades que suponemos operarán en las instalaciones de las universidades canceladas”, expresó la Udual.

Finalmente, en el comunicado, la Udual hizo un llamado a las autoridades de Nicaragua “a que rectifiquen su decisión y procedan adecuadamente, reconociendo la función social de las universidades y la autonomía que deben tener, dada su condición de espacios de apropiación y de desarrollo libre del conocimiento que requieren el bien común y la construcción de futuro de la sociedad”.

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En noviembre de 2021, el Consejo de Evaluación y Acreditación Internacional de la Udual certificó a la UNAN-Managua, un hecho celebrado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y repudiado por la Coordinadora Universitaria por la Justicia y la Democracia (CUDJ), conformada por jóvenes universitarios.

De acuerdo con la CUDJ, después de los acontecimientos de 2018, el recinto de la UNAN-Managua se encuentra controlado por el régimen y no se respeta en ninguna medida la libertad académica y de cátedra, la autonomía universitaria, ni los derechos humanos y de los estudiantes.

Además, Ramona Rodríguez, rectora de la UNAN-Managua y presidenta del CNU, es miembro del Consejo Directivo de Udual. Actualmente, se le puede ver en medios de comunicación oficialista dando declaraciones sobre las universidades que han sido afectadas y los planes de las nuevas universidades creadas por el régimen.