¡Muera la inteligencia! ¡Muera la independencia!

Esta pareciera la consigna que grita la dictadura a todo pulmón. Cabe advertir que el ¡muera la inteligencia!, atribuido al general español Millán Astray, es un mito. Pero en Nicaragua es realidad. Lo demuestran los hechos, siendo, entre los recientes, la ofensiva contra las universidades independientes.

La dictadura aspira a matar las universidades. No necesariamente cerrándolas, sino matándoles el alma. Lo logró con las estatales, y ahora quiere extender su implacable lobotomía (extirpación quirúrgica de parte del cerebro) a las privadas. Las llamadas universidades nacionales o públicas siguen atendiendo a millares de estudiantes y sus profesores impartiendo clases. Serán, quizás, centro de formación técnica, de transmisión de algunos conocimientos, pero ya no son universidades.

La esencia de la universidad, desde sus orígenes, es la búsqueda libre de la verdad en todos los campos de la vida humana. John Henry Newman, el gran intelectual inglés del siglo XIX, insistió en que la universidad está llamada a desarrollar los poderes generales de la mente; el juicio crítico, la capacidad de pensar. Una precondición imprescindible es la libertad. “El mismo nombre de la universidad”, dijo Newman, es inconsistente con restricciones de cualquier clase”.

La verdadera universidad requiere plena autonomía, la cual implica un cuerpo docente independiente, centrado en la búsqueda y ampliación de los conocimientos, en el debate de ideas, y en la búsqueda de verdades sin ninguna interferencia externa. Sus corolarios son la libertad de cátedra y el pluralismo de ideas o pensamientos.

Es natural, entonces, que este tipo de instituciones hayan sido siempre una espina incómoda para aquellos gobiernos afanados en imponer a todos su agenda política o mental. Porque la universidad fomenta el pensamiento crítico, incluso irreverente; cuestiona todo y tiene en su seno jóvenes que por naturaleza tienden a ser rebeldes o alérgicos a las imposiciones. De allí que tantos gobiernos autoritarios traten de aplastarlas o pervertir su contenido, como ocurrió en 1946, cuando Anastasio Somoza García cerró la Universidad Central de Nicaragua por haber sido foco, en 1944, de protestas contra sus afanes reeleccionistas.

Fue hasta la presidencia de su hijo Luis Somoza Debayle, que la universidad alcanzó su plena autonomía por decreto presidencial del 25 de marzo de 1958. Vino entonces su período de verdadera independencia académica y fiscal. La universidad se convirtió en un bastión de la crítica antisomocista sin que el gobierno interfiriera en sus operaciones. Incluso llegó a ser un bastión ideológico del FSLN y semillero de innumerables guerrilleros, ante la tolerancia del gobierno del tercer presidente de la dinastía, Anastasio Somoza Debayle.

Con el triunfo de la revolución sandinista en 1979 la universidad volvió a convertirse en una especie de aliada incondicional del poder. Más con el ascenso a la Presidencia de Violeta B. de Chamorro, en 1990, recobró su plena autonomía, forzando además al Gobierno a cederle el 6 por ciento del presupuesto general de la República. Desafortunadamente, fue a partir del ascenso de Ortega en 2007, que la universidad se fue sometiendo cada vez más al poder. Enterró su voz crítica, ahogó el debate y la pluralidad y ya, para finales de la década pasada, se expulsaba a catedráticos independientes y de prestigio, como el doctor Gabriel Álvarez, mientras sus turbas saboteaban las visitas de intelectuales disidentes, como Sergio Ramírez. La universidad, como tal, había muerto.

Quedaban sin embargo vivas universidades privadas e independientes. La reciente confiscación de un puño de ellas, violando la legalidad y la propia Constitución, es el signo ominoso de que la dictadura quiere seguir matando a las universidades; dejarlas, quizás, funcionando, pero sin libertad de cátedra o pensamiento y con docentes obligados a hincarse ante el machete del poder. Las que subsisten saben que están en capilla ardiente. La UCA, que recibió del Estado C$251.8 millones en 2018, como parte de su cuota del 6 por ciento, recibió ahora un millón. No sabemos qué vendrá después. Aunque sí lo que el Gobierno quiere: que no exista en Nicaragua ninguna casa de estudio, ONG, o institución alguna, que sea autónoma. La consigna es clara: muerte a la inteligencia y muerte a la independencia.

El autor, sociólogo y exministro de Educación, es autor del libro “Buscando la Tierra Prometida” (Historia de Nicaragua 1492-2019), de venta en librerías y en Amazon.

Opinión Daniel Ortega Nicaragua universidades archivo
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