Tras reprimir violentamente las protestas callejeras y posteriormente prohibirlas, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo criminalizó además el derecho a la libertad de expresión que ejercen las personas a través de las redes sociales, los espacios que los nicaragüenses encontraron para protestar y mostrar su rechazo a las acciones represivas.
En octubre de 2020, la Asamblea Nacional —controlada por el oficialismo— aprobó un combo de leyes represivas, entre ellas la Ley de Ciberdelitos, también conocida como «Ley Mordaza». Esta establece penas de uno hasta 10 años de cárcel para los ciudadanos que se les imputen los Ciberdelitos, entre estos las publicaciones en las plataformas digitales y en los medios de comunicación. Aunque al inicio causó temor en activistas y periodistas que utilizan estas plataformas para comunicar, no fue hasta en junio de 2021 que el orteguismo empezó a echar mano de la ley.
Los primeros amenazados bajo esta ley fueron periodistas a quienes la Fiscalía citó como parte de las investigaciones que realizaba en contra de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH). Los fiscales cuestionaron a los comunicadores sobre las fuentes de dónde obtenían la información y los amenazó bajo la existencia de la ley. Posteriormente médicos que mantenían a la población informada sobre la situación del coronavirus en el país fueron citados en la Dirección de Regulación Sanitaria y la Dirección de Asesoría Legal del Ministerio de Salud (Minsa) para ser cuestionados por las valoraciones técnicas que brindaban sobre la pandemia y les «recordaron» la existencia de la Ley de Ciberdelitos.
«Lo primero que genera es una sensación entre impotencia y miedo. Las redes se han convertido, principalmente para nosotros los jóvenes en nuestra principal trinchera donde resistir”, menciona un activista opositor que se mantiene activo en Twitter bajo un seudónimo, por el mismo miedo de ser incriminado por algún «ciberdelito».
Dos personas condenadas
La ley se aplicó por primera vez hasta este mes de enero. El pasado 13, Donald Alvarenga se convirtió en el primer ciudadano en ser condenado bajo la Ley de Ciberdelitos. Dentro de las pruebas presentadas en su contra están la creación de un grupo de WhatsApp llamado «Los Pingüinos» y la cuenta de Facebook del opositor. «En fecha diecinueve de mayo del año dos mil veintiuno, a las nueve y cincuenta minutos de la mañana, realizó nuevamente una publicación en este grupo denominado ‘Los Pingüinos’, en donde se apreciaba la imagen de un mortero, conocido como ‘trabuco’, que es lo mismo y se leía lo siguiente: ‘Si el pueblo no tiene paz, el gobierno hijueputa tampoco'», se lee en el acta.
El segundo ciudadano en ser condenado por esta ley fue Douglas Alfredo Cerros Lanzas. Algunas de las pruebas presentadas en el juicio de este opositor fueron unos supuestos mensajes que envió y recibió en grupos de WhatsApp, enlaces de noticias de medios de comunicación y supuestas publicaciones que realizó desde su cuenta de Facebook.
“Ha realizado actos de menoscabo con la soberanía, información tergiversada donde infundió temor a ir a votar”, aseveró el fiscal Luis Alberto Mena Gámez.
Aunque no fue bajo la Ley de Ciberdelitos que se arrestó y acusó al cronista deportivo Miguel Mendoza —quien permanece detenido el 21 de junio de 2021 en las instalaciones del Chipote— las pruebas que presentó la Fiscalía para demostrar el supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” fueron publicaciones que Mendoza había hecho en sus cuentas personales de Twitter y Facebook.
Una de las puebas fue: «Mediante la plataforma digital Twitter, el acusado Miguel Ángel Mendoza, re twitteó con la finalidad de incitar a la injerencia extranjera y apoyar las sanciones económicas, lo expresado por María Elvira Salazar quien es miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos”. Ni siquiera fue un mensaje que él mismo escribió, sino uno que compartió de una funcionaria estadounidense.
Así, diferentes opiniones del cronista fueron ocupadas como pruebas para el supuesto delito de conspiración. Su familia y abogado han dicho que Mendoza ejercía su libertad de expresión a través de las redes, no incitaba a cometer ningún delito.
«Este tipos de medidas reflejan un Estado cada vez limitando la participación ciudadana y que las personas sean creadoras de opinión, porque fervientemente se condena el pensamiento crítico u otro análisis que no sea vinculante con la narrativa estatal. Esto inflige miedo y angustia”, comenta otro activista que también prefiere mantenerse anónimo.
«No son delitos»
La Ley tiene por objeto “la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos por medio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en perjuicio de personas naturales o jurídicas, así como la protección integral de los sistemas que utilicen dichas tecnologías, su contenido y cualquiera de sus componentes”. Sin embargo especialistas han mencionado que no tiene ningún fundamento jurídico.
“Han creado leyes que pretenden tipificar delitos, que no son delitos que prácticamente son acciones de libertad de expresión, de comunicación. Lo que pasa es que toda actividad ciudadana está prácticamente criminalizada y tipificada como delito”, afirmó Vilma Nuñez, directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
“Ellos no han cometido esos delitos, por el contrario, las conductas que a ellos le han imputado como delictivas son conductas atípicas, es decir, que no están supuestas ni normadas hipotéticamente en la ley como delito. Ellos lo que simplemente han hecho es ejercer derecho para la libertad de la información a través de sus redes sociales, donde han expresado su opinión alrededor de la situación política y social que pasa el país”, señala el abogado Juan Diego Barberena.
Temor de ciberactivistas
«Hubo un tiempo en el que dejé de tuitear porque tenía miedo, tengo miedo. Esta gente (las autoridades), solo actúan y no te das cuenta cuando te van a hacer daño», expresa otro ciberactivista. Tuvo que crear una nueva cuenta de Twitter cuando iniciaron las detenciones de liderazgos opositores en mayo del año pasado porque empezó a recibir amenazas de personas afines al partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
«Desde que aprobaron la ley tuve cierto temor, pero lo hacía chiste con mis compañeros que por compartir una publicación o retuitear algo nos iban a llevar presos, porque parecía algo impensable. Pero el miedo sí se volvió real cuando me di cuenta de lo del periodista Miguel Mendoza», afirma.
Como su caso hay varios, ya que Mendoza era un activo usuario de Twitter. «Si bien sabemos que lo que colocamos en internet, aunque vos tratés de ir minimizando el riesgo de tu huella digital, siempre va a quedar ahí. Ahora tenemos otro problema, que es el seguimiento de forma muy sigilosa a tu actividad digital lo que te hace evaluar cómo vas a estar haciendo tu activismo de ahora en adelante debido al riesgo y al miedo constante», agregó otro opositor.
