Douglas Alfredo Cerros Lanzas, de 53 años, se convirtió el pasado jueves en la segunda persona en ser condenada por la Ley de Ciberdelitos en Nicaragua. En un maratónico juicio que inició a las 10:30 am y finalizó a las 9:30 pm el jueves 27 de enero, la jueza Verónica Fiallos Moncada declaró al ciudadano culpable de los delitos de “propagación de noticias falsas” y “menoscabo a la integridad nacional”.
Cerros fue detenido la noche del 6 de noviembre de 2021, un día antes de las votaciones en las que Daniel Ortega se reeligió para un cuarto mandato consecutivo. Lo detuvieron a una cuadra de su casa, cuando oficiales le dijeron que su camioneta había sido descrita por estar involucrada en un accidente de tránsito. Su familia asegura que él, como sabía que tal accidente no había pasado, se fue a la delegación de Ocotal para colaborar con las autoridades y desde entonces no salió.
Su hija, Mariela Alexandra Cerros Espinoza, es la actual Miss Mundo Nicaragua y asegura que su papá es inocente y espera que sea liberado al igual que el resto de presos políticos. “Mi papá no era ni un líder comunitario ni una persona que movía masas. Mi papá era un trabajador más”, dice la joven a LA PRENSA.
Las pruebas
La acusación contra Cerros Lanzas fue presentada por Byron Mauricio Maradiaga Rubio, quien en el documento del juicio aparece citado como testigo en calidad de Jefe de Auxilio Judicial de Ocotal. “Se recibió información donde el ciudadano andaba realizando menoscabo a la integridad nacional, diciendo a la gente que no votara, y otras actividades”, dijo Maradiaga durante el juicio, según consta en el acta a la que este Diario tuvo acceso.
El policía agregó en su testimonio que desde el 2018, el acusado “ha patrocinado tranques” y que “utilizaba la camioneta para trasladar alimentos”. La camioneta que conducía Cerros permanece en poder de las autoridades, según denunciaron sus hijas.
Al momento de la detención al ciudadano se le quitó su teléfono celular que luego fue “examinado”. En el juicio se mencionaron supuestos mensajes que envió y recibió Cerros, enlaces de noticias de medios de comunicación, supuestas publicaciones que hizo en su cuenta de Facebook, entre otros. Incluso un testigo protegido declaró que “a través de inteligencia de la Policía Nacional del departamento de Nueva Segovia, se obtuvo noticias que él (Cerros) había comprado spray para rayar las paredes” y “que se los iba a entregar a los vandálicos” en 2019.
“Planificaba a realizar pintas en contra de nuestro gobierno”, dijo el testigo protegido.
El fiscal Luis Alberto Mena Gámez dijo que el acusado “ha realizado actos de menoscabo con la soberanía, información tergiversada donde infundio temor a ir a votar” y además los señaló de haber “incitado a no vacunarse”. Sus hijas aseguran que toda la evidencia es falsa y que incluso su papá fue de los primeros en asistir a vacunarse contra el covid-19.
“Él tiene su opinión política diferente a lo que vivimos actualmente en Nicaragua, pero no es activista ni nada. Es bien querido aquí”, afirma Sidley Antonia Cerros Espinoza, su otra hija.
Al escuchar el fallo de culpabilidad, Cerros manifestó a la jueza: “Soy inocente, toda la prueba ha sido falsa, todo lo que dicen no lo he hecho, todo lo que están haciendo conmigo es injusto. Está condenando a un inocente (…) Le suplico que recapacite con un fallo de culpabilidad, tengo una madre que tiene noventa y cuatro años, a mi esposa le está haciendo un daño, estamos dañando a mi familia y a todos. Nunca he hablado mal, le sugiero que recapacite, lo que están haciendo conmigo es injusto”.
“Somos gente trabajadora, de respeto, inocente. Él es nuestro sustento, han destruido la economía de una familia”, agrega su hija Sidley.
Apoyan iniciativa que busca la libertad de todos los presos políticos
La joven Miss, que ha recibido por medio de redes sociales decenas de mensajes de apoyo por la situación que está atravesando su papá, afirma que su familia apoya la iniciativa de los parientes de presos políticos que piden la libertad y la anulación de todos los juicios políticos. “Exigimos la liberación de nuestro padre, una persona trabajadora y honesta”.
El primer opositor en ser condenado por la Ley de Ciberdelitos fue Donald Margarito Alvarenga Mendoza, a quien le impusieron 12 años de prisión en una «rectificación» que realizó la jueza Rosa Velia Baca Cardoza, titular del Juzgado Primero de Distrito Penal de Juicio de Chinandega.
La Ley Especial de Ciberdelitos fue aprobada en el año 2020, en un combo de leyes que han sido calificadas a nivel nacional e internacional, como leyes represivas. Actualmente el régimen tiene encarcelados a varios opositores que están siendo acusados con base en esta Ley.
También conocida como «Ley Mordaza», establece de uno hasta 10 años de cárcel para los ciudadanos que se les imputen los Ciberdelitos, entre estos las publicaciones en las plataformas digitales y en los medios de comunicación que para la dictadura amenacen la sostenibilidad del sistema totalitario.